Gobiernos socialistas de Felipe González (1982-1996)

Justo Fernández López


Gobiernos socialistas de González (1982-1996) - Resumen

 

 

Primera legislatura

1982-1986

Acaba la Transición democrática:

El 28 de octubre de 1982, victoria por mayoría absoluta del PSOE en las elecciones generales. Felipe González forma el primer gobierno socialista.

Objetivos del gobierno socialista: Generación de empleo, lucha contra la inflación, crecimiento económico.

Lucha contra el terrorismo (GAL); se completa el mapa autonómico; expropiación de RUMASA; inicio de políticas de reconversión industrial; Plan de Empleo Rural; política de reformas educativas; ingreso de España en la Comunidad Económica Europea (CEE); referéndum sobre ingreso en la OTAN.

 

 

Segunda legislatura

1986-1989

El 22 de junio de 1986, se celebran elecciones generales legislativas conjuntamente con las autonómicas de Andalucía. Felipe González vuelve a ganar, revalidando la mayoría absoluta obtenida en 1982 aunque con 18 escaños menos.

La Coalición Popular (más tarde Partido Popular) se consolidaba como la segunda fuerza política tras la desaparición de UCD.

Crecimiento económico y disminución del paro; pacto de Jauría Enea contra el terrorismo de ETA.

El 22 de febrero de 1988, entra en vigor el Real Decreto-ley que marca el ingreso de la mujer en las Fuerzas Armadas.

 

 

Tercera legislatura

1989-1993

El 29 de octubre de 1989, en las elecciones generales legislativas anticipadas, el PSOE se quedó a un diputado de la mayoría absoluta, aunque pudo seguir gobernando porque los diputados de Herri Batasuna se ausentaron durante toda la legislatura.

Conferencia sobre Oriente Próximo en Madrid.

Primeros casos de corrupción: caso Juan Guerra, hermano del Vicepresidente del Gobierno; dimisión del vicepresidente Alfonso Guerra.

1992: Olimpiadas de Barcelona y Expo de Sevilla.

 

 

Cuarta legislatura

1993-1996

El 6 de junio de 1993, se celebran elecciones generales anticipadas en las que el PSOE gana de nuevo, pero sin poder renovar la mayoría absoluta que tenía desde 1982.

Acuerdo parlamentario del PSOE con los nacionalistas catalanes y vascos para practicar una política de reajuste económico para posibilitar la superación de la crisis y la creación de empleo.

Crisis de relaciones Gobierno-PSOE.

Recesión económica.

Estallido de múltiples casos de corrupción, caso GAL, etc.

 

El 29 de enero de 1981, Adolfo Suárez dimite como presidente del Gobierno y le sucede Leopoldo Calvo-Sotelo, que había colaborado con él en la creación de Unión de Centro Democrático (UCD).  Agustín Rodríguez Sahagún le sustituye al frente del partido, luego de que Suárez presentara su dimisión ante el II Congreso Nacional. Tras la renuncia de Rodríguez Sahagún en noviembre, Calvo-Sotelo asumió también la jefatura del partido, de la que dimitió el 6 julio de 1982 para proponer como sucesor a Landelino Lavilla.

El 28 de julio de 1982, Adolfo Suárez abandona UCD, de la que fuera su presidente honorario desde enero hasta diciembre de 1981, renuncia a su escaño en el Congreso y el 31 de julio funda un nuevo partido, el Centro Democrático y Social (CDS), con el que concurrió a las elecciones generales de 1982, 1986 y 1989.

En 1982 la descomposición interna de UCD es total, se producen constantemente fugas de diputados que abandonan el grupo parlamentario del centro. El Gobierno no tiene más remedio que adelantar las elecciones generales al 28 de octubre. A comienzos de octubre se detecta otro intento de golpe militar. En este contexto se celebran las elecciones generales.

Primera legislatura de Felipe González (1982-1986)

El 28 de octubre de 1982, victoria apabullantes por mayoría absoluta del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en las elecciones generales. Felipe González Márquez sucede a Calvo Sotelo como presidente del Gobierno. El PSOE obtiene una rotunda victoria con más de 10 millones de votos (el 48,1%) y 202 escaños. El segundo partido, la conservadora Alianza Popular (AP) de Manuel Fraga Iribarne, conseguía 107 diputados, debido al espectacular descenso de Unión de Centro Democrático (UCD) que se quedaba con 11 diputados frente a los 168 conseguidos en la legislatura anterior. El Partico Comunista de España (PCE) obtenía solamente 4 diputados, tras la expulsión de los renovadores que se habían enfrentado al líder del partido Santiago Carrillo. Los nacionalistas vascos y calatanes mantenían sus posiciones. El nuevo partido de Adolfo Suárez, el Centro Democrático y Social (CDS), conseguía solo 2 diputados. 

La diversidad ideológica y el progresivo exceso de facciones dentro de Unión de Centro Democrático (UCD) condujeron a una crisis permanente en su seno. Tras dimitir Suárez como presidente del gobierno, en enero de 1981, Leopoldo Calvo-Sotelo, que había colaborado con él en la creación de la UCD, le sucedió un mes más tarde. Asimismo, en el transcurso de ese mismo mes, Agustín Rodríguez Sahagún le sustituyó al frente del partido, luego de que Suárez presentara su dimisión ante el II Congreso Nacional. Al poco tiempo, después de la renuncia de Rodríguez Sahagún en noviembre, Calvo-Sotelo asumió también la jefatura del partido, de la que dimitió el 6 julio de 1982 para proponer como sucesor a Landelino Lavilla, quien resultó elegido presidente de la UCD siete días más tarde. Los antiguos grupos se fueron separando: los democristianos, primero; los socialdemócratas de Francisco Fernández Ordóñez, después; y, finalmente, el propio Suárez (que lo hizo el 28 de julio de ese año 1982), abandonaron el partido.

