Restauración - Reinado de Alfonso XII

Justo Fernández López


LA RESTAURACIÓN BORBÓNICA (1875)

EL REINADO DE ALFONSO XII (1875-1885)

 

Entre 1873 y 1874 se pone de manifiesto el fracaso del Sexenio Revolucionario (1868-1874). No se produjeron cambios en las estructuras socio-económicas del país.

La Dictadura del general Serrano del 1874 es un puente hacia la Restauración monárquica.

Factores del cambio de régimen:

El Partido Alfonsino, simbolizado por Antonio Cánovas del Castillo, defiende la propiedad privada y un liberalismo que debería encontrarse entre el moderantismo isabelino y la democracia del Sexenio Revolucionario.

Se funda el Partido Liberal-Conservador, unión entre los liberales y los moderados.

En el mundo de los negocios, la Restauración contará con el apoyo de la burguesía catalana, valenciana y colonial.

La República intentó marginar al ejército, pero se apoyó en él para hacer frente a los principales problemas: guerras y sublevaciones. El ejército se encuentra fortalecido e intervendrá en el golpe del general Pavía. El general Martínez Campos hará posible la Restauración borbónica.

Tras el pronunciamiento, se proclama la Constitución.

La Restauración intenta restaurar la ordenación socio-política existente antes de la República.

Da mandos militares a oficiales alfonsino: control militar.

Concede títulos a las grandes personalidades: control administrativo.

El ejercito debía salir de la vida política o se debía conseguir un predominio en la política del mundo civil sobre el militar, el ejercito debía cumplir su misión constitucional de defensa. Alfonso XII era un rey con formación militar, cabeza del ejercito.

Modifica el matrimonio civil y el Código Civil.

Acercamiento a la Iglesia.

Cánovas se presenta con talante conciliados y concede amnistía a los que participaron en el Sexenio Revolucionario. Aparta a los militares del poder y prefiere al rey como jefe del Ejército.

La Constitución del 2 de junio de 1876, fruto de la política de Cánovas del Castillo, es parecida a la de 1845, aunque más liberal: la soberanía popular pasa por una soberanía compartida. El título primero habla de los derechos del individuo, pero también de la necesidad de una legislación que los regule, que será siempre restrictiva. Trata de romper con los símbolos de la época isabelina. Crea tres órganos de Gobierno. el Rey, figura inviolable que comparte soberanía con las Cortes; las Cortes, bicamerales. Guarda relación con los modelos ingleses y franceses. El electorado es un elemento pasivo; las elecciones se fabrican antes de su celebración y  con unos resultados conocidos; el rey no atiende a la opinión de los electores para nombrar Gobierno: recibe un documento de disolución de las cámaras y otro de convocarlas. Se establece el bipartidismo: cuando el Gobierno no funciona el rey nombra jefe del Gobierno a un político de otro partido. Dos partidos se alternarán en el poder: el Partido Liberal de Sagasta y el Partido Conservador de Cánovas del Castillo.

El régimen parlamentario era una ficción y reinaba el caciquismo. La élite estaba formada por miembros del Gobierno y alguna personalidad del partido. Pertenecen a las clases medias, provenientes principalmente de la abogacía.

Presencia de dos generaciones:

Los que defraudados del Sexenio Revolucionario: idealismo krausista, doctrinario, moderantismo, impregnación estamental.

Las generaciones jóvenes que acceden al poder en 1875: escépticos, protagonistas de los años 90, quieren racionalizar la vida política con el positivismo filosófico.

Ambos grupos coinciden en defender el orden social establecido. El pueblo sigue en situación marginada, víctima de la desigualdad legal.

Participación social en la Restauración:

La nobleza tuvo un papel de homogeneizador de las élites.

El Ejército había mantenido un carácter liberal. En el Sexenio Revolucionario y en la Primera República se había querido prescindir de él, pero las guerras carlistas lo hicieron imprescindible. Es de carácter nobiliario y propició la Restauración borbónica.

La Iglesia tenía un compromiso con el régimen isabelino.

La burguesía quería estabilidad y seguridad. Estaba acostumbrada al pacto con los residuos estamentales, pero no a la continua y creciente inestabilidad popular.

En cuanto a las clases populares, la Primera República no logró satisfacer al campesinado ni a la clase trabajadora de la ciudad.

Alfonso XII de Borbón, llamado «el Pacificador» (1857-1885), fue rey de España entre 1874 y 1885. Hijo de la reina Isabel II y de su marido, Francisco de Asís de Borbón, su reinado dio inicio a la Restauración borbónica y concluyó con su muerte prematura a los 27 años, víctima de la tuberculosis. Fue sucedido en el trono por su hijo póstumo, Alfonso XIII, cuya minoría de edad estuvo encabezada por la regencia de su madre, la reina viuda, María Cristina de Austria.

El sistema de la Restauración se mantuvo estable gracias a la actitud del rey Alfonso XII que siempre se mantuvo dentro del marco constitucional.

FIN DE LA PRIMERA REPÚBLICA ESPAÑOLA 1873-1874

El ensayo de la Primera República española fracasó víctima de la incapacidad de los revolucionarios de formar un proyecto claro y consistente, y la tendencia cantonalista de las provincias. La faltaron apoyos parlamentarios y a la burguesía le falto unidad para conformar un proyecto político alternativo al proyecto idealista de la revolución del 68. El diseño de un Estado federal desmembró el país con el estallido cantonalista y los conflictos sociales. Salmerón llamó al ejército en su auxilio y Castelar dio un giro a la derecha para salvar lo poco que quedaba de la revolución democrática. Pero la burguesía conservadora, con sus proclamas apocalípticas de la descomposición de España, provocó que en enero de 1874 las tropas del general Pavía disolvieran a tiro limpio las Cortes y pusieron punto final al experimento republicano.

Al rechazar Castelar el ofrecimiento del general Pavía para presidir el gobierno, la presidencia del gobierno fue asumida por el líder del Partido Constitucional general Francisco Serrano, que instaura una “fase pretoriana republicana”. Durante su regencia, Serrano suspendió las garantías constitucionales y disolvió las Cortes, acabó con la insurrección cantonal, yuguló los movimientos obreros. Tras la derrota definitiva del cantón de Cartagena el 12 de enero de 1974, Serrano delegó el poder político para encargarse de dirigir la lucha contra las tropas carlistas en el norte de la Península.

La intención de Serrano era restablecer primero el orden y la normalidad y decidir después de forma consensuada sobre la forma del régimen para el país. Junto con el político conservador Antonio Canovas del Castillo, el general Serrano pretendía una restauración consensuada, pacífica y civil de la dinastía borbónica derrocada. Pero el impaciente general Martínez Campos se les adelantó en Sagunto el 29 de diciembre de 1874 con un pronunciamiento y la proclamación de Alfonso XII como rey de España. Alfonso XII contaba con el apoyo de un amplio sector de la burguesía conservadora liderada por Antonio Canovas del Castillo.

Canovas, antiguo moderado puritano que había redactado el Manifiesto del Manzanares contra los moderados autoritarios y ministro en los gobiernos de la Unión Liberal de Serrano, había ido aglutinando a los liberales monárquicos conservadores en torno a un Partido Alfonsino con el objetivo de restaurar la dinastía de los Borbones en la persona del príncipe Alfonso, hijo de Isabel II. Para los alfonsinos el hijo de Isabel II era el candidato ideal al trono de España: representaba la continuidad histórica de la Monarquía, era partidario del liberalismo moderado, era un joven preparado en las mejores academias militares de Europa y no había tenido ninguna implicación en la política del reinado de su madre.

LA RESTAURACIÓN 1876-1931

El término Restauración se utiliza en la historia de Inglaterra, Francia y España para hacer referencia al restablecimiento del régimen monárquico. En Inglaterra es aplicado a la llegada al trono de Carlos II, en 1660, tras la caída de la República y el Protectorado de Oliver Cromwell. En Francia, la primera Restauración hace referencia a la subida al trono de Luis XVIII, en 1814, tras la abdicación de Napoleón; la segunda Restauración se produjo con el restablecimiento del propio Luis, en 1815, tras la definitiva derrota del emperador Napoleón Bonaparte.

En la historia de España se denomina Restauración al período histórico que va de la reposición en el trono de la dinastía borbónica en la persona del hijo de Isabel II, Alfonso XII, en 1875, tras el destronamiento de su madre Isabel II por la revolución de 1868, que inicia el Sexenio Democrático (1868-1874), la experiencia de la dinastía Saboya en la persona de Amadeo I (1871-1873) y la Primera República (1873-1874).

El período de la Restauración en sentido estricto comprende el reinado de Alfonso XII (1874-1885) y la regencia de María Cristina de Habsburgo-Lorena (1885-1902). A partir de 1902, con la mayoría de edad de Alfonso XIII (1902-1930), se puede considerar el comienzo de un nuevo período, de carácter regeneracionista, truncado por la dictadura de Miguel Primo de Rivera (1923-1930), que desembocaría en 1931 en el comienzo de la Segunda República (1931-1936).

Por extensión, el periodo de la Restauración comprendería los reinados completos de Alfonso XII (1874-1885) y de Alfonso XIII (1902-1930), incluyendo los períodos de regencia de María Cristina (1885-1902) y la dictadura de Primo de Rivera (1923-1931). Así el periodo completo de la Restauración monárquica duraría de diciembre de 1874 (o enero de 1875) hasta el 14 de abril de 1931, fecha de proclamación de la Segunda República (1931-1936).

Durante la Restauración se consolidó en España el liberalismo y sus instituciones bajo la hegemonía de la burguesía conservadora. Un logro de la Restauración fue la pacificación de un país embarcado en numerosos conflictos y muy inestable políticamente. Acabó con la revuelta cantonalista, heredada de la I República. Neutralizó, por el momento, el movimiento separatista cubano con el pacto de Zanjón y puso fin a la última guerra carlista que pretendía vincular el altar y el trono.

«Mecida por el cansancio y la apatía, la recién nacida Restauración comunicaba sopor a una sociedad decidida a recuperar la tranquilidad, después de una racha de alboroto y subversión. Ya no hay más caprichos republicanos. Por fin, la burguesía conservadora y provinciana había conseguido crear un régimen a su imagen y semejanza.» [García de Cortázar 2004: 212]

Fue una época de bonanza económica conocida como la década de la “fiebre del oro”, fruto de la situación internacional. Mejoró la industria (es la época del desarrollo del ferrocarril), y en el campo se dieron buenas cosechas.

«Los veinticinco años que siguen del siglo XIX, a pesar de la guerra de Filipinas y Cuba, ocupan en la crónica de sucesos históricos apenas una páginas. Comparados con los lustros anteriores, resultan hasta aburridos. Que es lo que les hacía falta a los agotados españoles del pasado siglo para reconciliarse o, si eso en España resulta imposible, para empezar a tolerarse. Y para mirar a Europa que ha aprovechado esos años para estirarse increíblemente en su desarrollo industrial e intentar cerrar distancias.» [Díaz-Plaja 1973: 509]

CANOVAS DEL CASTILLO ARTÍFICE DE LA RESTAURACIÓN de 1875

Es español el que no puede ser otra cosa. (Cánovas)

El malagueño Antonio Cánovas del Castillo (1828-1897) sería el artífice del sistema político de la Restauración borbónica y máximo dirigente del Partido Conservador durante la Restauración. Fue una de las figuras más influyentes de la política española de la segunda mitad del siglo XIX. El «canovismo» implantó una democracia no revolucionaria y tradicional, siguiendo el modelo británico, sustentada en la monarquía y en la alternancia en el poder de dos partidos: el turno de partidos». Creía en el bipartidismo y en la alternancia del poder.

