Las Cortes de Cádiz 1810-1814

Justo Fernández López


LAS CORTES DE CÁDIZ 1810-1814

España, invadida por las tropas de Napoleón, se niega a reconocer a José Bonaparte como rey de España. Se forman las Juntas de Defensa Nacional. Para dar legalidad a la situación de rebeldía contra José Bonaparte, se proclama la regencia que actúa en nombre del rey cautivo Fernando VII (retenido en Bayona por Napoleón).

El vacío de poder fue solventado con la formación de Juntas de Defensa Nacional en cada provincia, tanto en España como en América, en nombre del rey Fernando VII, el único rey considerado legítimo. Estas juntas apelaron a la soberanía nacional para administrar el país y comenzaron a organizar militarmente la defensa nacional.

Tras la primera victoria española contra los franceses en Bailén (1808), las Juntas Provinciales se reorganizaron en una Junta Central Suprema. Las derrotas militares desacreditaron a la Junta Central, que tuvo que huir a Cádiz a causa de la ocupación francesa, refugiándose en la isla de León y dio paso, en enero de 1810, a una regencia colectiva o gobierno provisional compuesto por cinco miembros, muy conservadores, aunque sometidos a una presión ambiental de una ciudad con una nutrida burguesía mercantil y con importantes colonias de comerciantes extranjeros. 

Con la formación de la Junta Suprema y justo cuando las victorias del emperador sobre las tropas españolas acaben con la oposición de los más recelosos del cambio, las juntas populares estrechan lazos y hacen viable la convocatoria de unas Cortes de los Reinos para 1810, viejo instrumento representativo medieval como el parlamento inglés. La Regencia no se decidió a convocar las Cortes Generales hasta que no llegó a Cádiz la noticia del establecimiento de poderes locales en distintas ciudades americanos que podían poner en peligro el imperio español. Las Cortes no se reunían desde Felipe II más que para jurar al heredero de la Corona.

Las Cortes inauguraron sus reuniones en isla de León, en septiembre de 1810, con el juramento de los diputados de defender la integridad de la nación española, y prolongaron su actividad hasta la primavera de 1814. En esta isla estaban a salvo de los ataques de las tropas francesas. Cádiz era una ciudad-refugio, protegida por la marina británica.

En estas sesiones pronto se notan las tendencias liberales de algunos diputados, que consiguen, con Muñoz Torrero a la cabeza, que se proclame a Fernando VII rey de España, pero reservando la facultad legislativa a las Cortes, lo que significaba una limitación del poder real. Comenzaba a triunfar el liberalismo, influido por las teorías revolucionarias de los ejércitos de Napoleón.

España, mientras hacia la guerra al invasor francés, había realizado también su revolución, germen y semilla de las futuras divisiones ideológicas en el campo político.

Si la Guerra Peninsular fue una marca en la historia de las revoluciones, es importante señalar que los cuerpos jurídicos y administrativos que se crearon para que el país pudiera defenderse por si solo de los invasores usando otros medios. La sesión inaugural de las nuevas Cortes tuvo lugar el 24 de septiembre de 1810. El trabajo de las Cortes de Cádiz fue muy intenso y el primer texto constitucional español fue promulgado en la ciudad de Cádiz el 12 de marzo de 1812.

Este es el principio de la constitucionalidad española. A partir de este momento, España ha tenido un total de siete constituciones completamente articuladas, incluyendo la actual de 1978. Esta lista no incluye el Estatuto de Bayona, aprobado por José I en 1808, que muchos autores no lo contemplan como una constitución propiamente dicha, por ser impuesta tras la invasión napoleónica.

Napoleón intentaba que Fernando VII firmara un tratado de amistad y colaboración con Francia, a cambio de reconocerlo rey de España e Indias, pero no llega a conseguir nada por la precipitación de los acontecimientos.