Las elecciones de octubre 1982 supusieron un descalabro para la UCD (7,14 % de los votos y 11 diputados) frente a la victoria por mayoría absoluta del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) con el 48,1 % de los sufragios y 202 escaños). El 18 de febrero del año siguiente, la UCD se autodisolvió, siguiendo los trámites provistos por la Comisión Gestora creada ad hoc. El último presidente de la UCD, Landelino Lavilla, ya había presentado su renuncia en noviembre del año anterior.

González se convirtió en el primer socialista que alcanzaba la presidencia de gobierno tras 43 años y era la primera vez que un partido de izquierda accedía en solitario al gobierno. Las expectativas y las ilusiones eran muy altas. Diez millones de votantes dieron el apoyo al programa socialista de “cambio”, slogan electoral socialista, y al compromiso de crear 800.000 puestos de trabajo. Los socialistas obtienen la mayoría absoluta con un programa que simbolizaba la reconciliación nacional y la normalización de la vida pública. Felipe González imprimió a su gestión un marcado carácter socialdemócrata y europeísta, propugnando la apertura al exterior de España y su integración en diversos órganos supranacionales.

El liderazgo ejercido por Felipe González, secretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) se correspondió con una declarada vocación europeísta y un empeño modernizador difícil de negar. Sin embargo, la escalada de la corrupción, el incremento del desempleo, los titubeos en la redistribución de recursos y la crisis ideológica que atenazaba al pensamiento occidental en esos últimos años defraudaron muchas esperanzas.

Con su mayoría absoluta, el PSOE impuso en el Parlamento su programa íntegro con una política que la oposición calificó de “rodillo socialista”. Una serie de leyes elaboradas por sus gobiernos y por el grupo parlamentario socialista transformaron las estructuras jurídicas con el objetivo de adaptarlas a las nuevas circunstancias políticas y sociales.

Economía

Joaquín Almunia, nombrado ministro de Trabajo y Seguridad Social el 2 de diciembre de 1982 en el primer Gobierno de Felipe González, sobre la situación económica de España a finales de 1982, tras los primeros meses de legislatura socialista:

«Sabíamos que las dificultades eran enormes, pero teníamos las ideas claras de lo que había que hacer. En el primer mes cambiamos el esquema de la contratación temporal; revalorizamos las pensiones, subimos el salario mínimo y preparamos el proyecto de ley de reducción de jornada a 40 horas. En enero se firmó el Acuerdo Interconfederal.

La crisis era brutal; cuando llegamos al Gobierno se registraban 100.000 parados al mes; las cifras de parados en el Inem se multiplicaban cada día con jóvenes, con agricultores que se desplazaban de las áreas rurales a las ciudades y, además, con los españoles que volvían de la emigración. Estaba todo por hacer.

El gran ajuste económico, la reconversión, también la abordamos enseguida. Entre las elecciones del 28 de octubre y la toma de primeras decisiones salió mucho dinero de España de sectores que no estaban seguros de qué ibámos a hacer. Entre tanto, los sectores de la izquierda, sobre todo los organizados, como los sindicatos, pedían la redistribución de la riqueza, 'pero todavía no se podía, porque antes había que crearla. Y claro, los primeros años, casi todo fue ajuste y pocas alegrías. Ahora bien, las pensiones se revalorizaron cada ejercicio. Los pensionistas ganaron en poder adquisitivo cada año casi tres puntos; algo que no se ha hecho en los años del actual Gobierno, y eso que son tiempos de vacas gordas.» [“Recuerdos del primer Gobierno de Felipe González”, en El País, 22 de octubre de 2002]

La primero que hizo el gobierno socialista fue devaluar la peseta, controlar el déficit y hacer una reconversión industrial.

La siguiente fue la expropiación del holding RUMASA del empresario Ruiz Mateos para combatir la especulación económica y el fraude contable. La expropiación provocó una demanda por parte del antiguo propietario ante el Tribunal de Estrasburgo contra el gobierno español. La privatización fue precipitada y su gestión mala. El saneamiento de las empresas currió a cargo del contribuyente. Las empresas compradores obtuvieron grandes ganancias al comprar al Estado a bajo precio y vender las empresas al precio del mercado.

La reconversión industrial (proceso técnico de modernización de industrias) se llevó a cabo en la siderúrgica, en la industria naval y en el sector de electrodomésticos, lo que costó el puesto de trabajo a miles de trabajadores y empleados, en contra de la promesa electoral del PSOE de crear 800.000 puestos de trabajo. En 1985, el índice de paro llegaba al 22 %.

En diciembre de 1988, el Gobierno socialista tuvo que enfrentarse a una huelga general convocada por las dos centrales sindicales mayoritarias, UGT y Comisiones Obreras (CCOO), como  consecuencia de los ajustes económicos: contención de salarios  y Ley sobre la Reforma de las Pensiones de 1985. El PSOE, mayoritariamente, respaldó a Felipe González en sus posiciones. El triunfo socialista en las elecciones de octubre de 1989 reforzó su posición de liderazgo en la sociedad española y en el PSOE.