En 1854 redactó el «Manifiesto de Manzanares», que iniciaba la revolución de Leopoldo O’Donnell con su partido Unión Liberal, del que Canovas fue miembro. Fue ministro de Gobernación en 1864 y de Ultramar en 1865 durante el reinado de Isabel II antes la Primera República.

Durante el Sexenio Revolucionario o Democrático (1868-1874) y tras la abdicación de Isabel II, Canovas se había dedicado a preparar la vuelta de la dinastía borbónica en la persona del hijo de Isabel II, el príncipe Alfonso, futuro Alfonso XI. En 1874 tras el pronunciamiento en Sagunto del general Martínez Campos y la proclamación de Alfonso XII como rey de España, Canovas se encarga de idear el sistema de la Restauración, promocionando hábilmente a Alfonso de Borbón, hijo de Isabel II, para quien elaboró el Manifiesto de Sandhurst, que firmó el príncipe Alfonso el 1 de diciembre de 1874 y en el que se manifestaba la necesidad de restaurar la dinastía borbónica.

EL MANIFIESTO DE SANDHURST – 1 de diciembre de 1874

Alfonso XII estaba exiliado en Francia con su familia desde los 11 años tras el destronamiento de su madre por la revolución de 1868. Hizo estudios en París y Viena. Pero Canovas del Castillo quería que el futuro rey de España conociese un país liberal y constitucional como era Inglaterra, de cuyo sistema político Cánovas era un gran admirador. Siguiendo, pues, instrucciones de Cánovas, el príncipe Alfonso completó su formación en la Academia Militar británica de Sandhurst, desde donde dirigió el 1 de octubre de 1874 un manifiesto en el que proponía la política de conciliación que sería clave durante su reinado.

En el Manifiesto de Sandhurst, firmado por Alfonso el 1 de diciembre de 1874 y elaborado por Canovas del Castillo, se afirmaba que la monarquía hereditaria y representativa era ya el único sistema que inspiraba confianza a los españoles, tras los avatares de los últimos años. Y aducía las siguientes razones para una restauración de la dinastía borbónica:

El gobierno del general Serrano es ilegítimo ya que  tiene su origen en la disolución de las Cortes protagonizada por el general Pavía. Los españoles carecen de garantías constitucionales ya que no hay ninguna constitución vigente. Solo una monarquía constitucional y liberal puede garantizar la reapertura de las Cortes y el imperio de la ley sobre la dictadura militar y sobre el desorden revolucionario. El príncipe es el único representante de la dinastía que detenta todos los derechos históricos para ocupar el trono de España. Es un príncipe moderno y liberal convencido. Como español, es defensor del catolicismo. Es, pues, una opción moderada frente los extremistas, los revolucionarios internacionalistas y frente a los carlistas ultracatólicos.

El manifiesto terminaba con estas palabras del príncipe: “Sea la que quiera mi propia suerte ni dejaré de ser buen español ni, como todos mis antepasados, buen católico, ni, como hombre del siglo, verdaderamente liberal”.

El manifiesto se publicó el 27 de diciembre de 1874. El 29 de diciembre el general Martínez Campos, anticipándose a los acontecimientos, se pronuncia en Sagunto y proclama rey de España a Alfonso XII. El gobierno del general Serrano entregó inmediatamente el poder al partido alfonsino. Cánovas del Castillo asumió la dirección de un ministerio-regencia mientras llegaba el nuevo rey.

ALFONSO XII QUIERE SER UN REY CONSTITUCIONAL

Alfonso XII se declaró desde un principio (ya en el Manifiesto de Sandhurst) extremadamente liberal, no creyente, y con el objetivo de ser un rey verdaderamente constitucional. La primera llegada de los liberales al poder en 1881 fue por una decisión del rey y representó el primer ejemplo de un cambio pacífico entre los partidos. Después de seis años de un Gobierno conservador, el rey decidió cambiar de política. Más tarde, Cánovas establecería el turno pacífico de los partidos en el Gobierno como mecanismo para hacer salir a un Gobierno del poder y evitar el gobierno exclusivo de un solo partido.

En el primer encuentro con el rey, el liberal Sagasta quedó prendado de “la prontitud de ingenio, encanto de la palabra y condiciones atractivas del joven monarca”. Los políticos constitucionalistas destacaban su inteligencia, bondad y amabilidad, así como sus felices ocurrencias. Tenía un cierto carisma personal que atraía a todo el que trataba con él. Pronto mostró su independencia de carácter al asegurar que había dos cosas en las que nunca habría de ceder: suprimir la libertad religiosa y casarse contra su voluntad.

Sus ideas eran tan liberales que algunos temían que se acercara demasiado a los partidos revolucionarios, aunque las achacaban a su juventud. Pero sus ansias eran ser un rey verdaderamente constitucional y se interesó por la política constitucional en Inglaterra: la relación del rey y los ministros. Sabía que el rey era el responsable de los cambios políticos pues tenía facultad para provocarlos, por tanto la permanencia de un partido en el Gobierno significaba que tenía el apoyo real. Como no existían elecciones libres, el rey no podía esperar que las urnas castigaran los errores de las políticas de los Gobiernos, que no estaban sometidas a control parlamentario. Al rey le preocupaba la falta de moralidad en la vida política y el control que los Gobiernos ejercían sobre el proceso electoral.

PRERROGATIVA REGIA Y FORMACIÓN DE GOBIERNO

Alfonso XII quiso implantar en España el tipo de gobierno constitucional que él había conocido en Inglaterra. Pero sabía que los políticos de su entorno estaban más preocupados por sus intereses propios y por las intrigas para salvaguardarlos.

El problema de Cánovas del Castillo era cómo hacer salir del Gobierno al partido gobernante para impedir que se perpetuara en el poder. Cánovas quería conseguir un Gobierno parlamentario, pero sin que estuviera supeditado a una mayoría conseguida mediante elecciones libres y en el que el rey tuviera que nombrar al vencedor de las elecciones a gobernar. Cánovas ideaba un sistema contrario, en el que primero el rey llamaba a gobernar al jefe de un partido, que inmediatamente se hacía cargo del ministerio de Gobernación, desde el que disponía de los medios adecuados para buscar una mayoría adecuada. El jefe de Gobierno así nombrado se tenía que comprometer a dejar el poder para dejar el paso al otro partido constitucional (dinástico). Esto debería ser sancionado mediante un pacto político que Cánovas solo consiguió con el Pacto del Pardo en 1885, en vísperas de la muerte del rey Alfonso XII. El pacto fue firmado entre el líder del Partido Conservador, Cánovas del Castillo, y el líder del Partido Liberal, Práxedes Mateo Sagasta, con el propósito de proporcionar estabilidad al régimen, que consideraban amenazada por el entonces más que probable fallecimiento del monarca.

Los dos partidos estaban de acuerdo en que, en un régimen constitucional y parlamentario, los presidentes del Gobierno debían estar siempre dispuestos a dar salida Constitucional a los deseos del monarca en cuanto al nombramiento de los ministros. Siguiendo a los teóricos alemanes, se consideraba que los poderes regios eran la única garantía de las Monarquías.

Cánovas del Castillo quería encontrar el modo de controlar la prerrogativa regia estableciendo criterios fijos para evitar que las decisiones reales fueron fruto solo del capricho. Según Cánovas, para salvar la responsabilidad del monarca en los cambios de Gobierno, había que establecer algún criterio al que el rey debía atenerse para tomar su decisión. Cánovas veía el peligro de la responsabilidad moral e histórica que el monarca iría adquiriendo si se atenía a la pura teoría constitucional. Finalmente el Pacto del Pardo en 1885, entre los dos partidos, fue la solución definitiva para el régimen canovista.

Cánovas se inspiró en el Parlamentarismo británico, así como en los principios del Liberalismo Doctrinario que otorgaba al rey un poder relevante en el sistema político. Para Canovas la Monarquía era consustancial a la historia de España y debía ser la forma de Estado, el rey tendría un papel relevante en la vida política, y compartiría la soberanía y el Poder Legislativo con las Cortes. Podría vetar una ley, convocar, suspender y disolver el Parlamento, ejercer el Poder Ejecutivo, elegir al Jefe de Gobierno y desempeñar un papel moderador en el turno de partidos en el poder eligiendo al candidato pactado con antelación como Presidente del Gobierno. Los inspiradores del sistema eran conscientes de su artificialidad y de la escasa relación entre estas instituciones y la mayoría de la población del país que quedaba excluida de toda partición activa en el juego político.

EL IDEARIO CANOVISTA

Antonio Canovas del Castillo (1828-1897) diseñó una restauración monárquica apoyada por círculos mayoritarios y no por militares. Las ideas políticas de Canovas del Castillo las resumía él mismo con estas palabras:

«La política es el arte de aplicar en cada época de la historia aquella parte del ideal que las circunstancias hacen posible; nosotros venimos ante todo con la realidad; nosotros no hemos de hacer ni pretender todo lo que quisiéramos, sino todo lo que en este instante puede aplicarse sin peligro. [...] Es imposible que un país viva sin algunos principios, sin algunos fundamentos, sin algunos gérmenes que desenvuelvan su vida. [...] Llamad a esto como queráis; si no os gusta el nombre de Constitución interna, poned otro cualquiera; pero hay que reconocer de hecho que existe. [...] Invocando toda la historia de España, creí entonces, creo ahora, que, deshechas como estaban por movimientos de fuerza sucesivos todas nuestras Constituciones escritas, a la luz de la historia y a la luz de la realidad presente sólo quedaban intactos en España dos principios: el principio monárquico, el principio hereditario, profesado profundamente —a mi juicio— por la inmensa mayoría de los españoles, y, de otra parte, la institución secular de las Cortes.»

Los principios políticos de Cánovas se resumen en lo que él denominaba constitución interna del país, que comprendía las instituciones tradicionales que había que conservar y que quedaban fuera de toda discusión: la Corona y las Cortes.

Como admirador del sistema parlamentario inglés, por su estabilidad, Canovas proyectaba establecer un sistema bipartidista en el que los dos partidos de notables se turnasen en el ejercicio del poder mediante elecciones restringidas a los propietarios y los contribuyentes.

Así se elaboró una Constitución de carácter moderado, con un sistema bipartidista que se relevaría en el Gobierno. Esta Constitución no reconocía suficientemente la soberanía nacional y reconocía los derechos tradicionales de la Iglesia. Establecía la soberanía compartida, del Rey y las Cortes. Los partidos oficiales eran partidos de notables.

