La regencia de María Cristina y Espartero (1833-1843)

Justo Fernández López


EL LIBERALISMO DURANTE EL REINADO DE ISABEL II (1833-1868)

A la muerte de Fernando VII, al ser menor de edad su hija Isabel II, comienza un período de diez años de Regencia, ejercida primero por su madre María Cristina entre 1833 y 1840. En 1840 tuvo que entregar la regencia al general Espartero, héroe de la guerra carlista, que instauró un gobierno progresista de tendencias dictatoriales (1840-1843).

El reinado de Fernando VII estuvo caracterizado por la lucha entre liberalismo y absolutismo, predominando el monarquismo absolutista. Durante el periodo isabelino (1833-1868) se consolida el régimen liberal o constitucional. Ahora la lucha no es entre absolutismo y liberalismo, sino entre las diferentes corrientes del liberalismo: el moderantismo o liberalismo moderado (1844-1854), que creía en una soberanía compartida entre las Cortes y la Corona; el progresismo (1854-1856) o liberalismo progresista, que sostenía que las Cortes era el único organismo depositario de la soberanía nacional; a finales del reinado de Isabel II surge un partido más avanzado que el progresista, el partido demócrata, partidario del sufragio universal.

Esta escisión del liberalismo llevó a la inestabilidad política durante el reinado de Isabel II. Ni María Cristina, regente durante la minoría de edad de su hija, ni Isabel II tenían el talento político suficiente para gobernar. Fueron los políticos moderados o progresistas los que llevaron los hilos del gobierno, turnándose en el poder con mucha frecuencia, lo que no dio estabilidad al sistema político. A la inestabilidad contribuyeron también los jefes militares que se saltaben la legalidad constitucional con sus continuos golpes de Estado, llamados pronunciamientos. Reflejo de la inestabilidad política de esta época son las cinco constituciones que se suceden durante el reinado de Isabel II (1834, 1837, 1847, 1854 y 1856). Cada cambio de gobierno iba acompañado de la correspondiente constitución, unas veces moderada, otras progresista o democrática según la alternancia en el poder.

 

Etapa de liberalismo moderado

1833-1840

 

Etapa de liberalismo progresista – general Espartero

1840-1843

 

Etapa de liberalismo moderado – general Narváez

1844-1854

 

Bienio progresista bajo el general Espartero

1854-1856

 

Unión Liberal del general O’Donnell – centrista – alterna en el poder con el partido moderado del general Narváez

1856-1868

 

Revolución la Gloriosa

1868

 

 

Tras la muerte del absolutista Fernando VIII en 1833, los verdaderos dueños de la política fueron los liberales, divididos en moderados y progresistas. La regente María Cristina (1833-1940) y la reina Isabel II (1843-1868) aproyaron siempre a los moderados, más conservadores. La única posibilidad de los progresistas de acceder al gobierno fue contando con la insurrección de los militares que presionaban a la Corona. La regencia del general Baldomero Espartero (1840-1843) fue progresista.

Otro factor que favoreció la consolidación liberal fue la formación de la Cuádruple Alianza entre Inglaterra, Francia, España y Portugal en 1834. Estos cuatro países eran los únicos con monarquía constitucional en Europa. Austria, Rusia y Prusia defendían políticas absolutistas. De esta manera los carlistas españoles, defensores del absolutismo, no obtuvieron nunca un amplio reconocimiento internacional.

Entre 1833 y 1840, los liberales estuvieron unidos por tener un enemigo común, el carlismo absolutista. Reorganizaron administrativamente el país en 49 provincias en 1833, desamortizaron los bienes de la Iglesia en 1836, saneando las arcas del estado y ampliando la base social del liberalismo puesto que la desamortización benefició a la vieja aristocracia terrateniente y a la burguesía ciudadana. A la nobleza no se le cuestionó su posición social, lo que le permitió aliarse con el ala moderada del liberalismo. La Iglesia y los campesinos fueron los que salieron perjudicados del proceso desamortizador. La Iglesia pierde recursos para seguir manteniendo sus prestaciones sociales: los hospitales, las casas de expósitos, las ayudas a los pobres, etc.

Se fue liquidando el Antiguo Régimen, pasando de una sociedad de estamentos, donde primaban los títulos, a una sociedad de clases, en la que lo importante era el poder económico. Aunque existían elecciones parlamentarias, únicamente tenían derecho al voto los que pudieran certificar ser “propietarios”. Hasta el final del reinado de Isabel II nunca votó más del 5 % de la población masculina, pues las mujeres quedaban excluidas. A partir de 1840, sin embargo, se empezó a exigir la implantación de sufragio universal masculino con independencia de la clase social.

En 1843 una oposición conjunta entre progresistas y moderados derriban el gobierno del general Baldomero Espartero, que ejercía la regencia dede 1840. Se le reprochaba un estilo de gobernar autoritario y militar. Las Cortes declaran a Isabel II mayor de edad y nombran jefe de gobierno al general Narváez, líder de los moderados. El dominio de los liberales moderados durará hasta el exilio de Isabel II en 1868. Este período moderado fue interrumpido solamente por el Bienio Liberal (1854-1856).

La Constitución de 1845 fue la más conservadora. Concedió amplios poderes al ejecutivo y a la Corona y restringía las libertades políticas. En 1844 se creó la Guardia Civil para proteger a personas y propiedades, tras las ocupaciones de las tierras provocadas por las leyes de desamortización. La Guardia Civil jugaría un papel importante en la erradicación del bandolerismo, pero hasta la muerte de Franco (1975) fue símbolo de represión.

En economía se unificaron los impuestos y, ya en 1868, se unificó la moneda con la peseta (del catalán peça ‘pieza’). Con la ayuda de capital extranjero se construyeron 5000 kilómetros de ferrocarril (entre 1855 y 1868), lo que contribuyó al desarrollo industrial de las ciudades: la minería de Andalucía, la industria siderúrgica del País Vasco y la industria textil de Cataluña. En educación se estructuró el sistema escolar público y gratuito.

El desarrollo del capitalismo provoca la proletarización de gran parte de la población. A partir del Manifiesto Comunista de Marx y Engels en 1848, van surgiendo los primeros movimientos obreros organizados. Pero las desamortizaciones llevadas a cabo durante el reinado de Isabel II dejó en desamparo a los campesinos, que no tenían dinero para comprar tierras en las subastas. Las tierras expropiadas a la Iglesia, así como las comunales, fueron compradas por nobles y burgueses urbanos adinerados. Los campesinos, que hasta entonces habían usado las tierras comunales para pastar o abastecerse de agua, leña, etc. se convirtieron en puros jornaleros.