La relación entre el gobierno y los sindicatos se fue deteriorando como consecuencia de los ajustes económicos del gobierno socialista que mantuvieron una política de contención de salarios y que tuvieron como colofón la Ley sobre la Reforma de las Pensiones de 1985. El dirigente sindical ugetista Nicolás Redondo, entonces diputado socialista, no votó dicha ley. Ello aceleró la fractura entre el PSOE y la UGT y acentuó el enfrentamiento personal y político, finalizando en un modelo de convivencia socialdemócrata.

El Gobierno socialista llegó al poder cuando la economía española pasaba por su séptimo año consecutivo de crisis industrial. Una crisis atribuible a la subida de los precios del petróleo y que llevó en pocos años a situar la tasa del desempleo en el 17% de la población activa, viniendo de tasas del 4%. También la subida de precios se movía a ritmo de galope, con crecimientos anuales del 14% y el 15%. Eran los años en los que se acuñó el término 'estanflación'.

Carlos Solchaga formó parte en 1982 del equipo económico del primer Gobierno del PSOE: “Nosotros tuvimos muy en cuenta lo que en esos años estaban haciendo los socialistas franceses, que intentaron reactivar la economía con una política monetaria expansiva de bajos tipos de interés. También aumentaron el gasto público y emprendieron una serie de nacionalizaciones. El resultado no fue positivo, y sólo consiguieron destruir la confianza en su economía”.

Por eso el equipo económico del PSOE eligió otros derroteros. “Se trataba de sanear la economía para volver a crecer. Así, comenzamos con la devaluación de la peseta y optamos por una política monetaria restrictiva con altos tipos de interés. La tercera pata de este saneamiento era la reconversión industrial, que inició tímidamente la UCD. Esta reconversión de sectores como el siderúrgico y naval, y que se extendió al sector bancario (Banca Catalana, Rumasa, Hispano Americano), fue muy positiva en cuanto a la credibilidad que ganó el Gobierno del PSOE frente a los agentes económicos. Tanto inversores extranjeros como los empresarios españoles entendieron que el nuevo Gobierno era capaz de tomar medidas impopulares y hacer sacrificios en busca del beneficio general”.

La política de saneamiento dio frutos con prontitud. “La inflación bajó poco a poco para situarse en niveles del 8%, y el PIB empezó a crecer a tasas más elevadas. Además, se saneó la balanza de pagos, lo que supuso un fortalecimiento de la peseta frente a otras divisas”. Después de este proceso, y ya con la adhesión de España a la Unión Europea en julio de 1985, la economía española logró importantes crecimientos en torno al 5% anual.

Solchaga considera uno de los logros más importantes de las primeras legislaturas del PSOE hacer que el sistema fiscal funcionase para luchar contra el fraude. “Conseguimos que empezasen a pagar sus impuestos los agricultores propietarios, comerciantes, autónomos y profesionales liberales. En estos grupos de población había un elevadísimo fraude fiscal, frente a obreros y empleados que cumplían sus obligaciones con Hacienda. Los nuevos recursos captados constituyeron la base para la financión de la inversión pública hasta 1992 y para crear el Estado del Bienestar. Se fijaron las pensiones no contributivas, se extendió la sanidad a la totalidad de la población, se duplicó el gasto público en educación y se multiplicó por diez el dinero destinado a becas. Unas inversiones y unas mejoras muy importantes que lamentablemente no está siguiendo la actual Administración”, concluye. [“Recuerdos del primer Gobierno de Felipe González”, en El País, 22 de octubre de 2002]

El gran objetivo socialista, el cumplimiento de la promesa electoral anunciada acerca de la creación de ochocientos mil puestos de trabajo, se vislumbró como el primer gran fracaso del gobierno de Felipe González. Carlos Solchaga anunció la imposibilidad de cumplir dicha promesa.

Educación

En educación, el gobierno socialista intentó mejorar la calidad de la enseñanza pública y controlar la privada, que estaba en su mayoría en manos de comunidades religiosas. Esto provocó un enfrentamiento con la Iglesia Católica.

José María Maravall, que se hizo cargo del ministro de Educación en el primer Gobierno de Felipe González, recuerda que el departamento se le denominaba “monasterio de Educación, pues la subordinación de la enseñanza pública respecto a la enseñanza privada era tal, que en un 90% estaba controlada por la Iglesia. Por eso, uno de los primeros esfuerzos fue para rescatar a Educación de la supeditación a grupos de intereses poderosos. En aquella época era práctica habitual que representantes de esos sectores acudiesen al ministerio con los borradores ya redactados de órdenes ministeriales y de decretos, incluido el encabezamiento para su publicación en el BOE, a falta tan sólo de que el ministro pusiera la firma”.