La Constitución no especifica el tipo de sufragio para elegir el Congreso. Posteriormente, bajo el gobierno del Partido Conservador de Canovas se aprobó la Ley Electoral de 1878 que establecía el  voto censitario, limitado a los mayores contribuyentes. Esta ley dejaba la participación ciudadana reducida a no más de un 5 % de la población. Hasta 1890 no se contempló el restablecimiento del sufragio universal masculino.

La Constitución de 1876 establecía el centralismo político-administrativo y abolía los fueros de las provincias vascas por una ley de julio de 1876: igualdad fiscal y prestación del servicio militar de todos los españoles, unidad de códigos e igualdad jurídica de todos los ciudadanos. Se reconocían de forma vaga ciertas libertades políticas: expresión, asociación, etc., que en la práctica fueron sometidas a leyes restrictivas.

El nuevo sistema, fundamentado en la Constitución de 1876, era en teoría una democracia parlamentaria. Defensor del bipartidismo, favoreció la formación de un Partido liberal que aceptara la legitimidad del sistema político y pactó con el dirigente del Partido Liberal Fusionista, Sagasta el turno político obligatorio, mediante el Pacto del Pardo en 1885.

Sagasta aparecía como más liberal y avanzado que Canovas, así bajo su gobierno se introdujo el sufragio universal, se ampliaron las libertades de asociación y de expresión, se atendió a los problemas sociales con la Comisión de Reformas Sociales.

Pero el régimen tenía un punto débil: el falseamiento electoral, pues los candidatos eran designados desde el Ministerio de Gobernación y salían elegidos como diputados por el distrito correspondiente gracias al control social que ejercían los caciques y los hombres influyentes del partido de la zona.

«¿Qué es la Restauración, señores? Según Cánovas, la continuación de la historia de España. ¡Mal año para la historia de España si legítimamente valiera la Restauración como su secuencia! Afortunadamente, es todo lo contrario. La Restauración significa la detención de la vida nacional. No había habido en los españoles, durante los primeros cincuenta años del siglo XIX, complejidad, reflexión, plenitud de intelecto, pero había habido coraje, esfuerzo, dinamismo. Riego y Narváez, por ejemplo, son, como pensadores, ¡la verdad!, un par de desventuras; pero son como seres vivos dos altas llamaradas de esfuerzo.

Hacia el año 1854 –que es donde en lo soterraño se inicia la Restauración– comienzan a apagarse sobre este haz triste de España los esplendores de ese incendio de energías; la vida española se repliega sobre sí misma, se hace hueco de sí misma. Este vivir en el hueco de la propia vida fue la Restauración. [...]

La Restauración, señores, fue un panorama de fantasmas, y Cánovas el gran empresario de la fantasmagoría. “No llamé Restauración a la contrarrevolución –dice Cánovas–, sino conciliación”. “No haya vencedores ni vencidos. ¿No son sospechosas, no os suenan como propósitos turbios estas palabras? Esta premeditada renuncia a la lucha, ¿se ha realizado alguna vez y en alguna parte en otra forma que no sea la complicidad y el amigable reparto? “Orden”, “orden público”, “paz”..., es la única voz que se escucha de un cabo a otro de la Restauración. Y para que no se altere el orden público se renuncia a atacar ninguno de los problemas vitales de España, porque, naturalmente, si se ataca un problema visceral, la raza, si no está muerta del todo, responde dando embestida, levantando sus dos brazos, su derecha y su izquierda, en fuerte contienda saludable.

Y para que sea imposible hasta el intento de atacarlos, el partido conservador, y Cánovas haciendo de buen Dios, construye, fabrica un partido liberal domesticado, una especie de buen diablo o de pobre diablo, con que se complete este cuadro paradisíaco. [...] Para que puedan vivir tranquilamente estas estructuras convencionales es forzoso que todo lo que haya en torno de ellas se vuelva convención; en el momento en que introduzcáis un germen de vida, la convención explota.

Y aquí tenéis que Cánovas solo en una cosa aprieta –ya es esto para ponernos en guardia–, una cosa que va a servir como de suprema convención, encargada de dar seguridad a todas las demás. Esta cosa es la lealtad monárquica. Se hace del monarquismo un dogma sobrenatural indiscutible, rígido. Y eso, eso es lo único que antepone Cánovas al orden público y que identifica con España. Sus palabras fueron: “Sobre la paz está la Monarquía”. Esta frase produjo el efecto de convertir a su vez en dogma rígido, esquemático, inflexible, ineficaz, extranacional, a la idea republicana. La frase de Cánovas fue al punto contestada por la extrema izquierda de este modo: “Para nosotros, sobre la paz está la República”. Y he aquí dos esquemas simplistas. Monarquía y República, puestos sobre todas las cosas nacionales.» [José Ortega y Gasset: “Vieja y nueva política” (1914), en Obras Completas. Madrid: Revista de Occidente, 1963, t. I, p. 280-282]

LA CONSTITUCIÓN DE 1876

Cuando a Cánovas del Castillo le pidieron que definiese la nacionalidad con vistas a una nueva Constitución, dijo aquello de que «son españoles los que no pueden ser otra cosa.»

La intención de Cánovas era elaborar una Constitución que permitiera la alternancia política de los partidos constitucionalistas, sin que hubiese que cambiar la Constitución cada vez que un nuevo partido tomada las riendas del gobierno. Para ello había que diseñar un sistema en el que tuvieran cabida la mayor parte de las tendencias ideológicas de los grupos políticos.

La Constitución de 1876, heredera en lo fundamental de la moderada de 1845, recoge el pensamiento conservador de Canovas del Castillo, pero fue planteada de forma flexible para dar cabida a todo el espectro liberal constitucionalista. Se trataba de un texto bastante ecléctico, en el que se habían tratado de conjugar elementos cercanos a la tradición doctrinaria, junto con otros cercanos a los más liberales del sexenio. Su flexibilidad al dejar huecos abiertos a lo que determinase la ley el sistema de sufragio, así como muchos derechos individuales, facilitaron no sólo su aprobación, sino también su permanencia en el tiempo.

El objetivo de Cánovas era guardar las formas y dar apariencia de legalidad al movimiento restaurador. Convocó las elecciones a las Cortes para legitimar la Constitución por el sistema de sufragio universal de acuerdo con la ley electoral del Sexenio revolucionario (1868-1874), aún formalmente vigente.

El texto de la Constitución reservaba al Rey la potestad, compartida con las Cortes, de legislar; sancionar y promulgar las leyes; hacerlas ejecutar; la designación de ministros y el nombramiento de funcionarios, así como todas las otras funciones tradicionalmente atribuidas a la figura regia, entre las que cabría destacar el mando supremo de las fuerzas armadas.

Las Cortes eran bicamerales: El Senado estaba integrado por senadores pertenecientes a tres categorías: los que ocupaban el puesto de forma vitalicia y que eran designados por el rey de entre ciertas categorías de ciudadanos; los senadores por derecho propio, por razón de sangre o de jerarquía, y, en tercer lugar, los elegidos por los ciudadanos, que eran el 50 % del total. Para el Congreso, el texto constitucional no especificaba ni el procedimiento de elección ni la composición del censo. Los distintos gobiernos asumirían la responsabilidad de ampliar o restringir estas importantísimas variables.

En cuanto al Gobierno, quedaba clara la figura del ministro responsable, con responsabilidad ante las Cortes y no ante la Corona. El artículo relativo a la religión católica y a la libertad religiosa suscitó los más duros debates. Su redacción final proclamaba la religión católica como la oficial del Estado, aunque concedía una cierta libertad religiosa: nadie sería molestado por sus opiniones religiosas ni por el ejercicio de su culto, aunque solo podría haber manifestaciones públicas de la religión del Estado, que era la católica.

Se reconocían teóricamente los derechos y libertades de los ciudadanos, que en la práctica  fueron limitados o aplazados durante los gobiernos de Cánovas. Se ponía freno a las aspiraciones regionalistas reduciendo los fueros vascos y navarros y aceptando solamente conciertos económicos especiales.

Era una Constitución moderada, conforme a los intereses de la oligarquía conservadora y basado en el turno de partidos entre dos grandes partidos de notables.

La Constitución fue aprobada por las dos Cámaras, sancionada por el Rey y publicada en la Gaceta de Madrid del 2 de julio de 1786. Fue la más sólida al mantenerse en vigor hasta la dictadura del general Primo de Rivera en 1923. Teóricamente duró hasta la llegada de la Segunda República (1931), aunque en la práctica, se convirtió en ‘letra muerta’ con la dictadura de Primo de Rivera (1923-1930). Un sinfín de calculados silencios hacían de la ambigüedad la clave de su dilatada vigencia.

FUNDAMENTOS SOCIALES DEL RÉGIMEN CANOVISTA

El mayor apoyo del régimen canovista eran las clases más conservadoras de la sociedad, una burguesía compuesta de: latifundistas, burguesía harinera castellana, burguesía industrial catalana y sectores de la gran burguesía industrial y financiera vasca. El poder financiera estaba los constituía un triángulo formado por cerealistas castellanos, ferreteros vascos y empresarios catalanes de la industria textil.

En el fondo existía una España dual, en la que convivían dos mundos muy diferenciados: un inmenso interior agrario con formas de vida y subsistencia muy atrasadas, con un analfabetismo superior al 75 % y niveles de renta rayanos en la miseria; y unas pocas zonas industrializadas más modernas, ubicadas en la periferia, con la excepción de Madrid. Las comarcas del interior vivían prácticamente aisladas de las zonas industriales de la periferia.

En el medio rural coexistían varios grupos sociales: una pudiente oligarquía agraria (las dos Castillas, Extremadura y Andalucía); clases medias bajas (medianos propietarios, arrendatarios y aparceros); un proletariado rural sin tierra, jornaleros o braceros con bajos salarios y pequeños propietarios empobrecidos, lo que llevaba a periódicos estallidos sociales, duramente reprimidos por las autoridades.

El desarrollo minero e industrial propició la aparición de una sociedad más modernizada en determinadas zonas del país. En el País Vasco prospera la industria siderúrgica y la banca. En Cataluña la industria textil del algodón representaba el 90 % de la oferta industrial española. La burguesía catalana gozaba del proteccionismo del gobierno que le permitió prosperar sin tener que hacer frente a la competencia exterior.

En las ciudades había una heterogénea clase media: algunos defensores de las ideas democráticas y republicanas junto a una masa apolítica, reacia a cualquier cambio, fuertemente influenciada por la Iglesia y apegada a los hábitos tradicionales. La clase trabajadora estaba compuesta por artesanos y un número creciente de obreros venidos de las regiones pobres y que comenzaban a organizarse política y sindicalmente para reivindicar mejores condiciones laborales.

La Restauración contaba con el apoyo incondicional de la Iglesia y el Ejército. El bloque de poder lo formaba una oligarquía burguesa que formaba el triángulo de los siderúrgicos vascos, los empresarios textiles catalanes y los cerealistas castellanos.