Este proletariado campesino será caldo de cultivo para la propagación de las ideas anarquistas. Muchos campesinos tuvieron que buscar trabajo en las ciudades industrializadas, sobre todo en Cataluña. En este proletariado urbano prenderían también las ideas anarquistas. El anarquismo rural provocó acciones violentas y el urbano huelgas generales. El anarquismo se organizó a principios del siglo XX en un sindicato, dando origen al anarcosindicalismo con la creación del sindicato anarquista Confederación Nacional del Trabajo (CNT) en 1910. En 1879, el tipógrafo Pablo Iglesias había fundado el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), uno de los partidos obreros más antiguos de Europa (solo superado por el Partido Socialdemócrata de Alemania, fundado en 1875).

REGENCIA DE MARÍA CRISTINA DE BORBÓN (1833-1835)

Resumen

 

Gobiernos absolutistas y moderados.

Estalla la primera Guerra Carlista (1833).

El gobierno liberal de Martínez de la Rosa lleva a cabo una reforma política y administrativa:

Nueva Constitución y Estatuto Real (1834).

División administrativa de España en 49 provincias.

Recortes de la libertad de prensa y asociación.

Sufragio censitario.

Jefes de Gobierno: Cea Bermúdez, Martínez de la Rosa y conde de Toreno.

María Cristina entrega el gobierno a los liberales moderados y gobierna como Regente entre 1833 y 1840, año en el que tuvo que dejar la regencia en manos del general Espartero, héroe de la guerra carlista, quien instauró un gobierno progresista con tintes dictatoriales.

El período de Regencia de María Cristina está caracterizado por el desarrollo constitucional, las leyes de desamortización de los latifundios y la primera guerra carlista.

El 1 de octubre de 1833, Carlos María Isidro, hermano de Fernando VII, se autoproclama rey con el título de Carlos V y no reconoce a su sobrina Isabel como la nueva reina, ni a su madre María Cristina de Borbón como regente o "Reina Gobernadora", tal como lo había determinado el testamento del fallecido Fernando VII. Dos días después se produce el primer levantamiento carlista en Talavera de la Reina (Toledo). A lo largo de 1834 se incorporan a los carlistas militares profesionales y se forma un ejército carlista.

La reina madre y su esposo, el duque de Riánsares, al que se le atribuía gran poderío, formaban el grupo de presión en la corte de Isabel II. María Cristina, de un talento tan grande como su codicia, aprovechó la adolescencia y falta de cabeza de la reina Isabel II para adquirir gran predicamento en el Partido Moderado, a cuyos líderes siempre utilizó. Nunca dudó en aprovecharse de las disensiones entre los moderados y recurrir a los progresistas cuando le convenía. El pueblo la apodaba Rosita la Pastelera por sus habilidades para las componendas e intrigas, lo que ya entonces se llamaba el pasteleo, de pastelera (‘contemporizar por miras interesadas’). María Cristina y su marido participaron de la especulación bursátil con la deuda pública valiéndose de información privilegiada.

El gobierno de Martínez de la Rosa

María Cristina confirmó en su puesto a Cea Bermúdez para que continuara con la política de despotismo ilustrado que evitara los cambios políticos en profundidad que acabaran con los poderes absolutos del rey y con el "orden tradicional". El ministro de Fomento, Javier de Burgos, antiguo afrancesado, quería hacer reformas de más calado que desmantelaran restos del Antiguo Régimen sin cuestionar el poder de la Corona. Para ello hizo una nueva división provincial de España en 1833, base de la centralización del Estado liberal posterior. Cea Bermúdez dejó para la posteridad la división de España, por decreto de 30 de noviembre de 1833, en 49 provincias.

La sublevación carlista llevó a María Cristina, que nunca fue liberal, a pactar con los liberales, inclinando el fiel de la balanza del gobierno de Madrid hacia ellos, porque la única forma de mantener a Isabel II en el trono era vencer al carlismo y eran los liberales la única fuerza anticarlista.

Cediendo a los consejos del marqués de Miraflores, a las presiones de los capitanes generales de Cataluña y de Castilla la Vieja, y a las intervenciones de los embajadores francés y británico, la Reina Gobernadora aceptó la dimisión presentada por el inmovilista Cea Bermúdez.

El 15 de enero de 1834, María Cristina pone el gobierno en manos del liberal moderado Francisco Martínez de la Rosa, que junto con el ministro Javier de Burgos, pone en práctica un programa económico liberalizador: libertad de industria y supresión del monopolio de la actividad artesanal de los gremios; libertad de comercio. Eran medidas pensadas para lograr el apoyo al régimen de comerciantes, hombres de negocios y labradores.

El Estatuto Real del 19 de abril de 1834

Ante la amenaza carlista, la Regente tiene que atraerse a los sectores liberales para asegurar el futuro del trono. Pero era una contradicción el que una monarquía absoluta buscara el apoyo de los liberales que querían una monarquía constitucional. El proyecto del gobierno de Martínez de la Rosa fue iniciar una trancisión del absolutismo a un régimen representativo. Así surge el Estatuto Real de 1834 de carácter marcadamente conservador, puesto que la Corona mantenía un fuerte control.

El Estatuto no era una Constitución, pues no emanaba de la soberanía nacional sino de la soberanía real. Se trata de una Carta Otorgada, concedida por la voluntad de la Regente, en la que se conceden algunas reformas:

Establecía unas Cortes bicamerales formadas por la Cámara de Próceres, constituida por los Grandes de España y otros designados de forma vitalicia por el monarca, y la Cámara de Procuradores, elegida mediante un sufragio muy restringido: solo  los varones de más de treinta años que poseyeran una renta superior a doce mil reales anuales tenían derecho de voto. Estas Cámaras tenían funciones muy limitadas. El monarca mantenía importantes poderes: podía convocar y suspender Cortes cuando quisiera y cualquier ley, además de la aprobación de las Cámaras necesitaba el consentimiento del rey (derecho de veto).

El Estatuto provocó el rechazo de parte de los absolutistas y la división entre los liberales, que lo consideraban restrictivo, pues limitaba las personas con derecho a voto a un 0,13 por ciente de la población, con lo que carecía de base social.

Matanzas de religiosos en julio de 1834

Una terrible epidemia de cólera hace estragos en la capital. Se propaga el rumor de que los frailes habían envenenado las fuentes y los pozos de agua. Entre el 17 y 18 de julio de 1834, se producen asaltos a los conventos, 73 religiosos son asesinados. Una semana después de esta matanza de frailer, el discurso de María Cristina ante las nuevas Cortes fue recibido con frialdad. Se formó una fuerte oposición a la política de Martínez de la Rosa, pidiendo el reconodimiento de los derechos políticos de los españoles. El gobierno respondió con la disolución de las Cortes el 19 de mayo de 1835 y la dimisión de Martínez de la Rosa.