Maravall se encontró al llegar a Educación con que no estaba aprobada ninguna de las leyes orgánicas de desarrollo de la Constitución en materia de enseñanza, por lo que la legislación era preconstitucional. “Así que una de las primeras cosas que hice fue crear dos equipos: uno para elaborar la Ley Orgánica de Derecho a la Educación, y otro para redactar la Ley de Reforma Universitaria”. Adoptó medidas para combatir la desigualdad de oportunidades. La primera medida legal fue un decreto de Educación Compensatoria, por el cual se proporcionaban más recursos a los estudiantes con menos rentas o con más necesidades educativas”. A propuesta suya y después de un fuerte debate con el entonces ministro de Economía, Miguel Boyer, “el Gobierno dedicó al Ministerio de Educación la mayor ampliación presupuestaria, y destinó 13.000 millones de pesetas a una subida salarial a los profesores para el año 1983”. [“Recuerdos del primer Gobierno de Felipe González”, en El País, 22 de octubre de 2002]

Política interior

El 1 de julio de 1985 se aprueba la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que reforma la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La reforma tenía como objetivo eliminar la posibilidad de que los jueces eligieran a parte de sus miembros, fomentando así el corporativismo. El CGPJ rige el sistema judicial y tiene como función velar por la garantía de la independencia de los jueces y magistrados frente a los demás poderes del Estado. Desde ahora los miembros del CGPJ serán elegidos por el Parlamento. El Título II, artículo 112, trata de la elección de vocales para el Consejo General del Poder Judicial:

El Título II, artículo 112 de la LOPJ, trata de la elección de vocales para el Consejo General del Poder Judicial: «los vocales del Consejo General del Poder Judicial serán propuestos por el Congreso de los Diputados y por el Senado. Cada cámara elegirá, por mayoría de tres quintos de sus miembros, cuatro vocales entre abogados y otros juristas de reconocida competencia con más de quince años en el ejercicio de su profesión. Además, cada una de las cámaras propondrá, igualmente por mayoría de tres quintos de sus miembros, otros seis vocales elegidos entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales que se hallen en servicio activo.» El Presidente será designado por el Pleno del CGPJ entre miembros de la carrera judicial o juristas de reconocida competencia. Los vocales no pueden ser removidos ni sustituidos ni cesados y no pueden ser reelegidos. Formalmente, son nombrados por el Rey de España. Parece que fue peor el remedio que la enfermedad, pues en el futuro las elecciones de los miembros del Consejo fomentó el chalaneo entre los partidos mayoritarios y, en alguna ocasión, llevó al bloqueo del Consejo.

Administración Territorial

Tomás de la Quadra asumió la cartera de Administración Territorial en el primer Gobierno de Felipe González, en plena vorágine autonómica. Estaba muy reciente la aprobación de los estatutos vasco, catalán, gallego, navarro, andaluz, riojano y cántabro, y se habían firmado los primeros pactos autonómicos entre la UCD y el PSOE. A él le correspondió negociar los demás estatutos, esto es, diez; decidir qué autonomías se decantaban por la vía rápida o la vía lenta; definir el nuevo modelo de financiación autonómica; establecer el Consejo de Política Fiscal y Financiera y afrontar el reto de los entes locales a través de la Ley de Bases de Régimen Local.

El gran diseño de la operación autonómica que emprendió ya estaba recogido en la Constitución y, por tanto, no tuvo que plantearse especiales improvisaciones. Confiesa que sólo tuvo dudas con la autonomía vasca y que procedía de la inquietud que generaban los líderes nacionalistas, que desde un principio dijeron que el Estatuvo era de 'mínimos', con lo que abrían incertidumbres de futuro.

No le cabe duda de que el Estado de las autonomías, tal y como lo define la Constitución y su desarrollo posterior, es una “operación generosa que fue más allá que la Segunda República”. Con los años, el primer ministro socialista de Administración Territorial se ha reafirmado en la importancia histórica de la operación autonómica en España como un hecho que ha quedado en el “subconsciente colectivo. “Incluso en la controvertida situación vasca, su autonomía es un referente que da respuestas en estos momentos de incertidumbre”, dice. [“Recuerdos del primer Gobierno de Felipe González”, en El País, 22 de octubre de 2002]

Terrorismo

José Barrionuevo fue ministro del Interior en el primer Gobierno de Felipe González: “Cuando acepté la propuesta de Felipe González tuvimos una conversación que dejó muy patente que en la II República un punto débil que contribuyó a truncar aquella experiencia democrática fueron los problemas de inseguridad ciudadana y de orden público, y que eso no podía ocurrirnos a nosotros. A comienzos de los años 80, ETA cometía más de 50 asesinatos al año. También tenían actividad terrorista los GRAPO, Terra Lliure, los Comandos Autónomos Anticapitalistas y el Exército Guerrilheiro do Pobo Galego Ceibe, y había brotes de violencia de extrema derecha”.

ETA recibió la victoria socialista con un atentado solo dos días después de conocerse los resultados. “El 18 de noviembre, varios etarras tirotearon en Rentería a un grupo de obreros, y murió uno de ellos. Cuando tomé posesión como ministro estaba secuestrado el industrial de Zumárraga Esteban Orbegozo. Ése fue el recibimiento que nos dio ETA. Entonces nos encontrábamos muy solos. Yo me alegro de las solidaridades que hay ahora, de la judicatura, de los medios de comunicación. Solidaridades que muestran personas que entonces nos la negaron a nosotros, que decían que éramos muy intransigentes y que debíamos dialogar con los nacionalistas”.

Hacen su aparición los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), agrupaciones parapoliciales que practicaron lo que se ha denominado terrorismo de Estado o «guerra sucia» contra la organización terrorista vasca ETA y su entorno. Los GAL estuvieron activos entre 1983 y 1987, durante los primeros años de los Gobiernos de Felipe González. Durante el proceso judicial contra esta organización fue probado que fue financiada por altos funcionarios del Ministerio del Interior, lo que provocó el «escándalo de los GAL».