LOS CONSTITUCIONALISTAS GADITANOS

El 29 de enero de 1810 la Junta Central transfirió todo el poder que ejercía a un Consejo de Regencia, compuesto por cinco personas, que debía preparar el terreno para que se reunieran las Cortes. El 24 de septiembre de 1810, los liberales que se encontraban en Cádiz convirtieron unas Cortes que debían ser bicamerales en una Asamblea constituyente. La laguna normativa que tras de sí dejó la Regencia fue inteligentemente aprovechada por algunos liberales que propusieron que "los diputados que componen este Congreso y que representan la Nación española se declaran legítimamente constituidos en Cortes generales y extraordinarias y que reside en ellas la soberanía nacional".

Se proclamaba y juraba a Fernando VII declarando nula la renuncia en favor de Napoleón. Las Cortes se reservaban el ejercicio del poder legislativo en toda su extensión por no ser conveniente que estuvieran reunidos el poder legislativo, el ejecutivo y el judiciario.

Se aprobaba por unanimidad un decreto que eliminaba jurídicamente la soberanía total del monarca y establecía los fundamentos de un nuevo régimen político.   

Las Cortes permanecieron en la Isla de León, actual San Fernando, hasta el 20 de febrero de 1811, donde celebraron trescientas treinta y dos sesiones. Cuatro días más tarde se trasladaron a la Iglesia de San Felipe Neri en la ciudad de Cádiz.

La Constitución de 1812, que constaba de 384 artículos agrupados en diez títulos, estableció una monarquía liberal y parlamentaria basada en los principios de la soberanía nacional y de la separación de poderes.

Las circunstancias de la guerra crearon una coyuntura favorable a las reformas en Cádiz, una ciudad sitiada con el ambiente propio de una urbe comercial y con el aflujo de los individuos más inconformistas de las clases dirigentes entre los que se escogió a la mayoría de los diputados suplentes: una minoría dentro del pequeño grupo culto de un país analfabeto que se encontraba perfectamente unida; tanto, que se ha llegado a hablar de trabajo en equipo.

Las reformas que se llevaron a cabo en Cádiz se hicieron en nombre de todos los españoles, pero sin la participación de estos, que se hallaban o luchando contra las tropas francesas u ocupados por los franceses. La mayoría de la población española permaneció al margen del cambio político experimentado y no está claro que recibiera un alto grado de aceptación desde el momento en que los legisladores publicaron como propaganda todo tipo de adhesiones, incluso la de los artistas, grupo social no muy bien visto por la sociedad en aquella época.

De hecho no hubo ninguna guerra civil por defender la Constitución de Cádiz en 1814. La Constitución fue durante todo el reinado de Fernando VII una bandera política a la que se debía defender o atacar según se fuera liberal o conservador.

Los integrantes de las Cortes eran un grupo heterogéneo en el que figuraban muchos burgueses liberales, funcionarios ilustrados e intelectuales procedentes de ciudades tomadas por el ejército del rey José I.

«De los constitucionalistas gaditanos conservamos una contabilidad detallada:

90

 eclesiásticos (es decir, un 30 por ciento),

50

 abogados (18 por ciento),

49

 funcionarios (16 por ciento),

39

 militares (13 por ciento),

15

 catedráticos de universidad (5 por ciento, que puede subir al 12 por ciento si se suman otros 20 profesionales mal definidos, pero de dedicación intelectual),

20

 20 comerciantes (6,5 por ciento) y

14

 (menos del 5 por ciento) nobles.

Morales Moya resume la composición del grupo así: “juristas, funcionarios públicos, profesores, escaseando los títulos nobiliarios y abundando los clérigos, muchos de ellos de origen hidalgo”. [...]

La composición de las élites modernizadoras se mantuvo con las mismas características básicas durante el Trienio Liberal. Entre los diputados en las Cortes de 1820-1823 había, aproximadamente, un tercio de eclesiásticos, un cuarto de intelectuales y profesionales (dos de cada tres, abogados), un 15 por ciento de militares y otro tanto de funcionarios y políticos profesionales; mientras que los nobles se mantenían en un 4 por ciento y los comerciantes y fabricantes, es decir, la “burguesía” a la que tanto protagonismo suele atribuirse, alcanzaban otro 4 por ciento.