El gobierno del conde de Toreno – 9 de julio de 1834

Los carlistas del País Vasco y Navarra habían conseguido organizar un ejército bajo el mando del coronel Zumalacárregui. El 9 de julio de 1834, entró en España el pretendiente Carlos. En junio de 1835 tiene lugar el asedio de Bilbao en el que muere Zumalacárregui.

Ante la fuerte oposición del estamento de procuradores, la Regente intenta una política de apertura nombrando el 6 de junio de 1835 como jefe de gobierno al liberal Conde de Toreno, quien incluye en su gabinete a Juan Álvarez Mendizábal. El ministerio de Hacienda irá ahora a cargo de Juan Álvarez Mendizábal, liberal exiliado en Londres y próximo al ala liberal de los “exaltados” del Trienio Liberal.

Motines anticlericales en Cataluña en julio de 1835

En julio de 1835 se producen motines anticlericales en Cataluña, con quemas de conventos y asesinatos de frailes, seguidos de revueltas liberales y anticarlistas. Los motines se extienden por todo el país. Se formaron Juntas que asumieron el poder y exigieron la convocatoria de Cortes Constituyentes. 

Este amplio movimiento juntero provocó la caída del gobierno del Conde de Toreno el 14 de septiembre. Toma el mando del gobierno Juan Álvarez Mendizábal.

El gobierno de Mendizábal – septiembre 1835-mayo 1836

El nuevo gobierno de Mendizábal convoca elecciones a Cortes el 28 de septiembre de 1835. Las juntas se desmovilizan, pero siguen reclamando una convocatorio de Cortes constituyentes que establezcan los derechos y deberes fundamentales del pueblo español. Mendizábal disolvió las juntas, pero las integró en las diputaciones provinciales creadas por decreto.

En su programa de gobierno, Mendizábal se proponía garantizar los derechos y deberes del pueblo. Y como objetivo prioritario para restablecer el crédito público y poder acabar con la guerra fratricida, se propuso solucionar el problema de los monasterios y conventos, decretando la desamortización de todos los bienes de las órdenes religiosas ya que con el dinero obtenido por la venta de los mismos el Estado obtendría los recursos que necesitaba para saldar la deuda y ganar la guerra.

La Desamortización de Mendizábal comienza con el decreto de 19 de febrero de 1836 que declara bienes nacionales las propiedades de los conventos y monasterios. Bienes que serían puestos a subasta pública y cuya recaudación se destinaría a reducir la deuda pública. Por decreto del 5 y 9 de marzo de 1836, se suprimían todos los conventos y monasterios, y se legalizaban las exclaustraciones llevadas a cabo por las juntas. La Iglesia reaccionó rompiendo las relaciones con el Estado y unióndose muchos clérigos exclaustrados al bando carlista.

Otras reformas del gobierno de Mendizábal fueron la supresión normas e instituciones jurídicas del Antiguo Régimen, como la Mesta. Retomando la tradición del Trienio Liberal, convirtió la milicia urbana en Guardia Nacional y rehabilitó la memoria de Rafael Riego, que con su levantamiento había iniciado el Trienio Liberal (1820-1823) y había sido ajusticiado por orden de Fernando VII.

El estilo personalista y la acumulación de poder del Mendizábal, que además de la cartera de Estado, había asumido la de Hacienda, Guerra y Marina, provocó la oposición del Partido Moderado y de algunos procuradores que le habían apoyado en un principio. La nueva ley electoral de Mendizábal propugnaba la elección por provincias. Los procuradores se opusieron a esta ley, exigiendo la elección por distritos. Mendizábal reacciona disolviendo las Cortes el 27 de enero de 1836 y convocando nuevas elecciones en las que obtuvieron un rotundo triunfo los partidarios de Mendizábal, los “exaltados”, que formarían el Partido Progresista.

La desunión de los progresistas, los problemas financieros, la prolongación de la guerra y la disconformidad de la regente María Cristina con el proyecto de Mendizábal de nombrar para altos cargos militares a personas adictas al liberalismo, provocaron la caída del gobierno de Mendizábal en mayo de 1836. El 15 de mayo de 1836, María Cristina nombraba nuevo encargado del Gobierno a Francisco Javier Istúriz, antiguo progresista ahora próximo al moderantismo.

El gobierno de Istúriz – Motín de los sargentos de La Granja 1836

En su presentación ante las Cortes el 22 de mayo 1836, el gobierno de Istúriz salió derrotado. María Cristina disuelve por decreto las Cortes y convoca nuevas elecciones para julio, que supusieron un gran triunfo para el gobierno.

Los progresistas inician una serie de revueltas populares en diversas ciudades, extendidas por todo el país y acompañadas de conatos de insurrección de algunas unidades militares. El 26 de julio se subleba la milicia nacional de Málaga; el 28, la de Cádiz, y el 31, la Granada. En agosto se producen los levantamientos de Sevilla, Zaragoza, Huelva, Badajoz, Valencia, La Coruña.  El día 13 se pronuncia la milicia nacional en Madrid, con apoyo militar. En 1836, la expedición carlista del general Miguel Gómez Damas recorre España sin que el ejército puda impedirlo.

Todas estas revueltas llevaron al descrédito del gobierno y animaron a los “exaltados” opositores al gobierno. Se formaron juntas revolucionarias que reclamaron el restablecimiento de la Constitución de 1812. En ese contexto tuvo lugar el Motín de La Granja de San Ildefonso del 12 de agosto de 1836: un grupo de sargentos de la guarnición de Segovia y de la guardia real se sublevaron en el palacio de La Granja de San Ildefonso en el que se encontraba la regente María Cristina y la obligaron a reinstaurar la Constitución de Cádiz de 1812. Dos días después se estable un gobierno liberal progresista, presidido por José María Calatrava, con Juan Álvarez Mendizábal como encargado de la cartera de Hacienda. Era el triunfo de la revolución liberal.

La revolución de 1836 – gobierno de Calatrava (1836-1837)

El nuevo presidente José María Calatrava había sido diputado en las Cortes de Cádiz y ministro liberal exaltado en el Trienio Liberal (1829-1823) y represaliado durante la restauración del absolutismo.