Política EXTERIOR

España mejora las relaciones con Francia, Portugal y Marruecos, los tres países vecinos. El gobierno socialista reconoce el estado de Israel. Se abre la verja con Gibraltar.

El 12 de junio de 1985, España firma el Acta de Adhesión de España a las Comunidades Europeas, un tratado por el que España ingresó en la Comunidad Económica Europea —en la actualidad la Unión Europea— y que fue firmado el 12 de junio de 1985 en el Salón de Columnas del Palacio Real de Madrid para entrar en vigor el 1 de enero de 1986. El Tratado de Adhesión de España a la Comunidad Económica Europea (actual Unión Europea, UE) acababa con el secular aislamiento internacional y propiciaba la integración económica y política en la Europa desarrollada. España era admitida como miembro de la Comunidad Económica Europea. Las condiciones negociadas favorecían a algunos sectores y perjudicaban a otros.

El 1 de enero de 1986 entra en vigor Tratado de Adhesión de España a la Comunidad Económica Europea por el que España ingresó en la Comunidad Económica Europea (CEE), hoy Comunidad Europea (EU). El Acta de Adhesión de España a las Comunidades Europeas había sido firmada el 12 de junio de 1985 en el Salón de Columnas del Palacio Real de Madrid.

Fernando Morán, primer socialista ministro de Asuntos Exteriores, entre diciembre de 1982 y julio de 1985, cuenta cómo vivió aquella fecha histórica: “El primer Consejo de Ministros adoptamos decisiones de envergadura, desde una devaluación, leve, de la peseta, hasta la apertura de le verja de Gibraltar a peatones, más el relanzamiento de los grandes asuntos europeos desde Bruselas, adonde viajé con instrucciones del Gobierno para fijar posiciones con respecto a la OTAN. Habíamos discutido y pensado en no denunciar la adhesión, mantenernos dentro de ella pero sin integrarnos en el aparato militar. Aún no estaba decidido si someterlo a referéndum, cosa que se hizo posteriormente, cuando yo ya no era ministro”. [“Recuerdos del primer Gobierno de Felipe González”, en El País, 22 de octubre de 2002]

El ingreso de España en la OTAN fue un tema polémico. El PSOE había prometido en su programa electoral un referéndum sobre el tema y había declarado su posición con el ambiguo lema de “OTAN, de entrada no”, lo que no significaba claramente ‘no a la entrada en la OTAN’, sino ‘¿entrada en la OTAN?, por de pronto, y como primera respuesta, no’. La sociedad española se inclina a favor de la neutralidad y el Gobierno pospone el tema.

En 1984, González pedía un referéndum pidiendo el sí al ingreso en la OTAN. Condiciones: sin la integración militar y sin almacenamiento de material nuclear en territorio nacional. Pero la convocatoria tardaría aún dos años.

El 12 de marzo de 1986, Felipe González planteó la celebración de un referéndum para la incorporación de España en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Mientras que la opinión pública española se debatía entre la conveniencia de pertenecer a la Comunidad Europea, el 12 de marzo de 1986 se celebró el tan ansiado referéndum sobre la pertenencia española en la OTAN.

El PSOE había pasado en cuatro años de propugnar "OTAN, de entrada, no" a solicitar la confianza de los ciudadanos para permanecer en ella, puesto que la cuestión se había mostrado como indisoluble al ingreso de España en la Comunidad Europea. González hizo campaña bajo el lema «o yo o el caos». Con una abstención cercana al 40%, una exigua diferencia del 13% otorgó el triunfo a la opción socialista mayoritariamente, excepto en Cataluña, País Vasco y Canarias. Los ataques de la oposición, encabezados por Manuel Fraga (recomendando la abstención) y Julio Anguita (recomendando el rechazo), fueron brutales. Además, el triunfo de la línea felipista fue negociada con Washington (previa apertura hispana de relaciones diplomáticas con Israel) para lograr la plena incorporación del país ibérico a la Organización, y no sin entrar en las estructuras militares (como fue la cuestión preguntada en el plebiscito).

Sus triunfos electorales propiciaron un liderazgo indiscutible en el PSOE y se convirtió en el eje de todos los debates políticos habidos en el socialismo español. Ante este coyuntura favorable, González adelante las elecciones generales unos meses.

Segunda legislatura de Felipe González (1986-1989)

El 22 de junio de 1986, se celebran elecciones generales legislativas conjuntamente con las autonómicas de Andalucía. El gobierno de Felipe González las vuelve a ganar con el 44 % de los votos y 185 diputados, revalidando así la mayoría absoluta obtenida en 1982 aunque con 18 escaños menos. La Coalición Popular (más tarde Partido Popular) se consolidaba como la segunda fuerza política tras la desaparición de UCD. El crecimiento del nuevo partido de Suárez, el Centro Democrático y Social (CDS) fue espectacular, obtenía 19 diputados. Los nacionalistas radicales vascos obtenían 5 escaños. Había dos nuevas formaciones nacionalistas moderadas: AIC (Agrupaciones Independentistas de Canarias) y CG (Coalición Gallega).

Felipe González ha adquirido un gran prestigio internacional y es considerado junto al canciller alemán Helmut Kohl y al presidente socialista francés François Mitterrand uno de los motores de la unidad de Europa.