Los llamados ‘años bobos’ de la nueva clase burguesa marcaron la sociedad del fin de siglo: creación de nuevos escenarios, como teatros, casinos o ateneos; apertura de calles, transporte, uso de la electricidad y otra serie de servicios. La burguesía conseguía incluso títulos nobiliarios.

A su lado, se fue desarrollando en las zonas más industrializadas (Cataluña o Madrid), un proletariado obrero cada vez más numeroso, que se fue organizando en movimientos reivindicativos: el anarquismo, que ilegalizado, recurría a la violencia; el socialismo representado por Pablo Iglesias, uno de los fundadores del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en 1879 y de la Unión General de Trabajadores (UGT), organizaciones de las que fue máximo representante.

EL TURNISMO DE LOS PARTIDOS “DINÁSTICOS”

En la Restauración se turnaban en el gobierno dos partidos, a imitación del sistema parlamentario inglés: el Conservador (Canovas del Castillo) y el Liberal (Sagasta). Con el Pacto de El Pardo en 1885 los líderes del partido Conservador y el Liberal acordaron turnarse en el poder para consolidar la monarquía tras la muerte de Alfonso XII (1885). El pacto sirvió para anular los esfuerzos de los republicanos y evitó la consiguiente reacción de un levantamiento carlista. Este pacto consolidó también una relativa alternancia en el poder entre los dos partidos dinásticos. El pacto de no agresión entre liberales y conservadores durará hasta 1888.

Junto a los dos partidos que se turnaban en el poder, se encontraban, por la derecha, el carlismo, y, por la izquierda, los diversos grupos republicanos, el socialismo (el Partido Socialista Obrero Español, PSOE, y la Unión General de Trabajadores, UGT) y el anarquismo.

Se establece el bipartidismo y el turno de partidos, válido para los antiguos Moderados, Unionistas, Progresistas y Demócratas con la condición de que aceptaran la Monarquía borbónica y la alternancia en el poder, por lo que se denominaron partidos “dinásticos”. De estos partidos surgen los Liberales (antiguos Progresistas) y los Conservadores (antiguos Moderados). Ambos partidos llegaron a un acuerdo para repartirse el gobierno, al margen de los electores, alternándose en el poder. Los dos partidos de turno ocupaban el centro político.

El Partido Conservador y el Partido Liberal, llamados partidos dinásticos porque aceptaban la Monarquía borbónica y la alternancia en el poder, coincidían ideológicamente en lo fundamental, pero asumían de forma consensuada dos papeles complementarios: eran partidos de minorías, de élites y estaban formados por la burguesía y por las clases medias acomodadas. Si bien su extracción social era similar, entre los Conservadores predominaban los terratenientes y entre los Liberales los profesionales liberales (médicos, periodistas, jueces, abogados). Los dos contaban con periódicos, centros y comités por todo el territorios nacional. Ambos partidos defendían la Monarquía Constitucional, la Constitución de 1876, la propiedad privada y el sistema de economía capitalista. Los dos tenían como objetivo la consolidación del Estado liberal unitario y centralista, aunque con diferencias:

 

El Partido Liberal Conservador, creado por Antonio Canovas del Castillo durante el Sexenio entre los partidarios de los Borbones en la persona de Alfonso (hijo de Isabel II), estaba formado por moderados y unionistas y aglutinaba los sectores más conservadores y tradicionales de la sociedad: las clases dirigentes son los terratenientes, financieros, la burguesía industrial y comercial, la jerarquías de la Iglesia y del Ejercito, así como de la Administración. Su base social la constituían la aristocracia madrileña y rural, los terratenientes y las clases medias. Los Conservadores defendían el inmovilismo político, y eran reacios a los cambios sociales, el sufragio censitario, a la Iglesia y el orden social. Recortaron las libertades individuales estableciendo la censura previa de prensa y restringiendo la libertad de cátedra. Este partido aglutinaba a personajes procedentes de los viejos partidos unionista y moderado y venía a sustituir al agotado Partido Moderado; era heredero del moderantismo.

 

El Partido Liberal, creado en 1881 por Práxedes Mateo Sagasta, a la izquierda del Conservador, estaba formado por antiguos progresistas, constitucionalistas, unionistas, algunos exrepublicanos moderados y algunos militares. Su base social eran los medios comerciantes e industriales con un pensamiento social más avanzado, la burguesía industrial y las clases medias urbanas. Estaba formado por un grupo heterogéneo. Este partido sería el heredero de los ideales de 1869 adaptados a los límites del sistema canovista. A él se unirían progresistas y demócratas del Sexenio. Sagasta a menudo hablaba como un progresista radical, pero actuaba de una manera moderada y pragmática.

En el sistema bipartidista de la Restauración, los fraudes electorales periódicos, apoyados en el caciquismo hacían posible la alternancia en el poder, como medio de disipar tensiones. Así Cánovas accedió siete veces al cargo de Presidente del Consejo de Ministros de España con Alfonso XII.

El turnismo se regía por la máxima: hoy por ti, mañana por mí.   

«La técnica de la tortilla española fue creada en mala hora, hace más de un siglo, por Cánovas del Castillo: Cuando llego al poder, ceso a los tuyos, pongo a los míos, deshago todo lo que has hecho, y trágala, trágala... Luego, cuando vuelvas tú, pues haces lo mismo, trago yo, y tan amigos. Al fin y al cabo, la Transición no hizo otra cosa que rematar la Restauración borbónica que representó el franquismo.» [Almudena Grandes: “Rencor”, en El País – 30 de enero de 2012]

Era un sistema oligárquico servido en vajilla democrática; los partidos obreros quedaron fuera del juego democrático. La extrema derecha, representada por el carlismo, quedó liquidada en 1876, tras las ofensivas del general Martínez Campos y la ocupación de Vizcaya y Guipúzcoa.

El ejercicio pacífico de la alternancia en el poder de las distintas fuerzas políticas era la garantía de que los militares no se vieran tentados a recurrir como había ocurrido hasta entonces al pronunciamiento. Pero este pacto de alternancia en el poder imposibilitaba prácticamente cualquier intento de organizar un tercer partido. Sin embargo, fue un puro artificio político, destinado a mantener apartados del poder a las fuerzas que quedaban fuera del estrecho sistema diseñado por Cánovas: las fuerzas de izquierda, el movimiento obrero, los regionalismos y nacionalismos.

El turno en el poder no era la expresión de la voluntad de los electores, sino que los dirigentes de los partidos, era un fraude electoral. El Rey nombraba un nuevo Jefe de Gobierno y le otorga el decreto de disolución de Cortes. Entonces el nuevo gobierno convocaba unas elecciones, fabricaba los resultados mediante la asignación previa de escaños, dejando un número suficiente a la oposición.

Partido Conservador de Cánovas del castillo

El Partido Conservador fue fundado por Antonio Cánovas del Castillo en el contexto de la revolución de 1868 y se disolvió en 1923 con el comienzo de la dictadura del general Primo de Rivera, después de haber constituido desde 1875 un eje fundamental del ejercicio del poder. Fue uno de los dos partidos llamados “dinásticos” más importantes del periodo de Restauración. Eran dinásticos porque defendía la monarquía como base del sistema político.

Durante el Sexenio Democrático (1868-1874), y de la mano de Cánovas del Castill, el Partido Conservador recogió la herencia política del Partido Moderado del reinado de Isabel II, aglutinó a muchos de los liberales que rechazaban tanto el revolucionarismo como el republicanismo, y contactó con las jerarquías eclesiásticas y con los católicos no carlistas para terminar de configurar una organización partidaria de la restauración de la Casa de Borbón dentro de un marco constitucional. Cánovas y su partido lograron que Isabel II abdicara en favor de su hijo Alfonso XII. 

El 31 de diciembre de 1874, Cánovas del Castillo presidió el primer gobierno de Alfonso XII, primero de la Restauración. Durante ocho de los diez años del reinado de Alfonso XII (1875-1885), los conservadores ocuparon el poder y diseñaron el sistema político reflejado en la Constitución de 1876, en el que el monarca ejercía la función de árbitro.

El Partido Conservador logró integrar a los restos de la Unión Liberal y a los moderados históricos del tiempo del reinado de Isabel II, convirtiéndose así en uno de los puntales de la Restauración, junto al Partido Liberal de Práxedes Mateo Sagasta. Al morir Alfonso XII en 1885, los dos partidos dinásticos firmaron el Pacto de El Parto que aseguraba el turno pacífico y la alternancia den el poder de los dos únicos partidos dinásticos.

Durante la regencia de María Cristina de Habsburgo-Lorena, el Partido Conservador sufrió una serie de crisis internas, especialmente a partir de la dimisión como ministro de Gobernación de Francisco Silvela, en 1891. El asesinato de Cánovas en agosto de 1897, supuso el inevitable inicio de una nueva etapa con la jefatura del regeneracionista Silvela.

En 1903 se produjo otro relevo en la dirección del Partido Conservador: Antonio Maura sustituyó a Silvela y promovió su ‘revolución desde arriba’, hasta caer tras la Semana Trágica de 1909 y dimitir en la jefatura del partido en 1913. El partido sufrió una escisión profunda entre los seguidores de Eduardo Dato y los mauristas ultraconservadores, liderados por Antonio Maura. En el partido se acentuó el conservadurismo como reacción a los conflictos sociales, económicos y políticos generados por la Primera Guerra Mundial (1814-1818), la Revolución Rusa (1917) y la guerra de Marruecos.

En 1921, Dato fue asesinado y el conservadurismo organizado quedó sumido en una delicada situación, agravada con la llegada de la dictadura de Miguel Primo de Rivera en 1923, momento a partir del cual el partido no se rehizo como tal, aunque muchos de sus miembros colaboraran con la dictadura durante sus siete años de gobierno al margen de la Constitución de 1876. El final de la dictadura (1930), supuso la liquidación de un partido que había iniciado su ocaso con el apoyo a la dictadura.

Destacada figura del Partido Conservador fue también el general Arsenio Martínez Campos, que a finales de 1874 se había pronunciado a favor de la instauración de la Restauración en la persona de Alfonso XII.

EL LIBERAL Práxedes Mariano Mateo-Sagasta

Práxedes Mariano Mateo-Sagasta y Escolar (1825-1903) fue miembro del Partido Liberal, de matiz progresista y presidente del Consejo de Ministros entre 1870 y 1902. Fue famoso por sus dotes retóricas. A partir de 1865 colabora en actividades revolucionarias con el general Prim en 1866, participa en la Sublevación del Cuartel de San Gil, motín organizado con el objetivo de destronar a la reina Isabel II. Por su participación en la citada revuelta fue detenido, juzgado y condenado a muerte, pero logra huir y exiliarse en Francia.

Durante el Sexenio Democrático (1868-1874) regresa a España es nombrado ministro de Gobernación en el gobierno provisional presidido por el general Serrano. Es miembro del Partido Constitucional, formado tras la muerte de Prim. En 1871, durante el reinado de Amadeo de Saboya, es nombrado presidente del Consejo de Ministros. Presidió el Consejo de Ministros por segunda vez desde septiembre de 1874 hasta el final de ese año, durante el gobierno del general Serrano. En todo este periodo fue el jefe del Partido Constitucional, la escisión del progresismo amparada por él.