El restablecimiento de la Constitución de 1812 puso al régimen del Estatuto Real y volvió a abrir el proceso de revolución liberal, iniciado en las Cortes de Cádiz, interrumpido en 1814 por el golpe absolutista de Fernando VII, retomado en el Trienio Liberal (1829-1823) y frustrado de nuevo por la intervención de los Cien Mil Hijos de San Luis en 1823. Volvieron a entrar en vigor las leyes y decretos de las Cortes de Cádiz y del Trienio Liberal y quedaba así abolido definitivamente el Antiguo Régimen en España.

Las nuevas Cortes, inauguradas en octubre de 1836, acometieron la tarea de reformar la Constitución de 1812 para adaptarla a los nuevos tiempos. Los progresistas tenían una amplia mayoría en la cámara, pero tenían que consensuar la reforma con el otro partido dinástuico, el Partido Moderado. Se aprobó una nueva Constitución, promulgada en junio de 1837, que inauguraba el Nuevo Régimen liberal. María Cristina, dándose cuenta de que la Constitución de 1812 era inaceptable para los moderados, inició un proceso de reforma de la Constitución de Cádiz, buscando el compromiso con los moderados mediante una serie de concesiones.

Constitución de 1837

El nuevo parlamento elaboró la Constitución de 1837, moderada, más precisa que la de Cádiz y más progresista que el Estatuto Real de 1834. Era la expresión de la inquieta minoría progresista (antiguos exaltados), que contaba con la adhesión de uns cuantos intelectuales, de varios jefes militares de alta graduación y de las masas del recién nacido proletariado industrial. Se buscaba el consenso entre los progresistas y los moderados. El gobierno intentó una conciliación de todas las posturas.

La Constitución de 1837 recogía los principales elementos del programa progresista: soberanía nacional, aunque sólo aparecía mencionada en el preámbulo pero no en el articulado; libertad de imprenta sin censura previa; milicia nacional; jurado para los delitos de imprenta.

Dos concesiones importantes hacía la nueva Constitución a los moderados: el bicameralismo (Congreso de los Diputados y Senado) y el reforzamiento de los poderes y prerrogativas de la Corona, que gozaba de la facultad de interponer el veto absoluto a las leyes. Otras cuestiones que separaban a progresistas y a moderados, como la amplitud del sufragio censitario, el funcionamiento de los ayuntamientos o el poder judicial, quedaron fuera de la Constitución para ser reguladas por leyes ordinarias. Algunos destacados miembros del moderantismo reconocieron el carácter conciliador de la nueva Constitución de 1837.

La Constitución de 1837, aunque fue obra de los progresistas, se trataba de un texto conciliador, que aceptaba la incorporación de algunos postulados del partido moderado, tales como la existencia de una Cámara Alta o que los miembros del Ejecutivo perteneciesen al Parlamento, en vez del unicameralismo y la división de poderes pura que establecía la Constitución de Cádiz. Los principios de la Constitución de 1837 se inspiraron en los de la Constitución de Cádiz, pero introdujeron una gama de matices diferenciadores propios.

Mientras que la Constitución de Cádiz proclama el principio de la soberanía nacional en su artículo tercero, la Constitución de 1837 lo trasladó al Preámbulo, fuera del articulado constitucional. La intención era que el principio de la soberanía nacional no debía convertirse en un precepto que invitase constantemente a modificar la Constitución. Instauraba una Monarquía constitucional, reforzando los poderes del Rey, pero subrayando el carácter limitado de la Monarquía, determinando la necesidad de refrendo ministerial para la eficacia de sus decisiones reales. Por otra parte, era el monarca quien nombraba y separaba libremente a los ministros del Gobierno. El monarca podía disolver las Cortes, cosa que no se contemplaba en la Constitución de Cádiz.

No se prohibían otras religiones. El Estado se comprometía a subvencionar al clero expropiado con las desamortizaciones. La Constitución no determinaba el tipo de sufragio, así que se aprobó una ley electoral que estableció el voto censitario masculino. Tenían derecho de voto: Los mayores contribuyentes (cuota impositiva mínima directa) y los varones de determinado nivel intelectual: miembros de las Reales Academias, profesores de la enseñanza pública, doctores, licenciados, curas párrocos (“capacidades”).

El gobierno de Calatrava ejerció entre agosto de 1836 y agosto de 1837, en que cae el gobierno de Calatrava debido a los reveses de la guerra, los apuros financieros para pagar los sueldos a los militares y funcionarios y a que los moderantistas, apoyados por la Regente, hostigaron al gobierno.

Vuelven del exilio los emigrados políticos liberales: Martínez de la Rosa, Alcalá Galiano, Alejandro Mon. Calatrava deja la presidencia del gobierno.

Trienio Moderado (1837-1840)

La regente María Cristina propuso como nuevo presidente del gobierno al general Espartero, que declinó el cargo porque quería primero terminar la guerra contra los carlistas. Tras la negativa de Espartero, María Cristina  encomendó la formación de un gobierno a Eusebio Bardají, diplomático ahora moderantista, que inmediatamente convocó elecciones para el 14 de septiembre de 1837, las primeras celebradas bajo la Constitución de 1837, que reservaba el derecho al voto a los “propietarios”.

Aunque el Partido Moderado obtuvo una amplia mayoría, la división de este partido en varias facciones llevó a la caída del gobierno de Eusebio Bardají, que fue sustituido el 16 de diciembre de 1937 por otro presidido por Narciso Heredia, conde de Ofalia, un declarado moderado. El gobierno de Ofalia tuvo que dimitir en septiembre de 1838 por los reveses de la guerra carlista. Entre el seis septiembre y el nuevo de diciembre de 1838,   el gabinete está presidido por Bernardino Fernández de Velasco, duque de Frías. El 9 de diciembre de 1838 ocupa la presidencia Evaristo Pérez de Castro, ministro moderado del Trienio Liberal (1820-1823). Pérez de Castro gobernará hasta el 27 de julio de 1840, el gobierno más largo del Trienio Moderado.

El "Abrazo de Vergara" y fin de la primera guerra carlista

El cansancio por la guerra y el agotamiento de los recursos provocó la división en las filas carlistas en el País Vasco y Navarra. Los "transaccionistas" no creían que podrían ganar la guerra y eran partidarios de llegar a un pacto con los cristinos,  encabezados por el general Rafael Maroto. Los "apostólicos" eran partidarios seguir luchando hasta el final, contaban con el apoyo del pretendiente Carlos María Isidro.

Entre los liberales se alzaron algunas voces en favor de la salida negociada a la guerra, como la del conde de Toreno en enero de 1838, que pedía que se concluyese la guerra por todos los medios.