Si de los diputados en Cortes pasamos a las Sociedades Patrióticas o clubes revolucionarios, según la contabilidad de Gil Novales se encuentra en ellas un altísimo porcentaje de militares, que podrían alcanzar hasta cerca de la mitad de sus miembros; los empleados, diputados y políticos sobrepasarían el 15 por ciento y los eclesiásticos quedarían algo por debajo de esa cifra; un 10 por ciento de los socios podrían ser catalogados como intelectuales y profesionales, mientras que los comerciantes, fabricantes y propietarios (la mayoría, de cafés) no pasarían de un 5 por ciento y los artesanos y jornaleros, así como los nobles, quedarían por debajo del 3 por ciento en todos los casos. El régimen liberal, concluye este autor, descansaba “sobre militares, empleados, eclesiásticos”, aunque también había cifras significativas de profesionales de clases medias.» [Álvarez Junco, José: Mater dolorosa. La idea de España en el siglo XIX. Madrid: Taurus, 2001, p. 271-273]

Gran parte de los que llevaron la voz cantante del incipiente liberalismo pertenecían al sector clerical. Quienes no compartían las ideas liberales, sacerdotes o seglares, contaron para muy poco en las Cortes. Frente a las figuras de Muñoz Torrero o del sacerdote Agustín Argüelles, no supieron oponer sino su oscura cerrilidad.

«La Constitución de Cádiz marcó el destino político de España y de América Latina, al abrir la puerta al ciclo de independencias que se desarrollaría a lo largo del siglo XIX. El intento napoleónico de sustituir la dinastía reinante en la Península provocó una crisis de legitimidad del sistema político español, y los constituyentes de Cádiz intentaron cerrarlo mediante un texto que buscó inspiración en otros anteriores y sirvió también de modelo a los que vendrían después. Todavía reciente en aquellos tiempos la polémica sobre las aportaciones de España a la cultura europea, la Constitución de Cádiz vino a recordar que ningún país, ni entonces ni ahora, está genéticamente incapacitado para sumarse a las corrientes políticas y de pensamiento que garantizan mayor libertad a los individuos.

No todos los constituyentes de Cádiz eran liberales; lo que sí aceptaron todos, los que lo eran y los que no, fue la idea liberal de que se necesitaba alcanzar un pacto entre concepciones distintas, y hasta contradictorias, para resolver la quiebra de legitimidad causada por la invasión napoleónica. Sería el propio rey Fernando VII quien primero actuó con deslealtad hacia ese pacto, desencadenando el trágico vaivén de la historia de España cuya inercia llegaría hasta la Guerra Civil de 1936. La lección que se desprende al revisar ese pasado sobrecogedor es que ningún sistema político podía ser la imposición de la mitad de los españoles sobre la otra mitad, sino el que todos en conjunto decidieran.

La Constitución de Cádiz tiene vigencia, no porque todas las respuestas que ofreció sigan siendo válidas dos siglos después, sino porque lo son las preguntas que formuló. Son esas preguntas las que conviene no perder de vista dos siglos después de que se las hicieran un puñado de españoles acosados por el ejército más poderoso de aquel tiempo; no perderlas de vista ni en nombre de una tradición que pretende preservar las supuestas esencias de España ni tampoco en nombre de las siempre inciertas elucubraciones sobre el futuro.» [El País: “Las preguntas de Cádiz”, 19 de marzo de 2012]

LIBERALES Y SERVILES

En los tiempos de las Cortes de Cádiz nacieron los términos liberal y servil como sustantivos para nombres de partidos. Según varios investigadores, la voz de liberal, aplicada a un partido o a individuos, empezó a ser usada en Cádiz en 1811, es española en su origen y ha pasado después a Francia, a Inglaterra y a otros pueblos.