Tras la restauración de los Borbones en 1874, Sagasta funda en 1880 el Partido Liberal, que junto al Partido Conservador de Cánovas del Castillo constituiría el sistema bipartidista con alternancia en el gobierno que caracterizaría a la Restauración española durante el tramo final del siglo XIX y la primera parte del siglo XX. Durante este periodo, Sagasta presidió el gobierno en cinco ocasiones. El 24 de noviembre de 1885, como líder del Partido Liberal, firmó con Cánovas del Castillo, jefe del partido Conservador, el Pacto de El Pardo para turnarse en el poder.

Sagasta presidió el gobierno durante el conflicto hispano-estadounidense de 1898, que supuso la pérdida de las últimas colonias españolas de ultramar: Cuba, Puerto Rico, Filipinas y Guam. Tuvo que asumir la responsabilidad del desastre colonial, lo que no impidió que le fuera nuevamente confiado el gobierno de la monarquía en 1901–1902.

EL Partido Liberal de Sagasta

El Partido Liberal fue creado a partir de 1880 por Práxedes Mateo Sagasta y llegó a su fin en 1923, después de haber sido protagonista del bipartidismo de la Restauración, junto con el otro partido dinástico, el Partido Conservador de Antonio Cánovas del Castillo. Sagasta aglutinó en este partido las corrientes políticas liberales no republicanas, procedentes del Sexenio Democrático (1868-1874) y herederas del Partido Progresista, en el Partido Fusionista, también conocido como Partido Liberal Fusionista y más tarde únicamente como Partido Liberal.

Los fundamentos ideológicos se basaban en la intención de crear un Estado liberal de derecho, que disfrutara de libertad de asociación religiosa, con un sistema electoral basado en el sufragio universal, con la garantía de independencia del poder judicial y orientado a mejorar los servicios sociales y la educación. Durante su primera etapa en el poder (febrero de 1881 a enero de 1884), se asentaron las bases de la reforma legislativa que se pondría en práctica a lo largo de su segundo mandato (noviembre de 1885 a julio de 1890). Durante esta nueva presidencia gubernamental de Sagasta, el Partido Liberal logró establecer el sufragio universal masculino (el femenino tendría que esperar a la Segunda República) y la libertad de asociación, pensamiento, reunión y expresión.

En noviembre de 1885, durante la enfermedad del rey Alfonso XII, la alternancia en el poder de los dos partidos dinásticos (turnismo) quedó refrendado con la firma del denominado Pacto de El Pardo en el que los dos partidos dinásticos se comprometían a turnarse en el poder. Es turnismo función apoyado en las redes caciquiles o clientelares que los partidos dinásticos poseían en todas las provincias.

El siguiente turno de gobierno liberal (diciembre de 1892 a marzo de 1895), durante la regencia de María Cristina de Habsburgo-Lorena, fortaleció la cohesión interna del partido, e incorporó a sus filas a figuras políticas no conservadores, como la del expresidente de la Primera República (1873-1874), el gran orador Emilio Castelar, político influido por el movimiento intelectual del krausismo y que militaba dentro de un republicanismo moderado y demócrata próximo al liberalismo individualista.

Los liberales, siempre encabezados por Sagasta, accedieron al poder nuevamente en octubre de 1897, pero tuvieron que abandonarlo en marzo de 1899 debido a los graves problemas coloniales, militares y sociales tras el desastre colonial de 1898. Pero precisamente en 1898, el año que marcó una inflexión en la política nacional, tuvo lugar una grave escisión en el seno del Partido Liberal de una grupo liderado por Germán Gamazo. Al morir Gamazo tres años más tarde, dicho grupo pasó a integrarse en el Partido Conservador de Antonio Maura.

A principios de 1903, año en el que se declara la mayoría de edad de Alfonso XII, muere el liberal Sagasta y los enfrentamientos y divisiones en el seno del partido impidieron un acuerdo sobre quién le debería suceder: Eugenio Montero Ríos o Segismundo Moret.

José Canalejas y Méndez, que se había iniciado en el Partido Progresista Democrático de Manuel Ruiz Zorrilla, durante la regencia de la viuda de Alfonso XII, María Cristina de Habsburgo-Lorena, se acercó al Partido Liberal y desempeñó el cargo de ministro en dos gobiernos presididos por Sagasta. Dos años más tarde comenzó a separarse de la dirección del Partido Liberal y a formular su propio programa político, calificado como regeneracionista. Fue presidente del gobierno (1910-1912), intentó acabar con el caciquismo y, desde las filas del Partido Liberal, participó del ideario del regeneracionismo. Entre marzo y mayo de 1902, volvió a ser ministro a las órdenes de Sagasta, en el último gobierno de la regencia de María Cristina y primero del reinado efectivo de Alfonso XIII. Presidente del Congreso de los Diputados en 1906, tras liderar una de las disidencias liberales pasó, un año más tarde, a ejercer la jefatura de un partido sumamente dividido entre sus seguidores y los de Segismundo Moret.

Los sucesos de la Semana Trágica de 1909, que acabaron por provocar la caída del conservador Antonio Maura, facilitaron el retorno del Partido Liberal a la presidencia del gobierno. Canalejas sustituyó en ella a Moret el 9 de febrero de 1910, y ejerció la presidencia hasta marzo de 1912. Durante su jefatura gubernamental, planteó la cuestión religiosa, en la conocida popularmente como ‘Ley del Candado’ de 1910, conflictiva norma que delimitaba de forma rigurosa las áreas de influencia de la Iglesia y el Estado. En el orden social, impulsó medidas de regulación laboral y, en 1911, eliminó determinados impuestos, así como decretó la obligatoriedad del servicio militar. Canalejas intervino en la guerra de Marruecos, ordenando el comienzo de la negociación de los tratados que darían lugar a la creación del Protectorado de Marruecos. En julio de 1912 consiguió que el Congreso de los Diputados aprobara su proyecto de mancomunidades (agrupaciones de provincias o municipios), acordado en colaboración con Enric Prat de la Riba. Poco después de hacer frente a una huelga de los obreros ferroviarios, el 12 de noviembre de 1912 murió en Madrid, asesinado en plena calle de un disparo por un anarquista Manuel.

El asesinato en 1912 del presidente del gobierno y jefe de los liberales desde cinco años antes, José Canalejas, acentuó la lucha por la hegemonía dentro del Partido Liberal entre Álvaro de Figueroa y Torres, conde de Romanones, Manuel García Prieto y Santiago Alba. Tras la crisis de 1917 se aceleró la disgregación del partido, desapareciendo éste definitivamente con la llegada en 1923 de la dictadura del general Miguel Primo de Rivera, que vino a sustituir definitivamente al sistema político, ya crítico, creado desde el retorno de la Casa de Borbón al trono.

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ELECTORAL CANOVISTA

Los dos partidos se turnaban pacíficamente, cediendo el poder al otro partido cuando el partido en el gobierno sufriera un desgaste político y perdiera la confianza del rey y de las Cortes. En este caso, el monarca concedía el poder al líder del partido de la oposición para formar gobierno. El nuevo presidente del Gobierno convocaba elecciones para obtener una mayoría parlamentaria suficiente para ejercer el poder de manera estable. Mediante el fraude electoral y los mecanismo caciquiles se aseguraba que las elecciones fuesen siempre favorables al gobierno que las convocaba.

La alternancia en el gobierno fue posible gracias al sufragio censitario, al trato más favorable de los distritos rurales frente a los urbanos y a un sistema electoral fraudulento y corrupto, basado en la manipulación y en las trampas electorales:

El ministro de la Gobernación, nombrado por el rey, elaboraba el encasillado, lista de los candidatos que deberían ser elegidos como diputados en las elecciones. Enviaba el encasillado a los Gobernadores Civiles de las provincias y estos a los alcaldes y caciques. Entonces todo el aparato administrativo del Estado ponía en marcha todo un conjunto de trampas electorales que les ayudaba a conseguir su objetivo, es lo que se conoce como “pucherazo”, adulteración de los resultados electorales. Se falseaba el censo incluyendo nombres de personas difuntas, se manipulaban las actas electorales, se compraban los votos, se impedía toda clase de propaganda por parte de los partidos de la oposición. Todo esto garantizado y avalado por los caciques locales, individuos o familias de terratenientes que por su poder económico o por sus influencias políticas controlaban una determinada circunscripción electoral.

El caciquismo era más evidente en las zonas rurales, donde la población dependía de ellos, porque les proporcionaban trabajo y gracias al control del Ayuntamiento hacían informes y certificados personales, controlaban el sorteo de las quintas para el servicio militar, proponían el reparto de las contribuciones e impuestos, podían resolver o complicar los trámites burocráticos y administrativos. Los caciques con sus favores agradecían la fidelidad electoral y el respeto a sus intereses. Estas prácticas se apoyaban en la abstención de una buena parte de la población que sabía que las elecciones no tenían representatividad alguna.

Al resto de los partidos les era imposible conseguir un número significante de diputados a causa del acuerdo entre el rey y los líderes de los dos partidos dinásticos para turnarse en el poder. El otro partido dinástico se comprometía a esperar su “turno” en las próximas elecciones, en las que haría lo mismo, por lo que no denunciaba las manipulaciones electorales.

La oposición al sistema estaba formada principalmente por los republicanos, que nunca lograron resultados favorables debido al falseamiento electoral y a la división dentro del republicanismo en el que existían cuatro facciones. En 1881 se unieron y consiguieron un notable número de escaños. El resto de la oposición agrupaba a diputados independientes, entre ellos estaban los carlistas y la Unión Católica, partido conservador crítico con la política demasiado liberal de Cánovas.

EL CACIQUISMO

Se entiende por caciquismo la práctica electoral española durante gran parte del siglo XIX y principios del siglo XX, que buscaba intervenir en los resultados electorales a favor del candidato designado por los respectivos grupos oligárquicos y alcanzó su culminación, a finales de siglo, cuando Joaquín Costa se propuso denunciar enérgicamente los males del sistema y pronunció una famosa conferencia, en el Ateneo de Madrid, titulada Oligarquía y caciquismo como forma actual de gobierno en España.

El término ‘caciquismo’ procede de ‘cacique’, señor de vasallos o superior en alguna provincia o pueblo de indios. En Perú, las tribus del Imperio inca denominaban así a sus jefes civiles y militares. Los descubridores españoles llamaron señores, principales o reyes, a los jefes de las tribus o grupos sociales que encontraron. Pero al llegar al imperio de los incas descubrieron una organización política y administrativa perfectamente organizada, que incluía en los niveles locales, la categoría de los curacas, a los que fray Domingo de Santo Tomás denominó señores principales.

Garcilaso de la Vega, el Inca, en sus obras, los llamó caciques profusamente y esta es la expresión española que, a partir de mediados del siglo XVI, se generalizó para referirse a los jefes locales de las tribus en las Indias. Tenían como función principal velar por el rendimiento del trabajo de sus súbditos y el control de la recogida de tributos.