A principios de 1839 estallaron las tensiones en el País Vasco y Navarra entre los “transaccionistas” y los "apostólicos". Son fusilados varios oficiales acusados de urdir un complot contra el general Maroto. En febrero el general carlista Maroto, a espaldas del pretendiente Carlos, toma contacto con el general Espartero, jefe del ejército cristino en el norte. En agosto, Maroto hace pública una propuesta para alcanzar un acuerdo, siendo destituido dos días después por Carlos. Con el apoyo del ejército carlista de Guipúzcoa y de Vizcaya, el 31 de agosto de 1839 Rafael Maroto firma un acuerdo con Baldomero Fernández Espartero, sellado días más tarde con el abrazo de los dos generales en Vergara (Guipúzcoa), lo que pasó a la historia como el “Abrazo de Vergara”. El ejército carlista se rendía y a cambio se garantizaba a sus oficiales el derecho a incorporarse al ejército de la Monarquía. Además, Espartero se comprometía a defender los fueros de Vizcaya, Guipúzcoa, Álava y Navarra ante las Cortes.

El pretendiente carlista Carlos María Isidro de Borbón desautorizó el Convenio  al que se opusieron también muchos de los carlistas de Álava y Navarra que no aceptaban la decisión del «traidor Maroto». La Primera Guerra Carlista había terminado. Unos 15.000 hombres huyeron a Francia y se unieron al ejército carlista, que en octubre de 1840 contaba con unos veinteséis mil refugiados.

Pronto un decreto confirmó los fueros a las provincias vascas mientras las instituciones de Vizcaya nombraban a Espartero diputado general y se adherían a la monarquía liberal. Espartero sería consagrado desde entonces como el indiscutible jefe del progresismo.

Los dos últimos gabinetes del Trienio Moderado (1837-1840)

El Trienio Moderado está caracterizado por la inestabilidad política, a pesar de que los gobiernos contaban con una cómoda mayoría de moderados en el parlamento, pero estos estaban divididos y enfrentados: unos aceptaban la Constitución de 1837, otros no. Por otra parte, los progresistas se sentían marginados.

La alternancia en el poder entre moderados y progresistas, prevista en la Constitución de 1837, se frustró cuando el gobierno moderado de Evaristo Pérez de Castro, tras la victoria electoral de los progresistas en las elecciones de junio de 1839, no dimitió sino que con la connivencia de la Regente primero suspendió las sesiones de las Cortes y luego las disolvió para convocar nuevas elecciones que en enero de 1840, bajo el pretexto de que era necesario «consultar la voluntad nacional» tras la victoria sobre el carlismo con el Abrazo de Vergara. Estas elecciones proporcionaron al gobierno una mayoría moderada.

La ruptura entre moderados y progresistas se agravó con un proyecto de Ley de Ayuntamientos que recortaba las competencias municipales y reservaba el nombramiento del alcalde al gobierno. De esta forma el alcalde "pasaba de ser el representante popular a delegado del poder central", socavando así el poder municipal y la influencia de los progresistas en las principales ciudades. La ley estaba pensada para debilitar los apoyos populares con que contaban los progresistas, que en las últimas elecciones habían conseguido la alcaldía de muchas ciudades.   La ley fue aprobada el 5 de junio sin admitir las enmiendas de los progresistas, que abandonaron la Cámara, cuestionando así la legitimidad de las Cortes.

Fin de la Regencia de María Cristina

La tensión entre el gobierno y muchos ayuntamientos fue en aumento. María Cristina se negó a anular la Ley de Ayuntamientos. El liberalismo moderado que apoyaba a María Cristina se derrumba y la Regente no recibe apoyo del ejército.

La Regente, con la oposición ciudadana, sin el decidido apoyo de los moderados y, sobre todo, sin apoyo militar, buscó un acuerdo con el hombre fuerte del ejército, el general Espartero, que se encontraba en Cataluña combatiendo contra el ejército carlista. La reina se trasladó a Cataluña con sus hijas para pasar el verano. A partir de este momento comenzó a perder autoridad y poder.

El general Espartero termina la guerra carlista con el “abrazo de Vergara”. María Cristina comienza a perder el apoyo de los liberales, que, aun sabiendo del escaso compromiso de la Regente con el liberalismo, se habían unido a ella por miedo al carlismo. Ahora tras la victoria del ejército isabelino, el peligro había desaparecido. El prestigio militar y político del general Espartero se acrecentaba cada día tras su victoria en la guerra carlista. Los progresistas comenzaron a agruparse alrededor de Espartero.

En Barcelona y Madrid se sucedieron los altercados entre moderados y progresistas, entre partidarios de la Regente y de Espartero. En esta situación María Cristina no consideró conveniente permanecer en una Barcelona regida por los progresistas y donde no había encontrado el apoyo que esperaba y se trasladó a Valencia. Espartero trató de aparentar que defendía a la Regente, con lo que el 22 de julio dictó un bando en el que declaraba el estado de sitio en Barcelona que fue levantado el 26 de agosto.

En agosto de 1840 la familia real se traslada a Valencia y María Cristina busca el apoyo del general O’Donnell. Se producen motines en Madrid. Los progresistas exigían un gobierno de progresista. A partir del 1 de septiembre de 1840 estallaron revueltas progresistas por toda España en las que se formaron "juntas revolucionarias" que desafiaron la autoridad del gobierno. En seguida se formó una Junta central presidida por el concejal del ayuntamiento de Madrid Joaquín María López, ex ministro del gobierno progresista de Calatrava y ex presidente de las Cortes elegidas en 1837.

El 5 de septiembre María Cristina ordenó desde Valencia al general Espartero que marchara a Madrid para acabar con la rebelión —conocida como la "revolución de 1840"— pero Espartero se negó y le pidió que firmara un manifiesto en el que se comprometiera a respetar la Constitución, a disolver las Cortes moderadas y a someter a las que fueran elegidas a la revisión de las leyes aprobadas en la última legislatura, entre ellas, se sobreentiende, la Ley de Ayuntamientos. La Regente cedió y entregó el gobierno al general Espartero el 16 de septiembre de 1840, "en la esperanza de frenar la marea revolucionaria que se había apoderado del país".

El general Espartero se dirigió a Madrid donde negoció con la Junta Central el final de la rebelión y a continuación viajó a Valencia para presentar a la Regente el gobierno que había designado el 8 de octubre y para exigirle que compartiera la regencia hasta la mayoría de edad de Isabel II. María Cristina, sintiéndose humillada, le comunicó al general su decisión de abandonar la regencia y de dejarle el cuidado de sus hijas, Isabel II y su hermana Luisa Fernanda de Borbón. El 12 de octubre de 1840 renuncia a la regencia y se embarca hacia Marsella y luego se estableció en París, desde donde conspiró contra Espartero apoyada por Luis Felipe de Orleans.