En 1810 apareció el vocablo liberal y, poco después, el escritor Eugenio de Tapia introdujo el término servil en una composición poética en la que separaba con una rayita la palabra servil, para darle un doble sentido: ser-vil.

 

La élite del país estaba dividida en cuatro grandes direcciones:

Los absolutistas pretendían la vuelta al Antiguo Régimen, borrando la Revolución Francesa.

Un grupo había acatado a José Bonaparte (José I) y consideraba que el mejor régimen para España era la imitación de la Francia napoleónica. Son los llamados afrancesados.

Los tradicionalistas renovadores querían reformar sin romper con la tradición. Buscaban la panacea de la reconstitución estatal en el respeto de los antiguos moldes de la Monarquía (ya fueran foralistas, ya centralizadores).

Los reformistas liberales, los más radicales de todos, combatían a los franceses como invasores, al mismo tiempo que creían en la oportunidad de la redacción de una Carta constitucional de corte revolucionario: intelectuales, curas de abolengo más o menos jansenista, grandes propietarios y parte de las clases medias de la periferia peninsular.

Pronto se formaron dos grandes tendencia en la cámara gaditana: Los libelares, partidarios de reformas revolucionarias, y los absolutistas (llamados despectivamente serviles – ‘seres viles’), que pretendían mantener el viejo orden monárquico. La prensa gaditana estuvo mayormente al lado de los liberales, que dominaron los debates en las Cortes, mientras que los púlpitos de las iglesias españolas estaban al servicio de la ideología absolutista. Aunque hay que reseñar que algunos clérigos apoyaron con fuerza las reformas políticas de Cádiz, entre ellos destaca Diego Muñoz Torrero, que fue miembro redactor del texto de la Constitución y una de las personalidades más relevantes del grupo liberal.

Muñoz Torrero era sacerdote, catedrático y político. Como diputado de las Cortes de Cádiz fue el principal artífice del fin de la Inquisición española y uno de los máximos defensores de la libertad de imprenta. El 24 de septiembre de 1810, en la jornada inaugural de las Cortes, Muñoz Torrero es el primer diputado en intervenir haciendo varias proposiciones revolucionarias de tipo liberal: La soberanía de la nación reside en el pueblo, separación de poderes, abolición de la Inquisición en España, libertad de prensa e inviolabilidad de los diputados.

La alta nobleza y la jerarquía de la Iglesia apenas estuvo representada en Cádiz, a causa de las dificultades de la guerra. Tampoco asistieron delegados de las provincias ocupadas, que eran la mayoría, y a los que se les buscó suplentes gaditanos. Predominaban en las Cortes de Cádiz las clases medias con formación intelectual, eclesiásticos, abogados, funcionarios, militares y académicos, así como miembros de la burguesía industrial y comercial.

No había representación alguna de las masas populares. Ni un solo campesino estuvo representado en la Asamblea de Cádiz. Tampoco hubo mujeres, al estar carentes todavía de todo derecho político.

El apoyo brindado por Inglaterra a España en la lucha contra Napoleón favoreció los propósitos de los liberales y favorecieron que las Cortes de Cádiz se entregaran a su causa.

Uno de los puntos fundamentales más discutido fue la controversia sobre la supresión del Santo Oficio y sobre el pasado de España. Esta discusión abrió un foso insalvable entre dos bandos: los llamados serviles y los liberales. El episcopado se opuso de forma tajante a admitir la supresión de la Inquisición.

El enfrentamiento de estas dos posturas ideológicas será la constante de todo el siglo XIX. Aunque los límites no fueron siempre nítidos ni estables, comenzará el enfrentamiento de lo que Antonio Machado llamó “las dos Españas”, que en última instancia llevaría a la Guerra Civil de 1936-1939.

 

Ya hay un español que quiere

vivir y a vivir empieza,

entre una España que muere

y otra España que bosteza.

Españolito que vienes

al mundo te guarde Dios.

una de las dos Españas

ha de helarte el corazón.