En España, aunque dichas prácticas habían florecido también en el absolutismo y bajo el reinado de Isabel II, sin embargo, y a medida que se ampliaba el derecho de voto (sufragio universal masculino en 1890), el recurso al caciquismo se generalizó, hasta resultar determinante. Por ello, en la Restauración se suelen identificar, impropiamente, como sinónimos, caciquismo y sistema restaurador o canovista.

El fraude electoral era posible en el contexto de un país agrario y atrasado. La clave de la adulteración electoral estaba en los “caciques”, que eran los encargados de llevar a la práctica los resultados electorales acordados por las elites de los partidos. Los caciques eran personajes ricos e influyentes en la España rural (terratenientes, prestamistas, notarios, comerciantes), quienes amañaban las elecciones siguiendo las instrucciones del Gobernador Civil de cada provincia, quien era informado previamente por el ministro de Gobernación de los resultados que se "debían" obtener en sus provincias, según el "encasillado" acordado por las elites políticas.

Los caciques influían en las votaciones mediante la violencia, las amenazas, el cambio de votos por favores, como rebajas de impuestos. Otro método era la trampa electoral conocida como el “pucherazo”: alteración del resultado del escrutinio de votos computando votos no emitidos en una elección.

La Restauración estaba basada en una sociedad organizada en torno a los caciques: hombres ricos e influyentes que controlaban la vida social en la mayor parte del país. Esta oligarquía caciquil vertebraba el país y fue muy importante para el sistema político de la Restauración. La corrupción del sistema se denunció desde muy pronto, pero en la práctica resultó imposible de eliminar.

El cacique podía impedir el pago de contribuciones y que los hijos fueran al Ejército, agilizar tediosos trámites en la capital con motivo de cualquier acto jurídico o proveer un empleo. La Restauración no era una democracia falseada, sino más bien un sistema predemocrático dentro de lo que se conoce como regímenes liberales. El contexto europeo era muy similar.

«Durante mucho tiempo la política en España estuvo hecha de corrupción y sobornos, familias y amigos. Abundó en la Restauración, en las décadas finales del siglo XIX y comienzos del XX, en ese complejo entramado que Joaquín Costa definió con el binomio “oligarquía y caciquismo", y se generalizó como práctica política durante la dictadura de Franco, cuando los vencedores en la Guerra Civil y los adictos al Generalísimo hicieron de España su particular cortijo.» [Julián Casanova, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza]

La Restauración tenía notables carencias democráticas, pero había conseguido una normalidad política impensable años atrás. Ni siquiera los que se decían demócratas renunciaban a los favores del sistema caciquil. El caciquismo heredado de la etapa isabelina había eliminado la ingerencia militar y, con ella, la inestabilidad política de una España que parecía estar en constante compás de espera.

«La pasividad campesina –mantenida, desde luego, por Cánovas– explica que la Restauración tuviera que recurrir a la ficción legal para mantener el mecanismo parlamentario que la centraba. Sin o con sufragio universal, un pueblo de esquilmados agricultores había de desinteresarse de la cosa pública, concentrando sus esfuerzos en una lucha directa, estéril y agotadora, para obtener mayores retribuciones para su trabajo. Esta es la principal causa del desarrollo del caciquismo en este período. La superestructura general española preconizada por Cánovas quedó minada por su base, durante una generación, por una primaria organización tribal, ajena por completo a las grandes exigencias nacionales, y, lo que es más, insegura, pronta a levantarse al lado del primer agente provocador o del primer propagandista subversivo.» [Vicens Vives 2003: 146]

«Con el fin de acabar con las tentaciones partidistas de los militares y en previsión de nuevos pronunciamientos, la Constitución erigió a Alfonso XII en jefe supremo del ejército, y para afirmar el poder civil, Cánovas y Sagasta, al frente de las dos familias del liberalismo, pusieron en sus manos el arbitraje del cambio político que luego refrendarían las elecciones sistemáticamente manipuladas. El artificio ayudó a afianzar los avances del liberalismo y domesticó el carlismo pero, al mismo tiempo, vinculó estrechamente la suerte de la monarquía a partidos que no representaban la España real. Funcionó el invento mientras logró alimentar la abulia de los ciudadanos y la represión se pudo mantener en niveles muy bajos, aunque muchos españoles no conocieran otra política que los manejos de los caciques locales y murieran sin enterarse de haber vivido en un país libre. Pero cuando los marginados del sistema consiguieron romper el silencio todo el tinglado oficial se derrumbó. [...]

El efecto más visible de la reforma electoral (sufragio universal masculino) de Sagasta fue el endurecimiento del caciquismo. [...] Un tiempo de fraude se apoderó de España teniendo como dueños y señores a los políticos y sus amigos, los caciques. Bien relacionados con el gobernador civil o con políticos de la capital, dispensadores de prebendas a cambio de votos, jueces de los pleitos rurales y amos de pueblos y comarcas, los caciques tejían en el ámbito local la telaraña de la corrupción electoral diseñada en Madrid, cumpliendo el mandamiento de oro que gobernó la vida política de la Restauración: para los enemigos la ley; para los amigos el favor. De este modo, a la par que en las Cortes se deliberaba sobre las urgencias de las conquistas liberales, el horizonte de los españoles no traspasaba los límites domésticos de su propia provincia y, muchas veces, sobre todo en el campo, ni siquiera iba más allá de la imagen destartalada y blanca de unos pueblos dormidos al sol. Tanto la novela como el paisajismo pictóricos se hacen regionales, contribuyendo a afirmar la visión provincial de España. Benito Pérez Galdós será una excepción en la literatura del siglo XIX, escrito toda ella desde las provincias.» [García de Cortázar 2004: 218-219]

Un parlamentarismo sin opinión pública y con unos partidos sin respaldo popular, solo apoyados en estructuras caciquiles, es un parlamentarismo sin legitimidad.

«Tuvo éxito Cánovas con su invento mientras consiguió alimentar el desinterés político de los ciudadanos y la represión pudo mantenerse en niveles de muy bajos, pero cuando los marginados del régimen lograron romper el silencio todo el artificio institucional se vino abajo.

A raíz de la revolución de 1868, los proletarios españoles habían conocido la fuerza reivindicativa del asociacionismo, al que siempre miró ton temor la burguesía.» [García de Cortázar 2003: 343]

LA CUESTIÓN UNIVERSITARIA – CRISIS UNIVERSITARIA 1875

El pronunciamiento del general Martínez Campos del 29 de diciembre de 1874 restaura la monarquía española en la persona de Alfonso XII, quien llega a España el 9 de enero de 1875. El 26 de febrero de ese mismo año se publica un decreto real que anulaba la libertad de enseñanza que proclamó la constitución de 1869. Entre otros aspectos, se obligaba a los profesores de instituto y universidad a someter a aprobación los libros de texto y los programas de sus asignaturas, así como a no difundir enseñanzas contra el dogma católico ni la monarquía.

En la Universidad de Santiago de Compostela elevaron protesta los profesores Augusto González Linares y Laureano Calderón, por lo que fueron separados de sus cátedras. Igual hicieron en Madrid Francisco Giner de los Ríos, Nicolás Salmerón y Gumersindo de Azcárate, que fueron igualmente suspendidos y luego separados de sus cátedras. Giner de los Ríos fue llevado preso y luego desterrado a Cádiz; Salmerón a Lugo y Azcárate a Cáceres.

Durante las semanas que siguieron a estas iniciales protestas en el mes de marzo y a la separación de Giner, Salmerón y Azcárate, se profundiza un estado de crisis que reflejaba la primera cuestión universitaria de 1867-68. El número de adhesiones y actas de protesta fue en aumento. Para calmar el conflicto universitario y superar el ambiente de crisis, n 1881, el gobierno de Sagasta deroga los decretos de separación de cátedra de Francisco Giner de los Ríos, Nicolás Salmerón y Gumersindo de Azcárate, quines se reintegran a las cátedras con los derechos que tenían cuando fueron cesados.

Al final del reinado de Isabel II se desarrollaron círculos de intelectuales y profesores muy críticos con la cultura oficial, todavía teñida de clericalismo y rechazo a la ciencia y enemiga de toda modernización. En el Sexenio Democrático, existió un período de amplia libertad de cátedra en las universidades, la Restauración significó el establecimiento de una rígida censura contra cualquier manifestación contra la monarquía y el dogma católico. El choque con parte del profesorado  fue inmediato, algunos dimitieron de sus cargos, otros fueron cesados.

Durante la Restauración privó la enseñanza tradicional, basada en métodos tradicionales y sometida a la vigilancia de la Iglesia Católica, que llegó a condenar las teorías de Darwin.

Más de  50.000 religiosos y religiosas se dedicaban a la enseñanza, sobre todo en la educación primaria donde apenas tenía intervención el Estado. La enseñanza secundaria se circunscribía a 50 institutos en toda España, destinados a los hijos de las familias más ricas.

Este sistema educativo provocó un gran atraso en el desarrollo de la ciencia y la investigación, debido también a la mentalidad atrasada y tradicional de las clases dirigentes del país.

LA INSTITUCIÓN LIBRE DE ENSEÑANZA (ILE) – 1876

La Constitución de 1876 volvió a unir Iglesia y Estado, lo que significaba para la Universidad que los catedráticos tenían que enseñar siguiendo las directrices de la doctrina cristiana. Fue cuando un grupo de catedráticos, encabezado por Francisco Giner de los Ríos, abandonó la Universidad y fundó la Institución Libre de Enseñanza (ILE), cuyo objetivo era promover la renovación pedagógica para todas las etapas educativas, instaurar la coeducación de niños y niñas y fomentar una enseñanza personalizada y activa. En 1907 el gobierno creó la Junta de Ampliación de Estudios para promover el intercambio científico con Europa. Uno de sus primeros directores fue el Premio Nobel de Medicina, Santiago Ramón y Cajal. La Residencia de Estudiantes (1910) reuniría más tarde a la flor y nata de la intelectualidad española.

Figura clave en la renovación cultural y la lucha contra la educación tradicional fue Julián Sanz del Río (1814-1869), filósofo, jurista y pedagogo, introductor en España de la filosofía krausista, maestro del pedagogo, filósofo y ensayista Francisco Giner de los Ríos (1839-1915). Su labor pedagógica fue decisiva en la evolución del pensamiento español y la superación del sistema de enseñanza monopolizado en España por la Iglesia Católica desde el siglo XVI.

Julián Sanz del Río fue nombrado catedrático interino de Historia de la Filosofía de la Complutense en 1843. Felipe II, por Real Decreto de 1559, había prohibido a los españoles estudiar en el extranjero, con excepción de las universidades católicas de Bolonia, Nápoles, Roma y Lisboa. Tres siglos más tarde, el ministro Pedro Gómez de la Serna, impulsor de la creación de la Facultad de Jurisprudencia, pensionó a Julián Sanz del Río para que fuese a estudiar a la universidad alemana de Heidelberg. Alrededor del año 1840, un grupo de juristas españoles buscan una doctrina política que dentro del liberalismo inicie el proceso regenerador que necesita el país y contenga en sí un elemento espiritual que no se encuentra en la formulación doctrinaria del liberalismo entonces en boga.