El general Baldomero Espartero se había convertido en un héroe nacional tras su victoria en la primera guerra carlista. La regente María Cristina no gozaba precisamente de prestigio ante el general. El testamento de Fernando VII prohibía a la viuda volverse a casar bajo pena de perder la regencia y la tutela de su hija Isabel II. Pero María Cristina se casó en macrimonio morganático secreto con Fernando Muñoz a los tres meses de enviudar, cosa que la Corona intentó ocultar. La viuda de Fernando VII se quedó embarazada siete veces desde 1833 (año de la muerte de Fernando VII), lo que complicaba mucho los actos de protocolo.

Un escrito que envió Espartero a la Regente decía: «Hay Señora, hay quien cree que Vuestra Majestad no puede seguir gobernando la nación, cuya confianza dicen ha perdido, por otras causas que deben serle conocidas mediante la publicidad que se les ha dado», en referencia al matrimonio secreto de María Cristina con Agustín Fernando Muñoz contraído tres meses después de la muerte de su esposo, el rey Fernando VII.

El baile de los generales

Las guerras carlistas desarrollaron una nueva mentalidad militar. Antiguos cadetes de academia, exguerrilleros, aristócratas, exseminaristas y suboficiales ascendidos por méritos conseguidos en las guerras independentistas americanas formaban un cuerpo heterogéneo. Les unía la lucha contra un enemigo común, el antiliberalismo, que estaba aliado con el clero. Esto les condujo a desarrollar una ideología anticlerical que les llevó a apoyar a los grupos progresistas. Los militares ostentaban poder frente a un gobierno civil incapaz de cumplir los plazos de suministros y pagas al ejército. En el verano de 1837 se amotinaron varios soldados llegando a asesinar a generales. El general Espartero, convertido ya en héroe popular por sus victorias contra los carlistas, se comprometió con el gobierno de Madrid a restaurar la disciplina en los ejércitos del norte si el gobierno pagaba puntualmente y atendía sus propuestas de ascensos por méritos. El gobierno aceptó y Espartero formó un “partido militar” en el norte para terminar con la primera guerra carlista. Los gobiernos dependían ahora del poder militar. Los gastos de la guerra les impedía emprender reformas económicas.

Terminada la primera guerra carlista, los militares se convirtieron en los protagonistas de la política nacional, el poder militar era superior al civil. Comienza el “baile de los generales” que abarca el reinado de Isabel II en el que tres generales, Espartero, Narváez y O’Donnell se fueron alternando en casi todos los gobierno, ejerciendo el liderato del poder político como presidentes, regentes o árbitros.

Espartero era liberal progresista, Naváez liberal moderado y O’Donnell centrista, fue el que demostró más capacidad de adaptación a la vida civil. Convencidos o no de sus ideas, nunca cambiaron de partido, pero siempre se sintieron más caudillos que políticos, y su actuación política fue más autoritaria que defensora del constitucionalismo.

Los “ayacuchos” fue el mote con el que los oponentes al general Baldomero Espartero designaban a los militares agrupados en torno a él y que formaban una "camarilla" que tuvo una notable influencia durante su regencia (1840-1843) y con el que compartían la orientación política liberal-progresista (entre otros: José Ramón Rodil, García Camba, Isidro Alaix, Antonio Seoane y el general Linaje, su secretario militar). El nombre proviene de que todos ellos habían participado en la Batalla de Ayacucho (1824) que puso fin a las guerras de independencia hispanoamericanas, aunque Espartero no llegó a participar en la batalla de Ayacucho, pues fue capturado al poco de desembarcar.

Se empleó también la expresión “espadón” para referirse a los militares que protagonizaron la vida política del reinado de Isabel II de España, de diferente orientación política. Son los “espadones” Espartero, Narváez, O'Donnell, Prim y Serrano.

Con Espartero comienza el “gobierno de los espadones”. Puesto que ni la Corona, ni los partidos, ni el pueblo tenían autoridad, alguien debía poner orden en el gobierno respaldándolo con las bayonetas del ejército. Así comienza con el general Espartero la carrera del militarismo romántico español. Comienzan los numerosos y a veces sangrientos pronunciamientos militares.

REGENCIA DEL GENERAL BALDOMERO ESPARTERO (1835-1843)

Resumen

 

Gobiernos progresistas.

Regencia de María Cristina de Borbón y el general Espartero.

Levantamiento revolucionario de los liberales progresistas exaltados en el verano de 1835 exigiendo derogar el Estatuto Real de 1834.

Disturbios y quemas de conventos.

María Cristina entrega las riendas del gobierno al progresista Juan Álvarez Mendizábal, que decreta la supresión del clero regular (órdenes religiosas) que no se dedicara a la sanidad o a la educación.

Mendizábal decreta la desamortización de bienes pertenecientes al clero y de manos muertas: tierras pertenecientes a los nobles y a los ayuntamitos.

Reinstauración de la Constitución de 1812, que reformada se convertirá en la Constitución de 1837, de carácter progresista: soberanía nacional, una sola cámara y sufragio censitario.

En 1840 el general Baldomero Espartero consigue la jefatura del Gobierno: enfrentamientos con la regente que terminan con la renuncia de María Cristina (1840). Las Cortes nombran regenge al general Espartero.

Causas del fracaso liberal: la oposición de los moderados, la falta de apoyo del ejército, las disensiones entre los liberales, la incapacidad política del general Espartero.

Jefes de Gobierno: Juan A. Mendizábal y Baldomero Espartero.

La segunda Regencia está dirigida por el general Baldomero Espartero (1840-1843). Espartero era el líder de la corriente progresista dentro del liberalismo. Espartero gozaba de enorme prestigio por haber contribuido al fin de la Guerra Carlista.

Espartero dio satisfacción a la principal reivindicación de los progresistas, que había motivado la “revolución de 1840”: suspendió la Ley de Ayuntamientos sancionada por María Cristina. El 1 de febrero de 1841 convocó elecciones a Cortes, que dieron una amplia victoria al Partido Progresista, debido en parte al retraimiento del Partido Moderado. La falta de una verdadera oposición al gobierno, esta fue asumida por parte del Partido Progresista.

En el debate en la Cortes sobre la regencia se produjo la división en el seno del Partido Progresista entre “unitarios” o “esparteristas” y “trinitarios”. Espartero tuvo que hacer frente a los partidarios de un regente único (unitarios) y a los partidarios de una regencia de tres personas (trinitarios) que, temerosos del enorme poder que iba a tener el general, proponían una regencia compuesta por tres personas, una de las cuales sería Espartero. Espartero es nombrado Regente por las Cortes por 179 votos, aunque el candidato “trinitario” Agustín de Argüelles consiguió el apoyo de 110 diputados, un resultado nada despreciable. Se había producido la primera fisura importante entre Espartero y el partido progresista.