Economía

La “cultura del pelotazo” (creación de riqueza mediante la especulación y la corrupción política): Tras el ingreso de España en la CEE (Comunidad Económica Europea), el capital extranjero comienza a invadir España comprando empresas españolas, cuyos propietarios obtienen con la venta grandes beneficios que dedican a inversiones especulativas en bolsa y a hacer negocios no siempre legales. Fue lo que se llamó la “cultura del pelotazo”.

En este ambiente de “pelotazo”, surgen los primeros escándalos financieros: el de Javier de la Rosa y el de Mario Conde con el “caso Banesto”.

Javier de la Rosa ingresó, en 1971, en el Banco Pastor como adjunto a la dirección. Pasó luego por el Banco Urquijo, antes de incorporarse al Banco Español de Crédito (Banesto). En 1976, fue nombrado director general del Banco Garriga Nogués, filial de Banesto en Cataluña. En 1986 estalló un escándalo financiero, el banco tenía un agujero de casi 100 000 millones de pesetas. Fue condenado y cumplió condena en la prisión Alcalá Meco de Madrid. Allí compartió módulo con Mario Conde. Tras 20 años de litigio, en verano de 2011 fue absuelto por la Audiencia de Barcelona. La absolución del caso Hacienda zanjó los pleitos pendientes que De la Rosa tenía con la justicia.

Mario Conde fue presidente del Banco Español de Crédito (Banesto), a los treinta y nueve años de edad. La historia de Mario Conde al frente de Banesto se enmarca en la España de la cultura del 'pelotazo'. Tras llegar a la cumbre del mundo financiero, y ser un ejemplo para los estudiantes y empresarios de la época, el banquero fue condenado por estafa. Su carrera empresarial se vio truncada en diciembre de 1993 por el escándalo financiero conocido como “caso Banesto”, por el que fue condenado por el Tribunal Supremo. El banquero ingresó en prisión el 23 de diciembre de 1994; el juez le imputa los delitos de estafa y apropiación indebida, por un importe de 7.000 millones de pesetas. A partir de 1994, Mario Conde tuvo que hacer frente a varios procesos judiciales. Entretanto en 2000 realizó una incursión política, al presentarse a las elecciones generales del 2000 bajo las del Centro Democrático Social (CDS) consiguiendo 23.576 votos. Fue condenado a 10 años de cárcel, recurrió la sentencia al tribunal Supremo y éste duplicó la pena a 20 años.

En esta segunda legislatura socialista, la situación económica fue mejorando gracias al control de la inflación. Pero el gobierno de González cosechó un fracaso al no poder resolver el problema del paro.

El 15 de diciembre de 1988, el Gobierno socialista tuvo que enfrentarse a una huelga general convocada por las dos centrales sindicales mayoritarias, Comisiones Obreras (CC.OO.) y Unión General de Trabajadores (UGT), como  consecuencia de los ajustes económicos: contención de salarios  y Ley sobre la Reforma de las Pensiones de 1985. La huelga fue convocada contra una importante reforma en el mercado laboral, abaratando el despido e introduciendo los contratos temporales para los jóvenes trabajadores. Se convirtió en una movilización general del descontento con la política económica del gobierno socialista de Felipe González en su base social ante las continuas reformas en beneficio de la patronal. Tuvo un seguimiento masivo (ocho millones de personas, el 90% de la población activa de entonces) y el país quedó paralizado durante 24 horas, obligando al gobierno a negociar con los sindicatos. Felipe González recibió su primer gran golpe político. La reforma prevista fue retirada y se incrementó el gasto social. El PSOE, mayoritariamente, respaldó a Felipe González en sus posiciones. El triunfo socialista en las elecciones de octubre de 1989 reforzó su posición de liderazgo en la sociedad española y en el PSOE.

Tercera legislatura de Felipe González (1989-1993)

El 1 de enero de 1989, España asumió, por primera vez, la presidencia de turno en la Comunidad Europea. A lo largo de seis meses, el Gobierno y la Administración aumentaron su actividad en Bruselas. El 26 y 27 de junio de 1989, se celebró la cumbre en Madrid, en la que se aprobó la primera fase de la unión monetaria y todos los países miembros se comprometieron a llevar a buen fin el proceso destinado a crear una moneda única y un banco central.

Las expectativas eran grandes y, al final, la presidencia de la Cominidad Europea fue un éxito personal del presidente Felipe González, que para poder capitalizar el V Centenario del Encuentro de dos Mundos en 1992, adelanta otra vez las elecciones legislativas. Las elecciones fueron anticipadas nueve meses, ya que debían haberse celebrado el domingo 22 de julio de 1990.

El 29 de octubre de 1989, se celebran las elecciones generales legislativas en las que Felipe se quedó a un diputado de la mayoría absoluta, con 175 escaños (la mitad exacta del Congreso), aunque le fue posible seguir gobernando porque los diputados de Herri Batasuna se ausentarion durante toda la legislatura. El Partido Popular (PP) se presentaba a estos comicios, tras su refundación de ese mismo año, con un nuevo candidato, José María Aznar y con la intención de superar el “techo electoral” de Fraga, pero apenas logró modificar sus resultados anteriores. Izquierda Unida (IU), nueva coalición propiciada por el PCE, avanza y obtiene 17 diputados. Aparece un nuevo partido vasco, Eusko Alkartasuna (EA), producto de la escisión del PNV, y obtiene dos diputados.