A su paso por Bruselas, Julián Sanz del Río conoció a Heinrich Ahrens, autor de Filosofía del derecho (1841) y discípulo aventajado del filósofo alemán Krause. En Heidelberg se reunió con pensadores alemanes del círculo krausista. El krausismo, doctrina filosófica del pensador postkantiano alemán Karl Christian Friedrich Krause (1781-1832), defendía la tolerancia académica y la libertad de cátedra frente al dogmatismo. El krausismo se funda en una conciliación entre el teísmo y el panteísmo, según la cual Dios, sin ser el mundo ni estar fuera de él, lo contiene en sí y de él trasciende. Dicha concepción se denomina Panenteísmo. Las implicaciones pedagógicas de la filosofía krausista interesaron a Sanz del Río.

El krausismo español no fue nunca una simple escuela filosófica, sino más bien una actitud humana integral ante la vida, con una enorme confianza en la capacidad humanizadora de la educación. El krausismo consiguió romper el monopolio neoescolástico en las universidades españolas. El “liberalismo ético” de los krausistas –nada libertino, pues eran hombres estrictamente morales– desentonaba con la ética eclesiástica de la España tradicional, aunque ésta lo que verdaderamente temía era su influencia política y su apoyo al liberalismo y al republicanismo y, más tarde, al socialismo. Los krausistas pretendían una reforma política y social de la España de su tiempo a través de la transformación del hombre. La educación era su principal y eficaz argumento.

Los primeros intelectuales influidos por el krausismo (Castelar, Salmerón, etc.) desempeñaron un papel clave en la caída de Isabel II y en la política del Sexenio Democrático (1868-1874). Pero vino la Restauración canovista y el ministro Orovio persiguió implacablemente a los profesores krausistas. Entre el 31 de diciembre de 1874 y el 12 de septiembre de 1875, Orovio fue nuevamente ministro de Fomento en un gabinete de Antonio Cánovas del Castillo y volvió a enfrentarse con el profesorado universitario krausista e impuso la separación de su cátedra de Francisco Giner de los Ríos (1839-1915). Como respuesta a la represión cultural, Giner de los Ríos, discípulo de Sanz del Río, amparándose en la libertad de creación de centros educativos, legislada en interés de la Iglesia, creó  la Institución Libre de Enseñanza (ILE), impulsó también proyectos complementarios como el Museo Pedagógico Nacional (1882-1941), la Junta para Ampliación de Estudios (1907-1938), la Residencia de Estudiantes (1910-1939), las Misiones Pedagógicas (1931-1937) o las Colonias Escolares. En su planteamiento de la universidad ideal, Francisco Giner propuso que, como tal institución, fuera "no sólo una corporación de estudiantes y sabios, sino una potencia ética de la vida".

El embrión de la ILE lo habían puesto varios profesores expulsados de las universidades al no someterse a la declaración de fe católica que imponía un decreto del ministro moderado Manuel Orovio Echagüe (1817-1883). La Institución, heredera de los postulados del krausismo, introdujo en España una pedagogía de vanguardia que buscaba la formación integral del individuo en plena libertad y mediante el fomento de la curiosidad científica, el antidogmatismo y la actitud crítica.

Dentro de la estructura centralizada del sistema educativo español, la lucha por el poder político va acompañada del control de la educación. La Institución Libre de Enseñanza (ILE) constituye el intento más sostenido y de mayor repercusión para hacer realidad una idea que se venía gestando años antes: la necesidad de una reforma educativa radical. La crisis universitaria de 1875, con la separación de sus cátedras a varios profesores universitarios y de instituto, aceleró la fundación.

La ILE estaba inspirada en la filosofía krausista y que tuvo una importante repercusión en la vida intelectual de la nación española, para la que desempeñó una labor fundamental de renovación. La fundación estaba constituida por los siguientes colaboradores: Francisco Giner de los Ríos, Gumersindo de Azcárate, Nicolás Salmerón, Laureano Figuerola, Eugenio Montero Ríos, Segismundo Moret, Augusto González de Linares. El promotor directo fue Giner de los Ríos desde los primeros días de su destierro en Cádiz en 1875.

La Institución se constituye como entidad paralela a la educación oficial y se declara “completamente ajena a todo espíritu e interés de comunión religiosa, escuela filosófica o partido político; proclamando tan solo el principio de la libertad e inviolabilidad de la ciencia, y de la consiguiente independencia de su indagación y exposición respecto de cualquiera otra autoridad que la de la propia conciencia del profesor, único responsable de sus doctrinas”.

La ILE buscaba una educación integral: se establecía un sentido de armonía entre la educación intelectual, física, estética, social, y religiosa (en el sentido de respeto a las creencias). Todo destinado a formar seres humanos íntegros, capaces de combatir la mentira y la hipocresía. El método pedagógico estaba marcadamente influido por las reformas de Pestalozzi y Froebel.

El influjo de la ILE fue determinante para que los poderes públicos emprendieran una serie de reformas necesarias en los terrenos jurídico, educativo y social. Se crearon organismos, como el Museo Pedagógico Nacional y la Junta para Ampliación de Estudios, cuyo cometido era enviar estudiantes becados a estudiar al extranjero.

«La preocupación por la formación intelectual de las clases desposeídas fue tema central del ideario político del movimiento anarquista desde su fundación. Contrariamente a lo que se ha sostenido hasta el momento, la preocupación de los anarquistas por la educación popular y la creación de escuelas y centros de instrucción fue muy anterior a la fundación de Escuelas Modernas de Francisco Ferrer a comienzos del siglo XX; ya en el Congreso de Zaragoza, en 1872, se propone un plan de enseñanza integral que contribuya al desarrollo de todos los aspectos de la formación individual.

Trinidad Soriano redactó un extenso proyecto sobre este tema en el que presentaba el plan de enseñanza de la nueva educación para los trabajadores. Si se considera que este programa era anterior al que adoptó la Institución Libre de Enseñanza en 1876 y precursor en más de treinta años del de la Escuela Moderna de Ferrer, se comprenderá mejor lo revolucionaria que era esta preocupación anarquista por lograr acceso a una educación avanzada, laica y progresista, hasta entonces vedada al obrero. A diferencia de la educación liberal de la Institución Libre, fundamentalmente anticlerical, pero conciliadora frente al Estado, los anarquistas propugnaban, ante todo, destruir la sociedad establecida y reconstruirla a través de la enseñanza integral.» [Lida 1972: 152]

Se calcula que en 1803 sabían leer y escribir en España solo un seis por ciento. Al final del siglo XIX, esa cifra había subido ya al treinta y tres por ciento de los españoles. Durante el siglo XIX, España se fue haciendo una nación cada vez más informado y con un gran amor a la letra impresa. Se empezó a leer mucho la prensa. Por ejemplo, los sucesos de la Noche de San Daniel (1865) los españoles los pudieron leer en catorce periódico que dan la noticia de modo neutral y veinte que manifiestan su oposición a la violencia estatal contra la manifestación estudiantil.

LAS TERCERA Y ÚLTIMA GUERRA CARLISTA (1872-1876)

Cuando Alfonso XII subió al trono continuaban vigentes dos graves conflictos: la guerra carlista y la guerra de Cuba. Las tres guerras carlistas fueron luchas dinásticas, pero al mismo tiempo luchas ideológicas,  enfrentamiento entre dos ideologías y procedimientos políticos opuestos: absolutismo y liberalismo.

Cuando comenzó la Restauración, los carlistas disponían todavía de un ejército regular y numeroso en el norte, donde ofrecieron fuerte resistencia. Alfonso XII visita los escenarios de la guerra para sancionar con su presencia la victoria de los generales y hacerse merecedor del sobrenombre del Pacificador. La entrada de Alfonso XII en San Sebastián y Pamplona (febrero de 1876) y el cruce de la frontera por parte de don pretendiente al trono Carlos señalaron el fin de una guerra que fue aprovechada por Cánovas para difundir la imagen del monarca como rey-soldado y jefe supremo del ejército. La derrota en los campos de batalla llevó a los carlistas a sustituir los mosquetones por la participación en el juego político de los partidos.

Pero la ideología integrista del carlismo, contraria al liberalismo y a cualquier atisbo de secularización, contaba con amplias simpatías entre el ala derecha de los católicos españoles perdurará incluso después del cambio de siglo. Los más radicales de este grupo se separaron del carlismo en 1888 para constituir el partido integrista, liderado por Cándido de Nocedal.

Terminada la tercera guerra carlista en 1876, Canovas del Castillo abolió los fueros vascos (estatuto jurídico privilegiado), debido al apoyo que prestaron los vascos a los carlistas y a la convicción de Cánovas de la necesidad de uniformar legalmente el país. A cambio, instauró el concierto económico vasco (1878), un sistema de autonomía fiscal todavía vigente.

«Como remate de la carlistada, Cánovas daría el golpe de gracia a los Fueros, avanzando en la unidad nacional y poniendo en práctica su idea de que el orden social pasaba por la unidad de códigos y la igualdad jurídica de los españolas. Pese a las críticas de los nostálgicos, la muerte del régimen foral arrancaría el aplauso de la burguesía vizcaína, que supo explorar el interés negociador del gobierno y logró conciliar la derogación de la ley vieja con el mantenimiento de ventajosas prerrogativas de orden fiscal. Con los Conciertos Económicos en la mano, la burguesía vasca no tardaría en confirmar su capacidad de liderazgo en la carrera industrial de España.» [García de Cortázar 2004: 213-214]

FIN DE LA GUERRA CARLISTA VISTA DESDE EL FRANQUISMO

«Este mismo espíritu habilidoso, lo que se llama “mano izquierda”, empleó Cánovas para acabar con la rebeldía carlista, que todavía continuaba viva por algunas tierras del norte y Levante. Sustituyó la guerra abierta por la intriga. Ofreció a los jefes honores, empleos y hasta dinero. Se valió hasta del encanto femenino de una dama inglesa que, casada con uno de los más famosos carlistas, Cabrera, logró apoderarse del ánimo ya viejo y cansado de su marido. Este reconoció a Alfonso XII y su abandono del ideal carlista causó enorme sensación. Sus amigos, los “cabreristas”, fueron empleados por Cánovas como agentes para introducir en el campo de Don Carlos la desunión y el desaliento. Sin embargo, muchos permanecieron inflexibles y leales al ideal. Y el mismo Don Carlos, al verse obligado a cruzar la frontera hacia Francia, proclamó que plegaba su bandera, pero que “jamás se prestaría a convenios deshonrosos y desleales”. Era el viejo ideal español, puro, espiritualista, el que se replegaba. Quedaban en frente, vencedores de momento, un político dominado de ideas inglesas y un viejo jefe carlista vencido por una inglesa guapa. Era la victoria del otro mundo práctico y cómodo: de “buenas formas” y fondos peligrosos.