Con una abrumadora mayoría progresista, las nuevas Cortes iniciaron una intensa labor legislativa. Desarrollaron la Constitución de 1837. El 19 de agosto de 1841 completó el proceso legal de desvinculación de los bienes nobiliarios en mayorazco. El 2 de septiembre de 1841 amplió la desamortización de Mendizábal a los bienes del clero secular, lo que llevó a la abolición definitiva del diezmo. Renovó la obligatoriedad del clero de jurar fidelidad al poder constituido. El proyecto de ley sobre jurisdicción eclesiástica empeoró las tensas relaciones del régimen isabelino con el Vaticano desde que el nuncio abandonó España en 1835. El papa Gregorio XVI protestó por la que consideraba injerencia del gobierno en materia eclesiástica. Se restableció la ley de imprenta progresista de 1837 lo que permitió ampliar notablemente la libertad de expresión de la prensa, incluida la que era crítica con el gobierno.

Espartero, como regente único, gobernó de forma autoritaria y con talante populista. Contó con la oposición de casi todos sus compañeros y de políticos como Salustiano Olózaga y Cortina. Las divergencias entre una parte del partido progresista y Espartero continuaron cuando, asumida la regencia, nombró presidente del gobierno a Antonio González González, un hombre que no era del agrado de los principales líderes progresistas.

Su gobierno concede puestos y honores a antiguos compañeros de armas, la camailla de los “ayacuchos”, que habían participado en la batalla de Ayacucho (1824) que puso fin a las guerras de independencia hispanoamericanas, aunque Espartero no llegó a participar en esa batalla, pues fue capturado al poco de desembarcar. Al favoritismo hacia los “ayacuchos” se sumaba el malestar por los retrasos en las pagas a los oficiales del ejército y las dificultades que tenían para promocionar y desarrollar su carrera militar. El Convenio de Vergara que daba fin a la primera guerra carlista permitía el ingreso en el ejército de los oficiales carlistas. El gobierno nopodía hacer frente al coste de un ejército con las plantillas infladas. Los gobernantes no se atrevían a llevar a cabo la necesaria reforma del ejército, que suponía una reducción drástica del escalafón.

Muchos progresistas se opusieron a la forma dictatorial y militar de gobernar de que hacía gala Espartero. De la izquierda del progresismo surgen los demócratas, de los que salieron los republicanos, procedentes del incipiente proletariado urbano. Los moderados siguieron conspirando, apoyados desde el exilio por Maria Cristina.

Pronunciamiento de 1841

Desde París la regente María Cristina organiza un pronunciamiento con la colaboración del Partido Moderado y protagonizado por los generales afines, encabezados por Ramón María Narváez y en el que también estaba implicado el joven coronel Juan Prim, a pesar de estar más cercano a los progresistas. Los implicados justificaban el pronunciamiento argumentando que la reina Isabel II estaba secuestrada por los progresistas y que, a través de su tutor Agustín de Argüelles, se estaban inculcando a la joven reina los ideales liberales progresistas. La madre de la reina, María Cristina, quería recuperar la tutela regia y controlar la educación de su hija.

El gobierno de Espartero tuvo conocimiento en septiembre de 1841 de los movimientos conspirativos y, ante la posibilidad de que la operación fracasase aún antes de empezar, el general O'Donnell se sublevó en Pamplona antes de tiempo. Aunque la operación fracasó, siguieron sublevaciones en otros lugares, pero falló la planificación.

El 7 de octubre tuvo el asalto al Palacio real para capturar a Isabel II y a su hermana y llevarlas al País Vasco para allí proclamar la tutoría y regencia de María Cristina y nombrar un gobierno presidido por Istúriz. Los generales Diego de León y Manuel de la Concha, con la complicidad de la guardia exterior, entraron en el Palacio Real. La operación resultó un absoluto fracaso por la contundente reacción de los alabarderos de la Guardia Real. El general Diego de León se entregó convencido de que Espartero no iba a fusilarle.

Espartero mandó fusilar a los generales Montes de Oca, Borso de Carminati y Diego de León, lo que causó un enorme impacto en gran parte del ejército y en la opinión pública, incluida la progresista. Pero la dura represión llevada a cabo por Espartero no acabó con la conspiración moderada, que continuó actuando a través de la clandestina Orden Militar Española.

El bombardeo de Barcelona

En diciembre de 1841 se celebraron elecciones municipales, en las que en algunas ciudades se produjo un ascenso notable de los republicanos, que exigían la supresión de la monarquía, la reducción del gasto militar y la reparto justo de las tierras. Surgía así un moviiento radical a la izquierda del Partido Progresista, reivindicando la república, el federalismo y una sociedad más igualitaria. Este movimiento republicano contaba con las sociedades obreras de ayuda mutua – la primera fue la de los tejedores en mayo de 1840. En 1842 las sociedades obreras ya se habían consolidado y mantenían un duro pulso con la patronal para mejorar sus condiciones de trabajo y sus derechos laborales.

El 28 de mayo de 1842 un voto de censura del mismo partido progresista derribó el gobierno de Antonio González. Se iniciaba el suicidio del progresismo. Los progresistas propusieron como candidato a un progresista puro: Salustiano de Olózaga, pero Espartero nombró al general “ayacucho” José Ramón Rodil y Campillo, miembro de su camarilla militar,  y un mes y medio después cerró las Cortes.

El 13 de noviembre de 1842, ante el anuncio de que el gobierno iba a firmar un acuerdo comercial librecambista con Gran Bretaña con rebaja de aranceles a los productos ingleses, estalló en Barcelona una insurrección a la que se sumó la milicia y en pocas horas la ciudad se llenó de barricadas. Las tropas gubernamentales se replegaron hacia el castillo de Montjuic. La Junta de los sublevados exigía: unión entre los liberales, destitución de Espartero y su gobierno, Cortes constituyentes y protección de la industria nacional.

Espartero se presentó en Barcelona para reprimir personalmente la insurrección. El 3 de diciembre de 1842 comenzó el bombardeo y al día siguiente la ciudad se rendía y entraba de nuevo el ejército. La represión ordenada por Espartero fue muy dura. Se castigó a la ciudad con el pago de una contribución extraordinaria de 12 millones de reales para sufragar la reconstrucción de la Ciudadela. Sisolvió la Asociación de Tejedores de Barcelona y cerró todos los periódicos salvo el conservador Diario de Barcelona. Con esta represión, Espartero perdió todo el apoyo social y político que había tenido tradicionalmente en Barcelona.