El año emblemático de España fue 1992. Fue el año de la Exposición Universal de Sevilla, del V Centenario del Descubrimiento de América y de los Juegos Olímpicos. Todos estos acontecimientos llevaron la imagen de España hasta el último rincón del planeta; una imagen de modernidad y saber hacer que eclipsó, la tradición de toros y cante y apartó de los titulares los escándalos.

En 1992  se celebró el IV Centenario del Descubrimiento de América. Al igual que aconteció en 1892 con la Celebración del IV Centenario del Descubrimiento de América, el año 1992 fue epicentro de la Celebración del V Centenario del Descubrimiento de América concentrando gran número de actos conmemorativos y debates sobre el significado y consecuencias del acontecimiento. En 1992 se cumplía también el aniversario de la conquista del Reino de Granada por los Reyes Católicos y el de la expulsión de España (Sefarad) de los judíos no conversos que se dispersaron por toda la costa mediterránea.

En este mismo año de 1992, se conmemoraba también la publicación de la primera gramática de la Gramática de la lengua castellana de Elio Antonio de Nebrija (1441-1522), humanista y gramático español. Su carácter innovador reside en haber escrito la primera gramática normativa que se conoce. Las razones de su elaboración son políticas: entiende que la lengua debe ser elemento identificador de un pueblo y vínculo que una a sus gentes, por eso “debe llevarse en expansión” a cuantos pueblos “acudan las fuerzas militares”. El libro está dedicado a la reina Isabel I la Católica.

Entre el 20 de abril y el 12 de octubre de 1992  tuvo lugar la Exposición Universal de Sevilla 1992, conocida popularmente como "Expo'92" o "la Expo". La mascota oficial de la Expo 92 se llamó Curro, un simpático pájaro de pico y cresta multicolor. Al término de la Exposición Universal las infraestructuras se han aprovechado para reconvertirlas en un parque tecnológico llamado Cartuja 93 y un parque temático llamado Isla Mágica, además de usos administrativos, universitarios y de equipamiento para la ciudad.

Entre el 25 de julio y el 9 de agosto de 1992, se celebran en Barcelona los XXV Juegos Olímpicos de 1992,  oficialmente denominados Juegos de la XXV Olimpiada. Fueron los primeros Juegos desde Múnich 1972 en los que no se produjo el boicot de ningún país. La vuelta a unos Juegos Olímpicos de Sudáfrica tras el fin del apartheid, de Cuba que no lo hacía desde la edición de Moscú 1980 y la de la Alemania reunificada fueron los regresos más reseñables. Fue también la última edición en que las ex repúblicas soviéticas participaron bajo la misma bandera.

Economía

La economía española sufrió las consecuencias de la recesión económica de comienzos de los años noventa, a la que contribuyó la receción en Alemania, que tuvo que cargar con los gastos de la reunificación.

La Olimpiada de Barcelona fue todo un éxito de organización y la ciudad aprovechó este evento para renovar y modernizar todo el entorno urbano. La Exposición de Sevilla ya no lo fue tanto, pues, pese a las inversiones en la Isla de la Cartuja y la construcción de la primera vía férrea del AVE (Alta Velocidad Española), no logró elevar el nivel económico de la región sur de España. La Expo 92 de Sevilla tuvo sus defensores y sus detractores. Años más tarde, el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) convocó una protesta en el que fuera recinto de la Expo 92, bajo el eslogan Queremos curro, para manifestar su rechazo a "un evento que simbolizó una economía especulativa y la falsa modernización de Andalucía". Aquel evento "vino acompañado de promesas de desarrollo, riqueza y empleo y supuso un enorme despilfarro de dinero público y un inmejorable motor para la especulación inmobiliaria a nivel local". Ese tipo de "episodio se ha venido repitiendo desde entonces con grandes obras como el Estadio Olímpico o la Torre Pelli". Según el SAT, esta "economía de casino nos ha llevado a la situación actual [2012] de crisis".

En 1993, en España aumentaba el paro con el 24 % de la población activa (había 3 millones de parados), la inflación alcanza casi el 5 % y el déficit llega al 6 % del PIB.

Pero fueron dos acontecimientos dentro del partido socialista los que empezaron a debilitar el gobierno de Felipe González: afloramiento de casos de corrupción y divisiones dentro del partido socialista.

Disidencias dentro del PSOE y el “caso Guerra”

Felipe González era el presidente del Gobierno y Alfonso Guerra, el vicepresidente. En el partido, González era el secretario general y Guerra el vicesecretario. Alfonso guerra se dedicaba a mantener la comunicación entre el Gobierno y el partido, mientras González estaba muy centrado en la política internacional y debaja relativa autonomía y mano libre a los ministros.

Surge el primer escándalo, protagonizado por el hermano del vicepresidente del Gobierno, Juan Guerra. Alfonso Guerra era diputado por Sevilla, donde mantenía un despacho oficial y su hermano Juan Guerra ejercía en ese despacho como secretario. Pero se afirmó que Juan Guerra utilizaba el despacho oficial de su hermano e incluso su nombre para negocios particulares con alcaldes para recalificar terrenos y lograr así pingües ganancias. La historia de Juan Guerra es la de un parado que, en solo ocho años, llegó a reunir un impresionante entramado de empresas con el único mérito de su parentesco fraternal con uno de los más altos dignatarios del PSOE, utilizando un despacho oficial, un sueldo pagado por el partido y toda clase de impunidad. El PSOE cerró filas a favor de su vicepresidente del gobierno, impidiendo la formación de comisiones de investigación para determinar las supuestas responsabilidades políticas de Alfonso Guerra en el crecimiento económico de su hermano, del que aseguraba no tener ninguna noticia de sus acciones en la Delegación del Gobierno de Sevilla.