Pero no se rea por eso que había sido inútil aquella sublima terquedad del ideal carlista. Se retiraba de los campos, pero no del alma de España, donde su fuego sagrado había quedado vivo para siempre. Gracias a él hubo ya en todo momento dentro de  la polít8ica y el pensamiento español, un nivel de máxima altura, que quedaba ahí como una aspiración no satisfecha. Gracias a él, nunca dejaron de sonar en España voces de advertencia que recordaban la Tradición y señalaban el camino verdadero.» [Pemán 1958: 349-350]

LA GUERRA DE CUBA

Tas la conclusión de la guerra carlista, quedaba solamente la solución al problema cubano. Siendo el general Martínez Campos Capitán General de la isla logra firmar con los insurrectos el Convenio de Zanjón en 1878, que ofrecía una amplia amnistía y reformas políticas y administrativas como las de Puerto Rico.

Pero en los años siguientes no se acometieron las reformas necesarias. En 1883 y 1885 nuevas insurrecciones volvieron a avivar el conflicto que terminaría con la pérdida de Cuba y Puerto Rico en 1898 tras una guerra contra los Estados Unidos.

En diez años de guerra cubana murieron 96.025 hombres, la mayor parte a causa de enfermedades. Esta guerra, con sus héroes y mártires, contribuyó a afianzar la idea de nacionalidad cubana.

LA CUESTIÓN SOCIAL – MOVIMIENTOS OBREROS

La extrema iquierda, los partidos obreros, fueron cruelmente reprimidos por la ley de Cánovas desde 1874 a 1881. La Federación Regional Española (FRE) fue disuelta. El movimiento obrero se vio obligado a seguir luchando en la sombra, consagrado a actividades clandestinas. La persecución empuja a los disconformes a la acción individual. Pronto predomina la acción improvisada de hombres aislados. La represión estatal conformaba una de las tesis constantes del mivimiento libertario: el rechazo de toda organización autoritaria.

«Ha sido norma en nuestra historia cambiar de régimen, en vez de reformarlo». [Ignacio Sotelo: “Reforma o derribo”, en El País, 09.07.2006]

«En los primeros decenios de la primera Restauración, entre 1874 y 1898, el crecimiento económico en buena parte se debió a las inversiones mineras extranjeras, con el correspondiente aumento de las exportaciones de materias primas. La filoxera en Francia trajo consigo que entre 1882 y 1892 España dominase el mercado mundial de vinos. El proteccionismo sirvió a los intereses de Cataluña, la región más industrializada, pero fue un lastre para el resto del país que por sus propias fuerzas tampoco lograba salir de una economía agraria, latifundista o minifundista.

Dentro de estos parámetros, desde los mismos comienzos en el último tercio del siglo XIX, el movimiento obrero se bifurca entre un socialismo moderado, aunque minoritario, presente sólo en Madrid, Asturias y el País Vasco, y un anarquismo muy radicalizado que con mayor o menor intensidad estuvo presente por todo el país, aunque domina en Andalucía, la España latifundista, y en Cataluña, la España industrial.

El gran fracaso de la Restauración consistió en su incapacidad de integrar social y políticamente a la naciente clase obrera. Al dejarla fuera del sistema, la empujó a que se radicalizase. [Ignacio Sotelo: “Los mejores treinta años”. En: El País, 05.03.06]

Tras el nacimiento de la sección española de la Asociación Internacional de los Trabajadores (AIT) durante el Sexenio Democrático (1868-1874), gracias a la labor del revolucionario anarquista italiano Giuseppe Fanelli y del marxista Paul Lafargue, los “internacionalistas” del movimiento obrero fueron reprimidos por el golpe del general Pavía en 1874.

Tras la ruptura entre Marx y Bakunin en el Congreso de La Haya en 1872, los movimientos obreros se pusieron mayoritariamente de parte del anarquista Bakunin. La ley de Asociaciones de 1881, aprobada por el gobierno liberal de Sagasta, fomentó una intensa actividad organizativa entre los obreros. En 1881 nació la Federación de Trabajadores de la Región Española (FTRE), encabezada por Anselmo Lorenzo, uno de los principales líderes de los inicios del movimiento anarquista.

Ya en el siglo XX y a partir de 1901, diversos grupos obreros se organizaron en torno a la publicación “Solidaridad Obrera” y del Congreso en Barcelona (1910), nació la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), que agruparía a los obreros agrícolas andaluces y a los obreros industriales catalanes. Los anarquistas luchaban por la destrucción de las estructuras estatales de poder y propagaban una ideología colectivista, libertaria, apolítica, anticlerical y revolucionaria.

Los socialistas eran minoría entre los movimientos obreros hasta que en 1879, el tipógrafo Pablo Iglesias funda en Madrid el Partido Socialista Obrero España (PSOE), que celebra en 1888 su primer congreso y funda un sindicato socialista: la Unión General de Trabajadores (UGT). Los socialistas mantuvieron una ideología colectivista, anticlerical y antiburguesa más moderada que la del movimiento anarquista.

Al amparo de la reforma legal propiciada por los liberales, en la década de los ochenta se asiste a un resurgir de la movilización obrera. El movimiento que más auge había tenido en la Península había sido el anarquismo, difundido por Fanelli. El anarquismo arraigó en dos zonas de características muy distintas: la Andalucía agrícola y la Cataluña industrial. Estas dos zonas tenían problemas y necesidades distintas, lo que llevó a la escisión en el seno anarquista entre los anarco-colectivistas andaluces y anarco-comunistas catalanes, con estrategias diferentes.

En Andalucía apareció una presunta «organización anarquista secreta y violenta» a principios de la década de 1880, a la que se le atribuyeron asesinatos, incendios de cosechas y edificios. Los sucesos de la llamada Mano Negra se produjeron en el bienio 1882-1883, en el contexto de un clima de aguda lucha de clases en el campo andaluz, de difusión de un anarcocomunismo distinto del anarcocolectivismo bakuninista, y de diferencias entre legalistas y clandestinistas en el seno de la recién creada Federación de Trabajadores de la Región Española.

La represión subsiguiente generó la decadencia organizativa y sindical del anarquismo sobre todo a partir de 1888. Los partidarios de la propaganda por el hecho, es decir del terrorismo, se convirtieron en la cara visible del anarquismo. Entre sus acciones más sonadas se encuentran el atentado contra Martínez Campos (1893), las bombas del Liceo de Barcelona, o el asesinato del propio Cánovas del Castillo (1897).

En los años 80 salen de la clandestinidad los grupos que determinaron la evolución del socialismo español, nacido durante el Sexenio Democrático (1868-1874) como manifestación de la tendencia marxista frente a la mayoritaria bakunista en la sección española de la Primera Internacional (AIT). En 1879 Pablo Iglesias funda el Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Poco a poco el PSOE fue llevando a cabo una labor de implantación, que fue fructífera sobre todo en Madrid, Vizcaya y Asturias.

Cataluña, cuyos representantes habían defendido ya desde las primeras reuniones posturas reformistas y posibilistas se fue desviando de la tendencia central, hasta la constitución en 1890 del llamado Partido Socialista Oportunista, tomando como base la agrupación textil Las Tres Clases del Vapor.

La primera gran reforma del Gobierno Largo de Sagasta (1885-1890) fue la aprobación en junio de 1887 de la Ley de Asociaciones que regulaba la libertad de asociación para los fines de la «libertad humana» y que permitió que las organizaciones obreras pudieran actuar legalmente, ya que incluía la libertad sindical, lo que dio un gran impulso al movimiento obrero en España. Al amparo de la nueva ley se extendió la anarcosindicalista FTRE, fundada en 1881 como sucesora de la FRE-AIT del Sexenio Democrático, y nació el sindicato socialista Unión General de Trabajadores (UGT), fundado 1888.

El PSOE decidió participar como partido político en la lucha parlamentaria, para defender dentro de lo posible los intereses de la clase obrera. Los socialistas no obtuvieron ningún diputado hasta 1910, debido a que el sistema político diseñado por Cánovas excluía a cualquier partido ajeno al turno bipartidista.

DESCOMPOSICIÓN DEL SISTEMA CANOVISTA

La sabiduría política de Cánovas del Castillo y su transaccionismo aperturista convirtiendo en diálogo civilizado lo que hasta 1875 fuera guerra civil caliente o fría, y asentando en España la convivencia en paz, la mutua tolerancia, mediante un civilismo real. Pero al cabo de unos años de próspero e inédito remanso –que no «marasmo»–, el erróneo tratamiento de la cuestión cubana abrió de nuevo las puertas de la discordia: primero, en una guerra entre hermanos; luego, en la confrontación desesperada con la potencia que iniciaba su camino hacia la rectoría mundial.

El pesimismo del 98 olvidó los logros efectivos alcanzados por la Restauración: la plenitud patente en los días luminosos de la Exposición barcelonesa de 1888 se hundió en las aguas de Cavite y de Santiago; las tensiones internas y el retorno de las espadas volvieron a dar abrupta muestra de sí.

La aparición de las corrientes regeneracionistas en el seno del mismo sistema Cánovas abrieron de nuevo paso a la esperanza, a través de dos grandes figuras: Maura, en el campo conservador, con un programa político encaminado a dar vida real a la ciudadanía; Canalejas, en el campo liberal, intuyendo una concepción nueva del Estado, que apuntaba a una síntesis integradora de los dos ciclos de la revolución contemporánea –liberal y socialista–mediante lo que él llamaba «la nacionalización de la Monarquía».

Hasta finales del siglo XIX, funcionó el marco político de la Constitución con normalidad posibilitando la alternancia de partidos en el gobierno. En el siglo XX, este sistema entró en crisis por el surgimiento y desarrollo de fuerzas y movimientos sociales que no tenía posibilidad de expresarse en el marco del sistema.

Varios factores contribuyeron a la descomposición del sistema canovista:

Los nacionalismos periféricos. El nacionalismo catalán que exige autonomía política frente a Madrid y presenta sus listas electorales en la Lliga Regionalista. El nacionalismo vasco que promueve el Partido Nacionalista Vasco (1895) con parecidas pretensiones. En Galicia y, poco más tarde, en Andalucía surgen movimientos autonomistas.

Los movimientos obreros y la crisis social. En 1879 Pablo Iglesias funda el Partido Socialista Obrero Español (PSOE). En el Congreso Obrero de Barcelona de 1888 se funda el sindicato socialista la Unión General de Trabajadores (UGT), que comparte origen histórico con el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) evolucionando desde el clásico marxismo hacia una orientación socialdemócrata. Ya en el siglo XX, en 1911 se funda el sindicato anarcosindicalista Confederación Nacional del Trabajo (CNT). En 1890 las organizaciones obreras organizan una huelga, exigiendo las ocho horas de trabajo y celebrando por primera vez la fiesta del trabajo el 1 de mayo.

La crisis colonial. En 1898 tiene lugar el “desastre colonial”: España pierde las últimas colonias de ultramar, Cuba, Filipinas y Puerto Rico.

La inestabilidad política. Tras la muerte de Canovas y Sagasta, los nuevos líderes conservadores y liberales no lograron formar mayorías estables en el Parlamento, siendo frecuentes los gobiernos de concentración.

Tras ser el artífice de la vuelta al trono de los Borbones y configurarse como la gran figura política del nuevo régimen, Canovas del Castillo fue asesinado en 1897 por el anarquista Angiolillo.