La crisis de mayo de 1843

En los primeros meses de 1843 se fue formando una heterogénea coalición contra Espartero a la que se fueron sumando todos aquellos grupos y sectores que rechazaban la política de Espartero y de su camarilla de los “ayacuchos”.

El 3 de enero de 1843, Espartero disolvió las cortes y convocó nuevas elecciones para marzo, a las que esta vez sí se presentaron los moderados. El Partido Progresista volvió a obtener la mayoría, pero estaba fragmentado en tres sectores y solo uno de ellos seguía apoyando a Espartero, los otros dos, los “legales” y los “puros” eran hostiles a Espartero.  La oposición “antiesparterista” tenía así la mayoría en la Cámara y forzó el nombramiento como presidente al líder de los progresistas “puros” José María López, que obtuvo el respaldo de la Cámara. El gobierno de José María López exigió a Espartero desmantelar la camarilla de los “ayacuchos” que respaldaba el caudillismo del general Espartero. La respuesta de Espartero fue destituir a José María López, cuyo gobierno sólo había durado 10 días, lo que desató la crisis.

El 19 de mayo Espartero nombró a Alvaro Gómez Becerra nuevo presidente del gobierno, pero en el Congreso los diputados votaron una moción de censura contra el Regente. El 26 de mayo las sesiones de las Cortes quedaron suspendidas.

El 27 de mayo se produjo un levantamiento en Reus encabezado por los militares cercanos al progresismo Juan Prim y Milans del Bosch al grito de “¡Abajo Espartero! ¡Mayoría [de edad] de la Reina!”. Se formó una Junta suprema de gobierno de la provincia de Barcelona en la que figuraban republicanos, progresistas y moderados. Poco después el general Prim hacía su entrada triunfal en la ciudad. La insurrección se extendió por el resto del territorio nacional, incluso en aquellos en los que predominaban los liberales moderados.

El 21 de junio Espartero se marchó a Valencia para dirigir las operaciones contra los sublevados. Pero  el 27 de junio desembarcaron allí procedentes del exilio en París tres generales afines al Partido Moderado -Ramón María Narváez, Manuel Gutiérrez de la Concha y Juan González de la Pezuela. El 27 de junio desembarcaba en Barcelona otro de los generales conjurados, el general Francisco Serrano, acompañado del político Luis González Bravo, progresista “legal”. Al día siguiente, el general Serrano se  autoproclama “ministro universal” y decreta la destitución del Regente y del gobierno de Gómez Becerra.

Fin de la regencia del general Baldomero Espartero

El general Serrano nombraba a Narváez capitán general, con la intención de evitar que en torno a él surgiese un poder político paralelo. La Junta de Barcelona asumió esta pretensión y nombró el 29 de junio a Serrano jefe de un ‘gobierno provisional’ que representaba el restablecimiento del viejo ministerio progresista, a cambio de que este aceptase, el programa de tres puntos de los revolucionarios barceloneses: Constitución de 1837, Isabel II y Junta central. Tras haber prometido en Barcelona todo lo que se le pedía, Serrano marchó a Madrid.

El 22 de julio de 1843 tuvo lugar cerca de Madrid la Batalla de Torrejón de Ardoz (Madrid), batalla campal entre las tropas del general Antonio Seoane, enviado por el general Espartero, y las tropas del mismo general Narváez para decidir quién de los dos sería el nuevo presidente del Gobierno en España. Al conocer la derrota en Torrejón de Ardoz, el general Espartero, que estaba combatiendo en Andalucía, decidió marchar al exilio.

El 30 de julio Espartero y sus hombres de confianza se embarcaban en el Puerto de Santa María en un buque británico rumbo a Inglaterra. Fue el fin de la regencia de Espartero.

Tras la victoria de Narváez y el partido moderado, comenzó la Década Moderada (1844-1854), que terminó con un nuevo pronunciamiento del general Espartero en 1854, dando comienzo al Bienio Progesista (julio de 1854 y julio de 1856).

La figura del general Baldomero Espartero

Hijo de un carretero de La Mancha, al estallar la Guerra de la Independencia (1808-14) abandonó la carrera eclesiástica y tomó las armas. Entre 1815 y 1824 estuvo destinado en América, donde combatió contra los independentistas. Aunque no participó en la decisiva batalla de Ayacucho, sus partidarios serían conocidos como los “ayacuchos” por la influencia que sobre sus ideas políticas tuvieron otros militares liberales de aquella campaña.

Al morir Fernando VII, se decantó por el apoyo a la causa de Isabel II y de la regente María Cristina, en virtud de sus convicciones constitucionales. Sus éxitos militares en la lucha contra la reacción absolutista en la Primera Guerra Carlista (1833-40) le llevaron de ascenso en ascenso.

Acostumbrado a la autoridad jerárquica militar, Espartero no logró gestionar el poder civil, basado en un régimen liberal constitucional y de partidos. El no podía compartir la autoridad con nadie. El «espadón» progresista se enemistó con muchos de sus partidarios, a causa de su modo de gobernar autoritario, personalista y militarista. Puso su prestigio al servicio de sus ideales políticos progresistas, pero, aunque se proclamaba liberal progresista, su relación en este partido fue más bien instrumental. Algunos autores lo califican como “el primer populista español” (Guerrero Latorre y otros 2004: 209).

Tras su regencia (1840-1843), reapareció en la vida política junto a Leopoldo O'Donnell, con quien compartió el liderazgo político durante el Bienio Progresista (1854-1856), años en los que fue presidente del gobierno. Tras el destronamiento de Isabel II (1868), Juan Prim le ofreció ocupar el trono de España, cargo que no aceptó. El rey Amadeo I le concedió el título de príncipe de Vergara. La I República le respetó sus títulos.

La ascensión social, desde un origen modestísimo, le llevó a ser conde, duque, grande de España y, finalmente, regente. Comenzó su ascenso militar en América, donde alcanzó en 1823 el grado de general. De América trajo una gran cantidad de oro, base de gran patrimonio, al que se sumó el considerable patrimonio de su esposa, Jacinta Martínez de Sicilia, hija única de un rico propietario y comerciante de Logroño. El matrimonio llegó a acumular una fortuna.

Espartero conservó siempre el espíritu del Antiguo Régimen, que se manifiesta en su afán de ennoblecerse. Fue conde de Luchana (1836), duque de la Victoria (1839) y príncipe de Vergara, con tratamiento de Alteza Real (1839). Falleció el 8 de enero de 1879 en Logroño.