«Me fui después de que estallara el llamado caso Juan Guerra. Yo viví todo aquello como lo que era: una operación montada en la que participó mucha gente, desde partidos políticos, medios de comunicación, sectores bancarios y algún sector diplomático también. Yo era perfectamente consciente de que era una operación montada. No dejé de estar seguro de lo que representaba: todo era una gran mentira fabricada. Del caso no quedó nada absolutamente, pero, por supuesto, me permitió sacar a relucir lo peor de la derecha española, financiera, política y mediática. Dentro del partido también, lógicamente, se empezaron a mover algunas aguas contra mí.» [Alfonso Guerra]

El hermano de Alfonso Guerra, Juan Guerra, fue juzgado por cohecho, fraude fiscal, tráfico de influencias, prevaricación, malversación de fondos y usurpación de funciones, de los que fue finalmente absuelto en su mayoría y que supuso uno de los mayores juicios mediáticos del país. Todo quedó en agua de borrajas, pero fue utilizado por la prensa enemiga de los socialistas y por algunos miembros del partido socialista.

El caso Guerra salpicaba así al vicepresidente del Gobierno. Diferentes personalidades socialistas dentro del partido comienzan a socavar el poder que ejercía Alfonso Guerra dentro del partido y a quitarle el control. Por el controt del partido luchan gurristas y renovadores.

En 1991 dimite Alfonso Guerra como vicepresidente del Gobierno y le sustituye en el cargo Narcís Serra, que era ministro de Defensa. Alfonso Guerra mantiene su puesto como vicepresidente del partido, de modo que la lucha continuará toda una década. La lucha entre los diversos sectores del partido por lograr parcelas de poder terminará en el Congreso de 2000.

Los GAL

La oposición de derechas en el Parlamento no lograba ningún medio contundente para desbancar a González del Gobierno. Es la prensa la que empieza una campaña de acoso al gobierno de González destapando casos de corrupción. Uno de los más sonados fue el de los GAL.

Los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) fueron agrupaciones parapoliciales que practicaron lo que se ha denominado terrorismo de Estado o «guerra sucia» contra la organización criminal ETA y su entorno. Estuvieron activos entre 1983 y 1987, durante los primeros años de los Gobiernos de Felipe González. La investigación periodística sobre los GAL se inició en 1987 en el periódico nacionalista vasco Deia y prosiguió en Diario 16 en 1989. Pedro J. Ramírez, despedido de Diario 16, crea El Mundo, en el que prosigue las investigaciones sobre las fuentes de financiación e implicaciones políticas de los GAL. Durante el proceso judicial contra los GAL quedó probado que la organización fue financiada por altos funcionarios del Ministerio del Interior.

El entonces ministro del Interior, José Barrionuevo Peña, fue condenado en 1998 a diez años de prisión. Desde 2004 está en libertad definitiva. Rafael Vera Fernández-Huidobro, secretario de Estado para la Seguridad del Gobierno de Felipe González entre 1986 y 1994, fue condenado en julio de 1998 por delito de secuestro y malversación de caudales públicos en relación con el grupo terrorista GAL.

El expolicía José Amedo fue sentenciado en 1991 a 108 años de cárcel por seis delitos de asesinato frustrado, asociación ilícita, falsificación de documentos de identidad y otros delitos relacionados con los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL). Más tarde, en un libro, Amedo revela la supuesta connivencia entre el juez Baltasar Garzón, director del diario El Mundo, Pedro J. Ramírez, y el entonces secretario general del Partido Popular, Francisco Álvarez-Cascos, con el visto bueno, siempre según el libro, de José María Aznar, para resucitar judicialmente el caso Gal y echar al PSOE del poder. González nunca ha sido acusado formalmente ante un tribunal por estos hechos.

Al principio la prensa involucró en el escándalo de los GAL a funcionarios policiales, pero tirando del hilo se fue viendo que todo apuntaba a la implicación de altos cargos políticos. En la siguiente legislatura socialista, el caso de los GAL fue una espada de Democles que pendía sobre el Gobierno de González.

Los escándalos que salpicaban al Gobierno de Felipe González, tales como la organización de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), el despilfarro del dinero público o los escándalos detectados en la cúpula del Banco de España y la Guardia Civil; unidos al aumento del paro, anunciaban la pérdida de confianza de buena parte del electorado socialista.

Además de la crisis económica que se había iniciado en la segunda mitad de 1992, Felipe González tuvo que hacer frente a la aparición de nuevos escándalos, que se tradujeron en un duro enfrentamiento con la oposición, tanto del Partido Popular como de Izquierda Unida, por lo que el cuarto mandato socialista sería conocido como la «legislatura de la crispación».

Entre los nuevos escándalos, el más espectacular y el de mayor impacto popular y mediático fue el «caso Luis Roldán», primer director no militar de la Guardia Civil de toda su historia, detenido acusado de haber amasado una fortuna gracias al cobro de comisiones ilegales y a la apropiación de los fondos reservados del Ministerio del Interior, y que en abril de 1994, cuatro meses después de su detención, se dio a la fuga. Estos escándalos abrieron de nuevo una crisis de confianza en el gobierno socialista.

Cuarta legislatura de Felipe González (1993-1996)

Para las elecciones de junio de 1993, González incorpora a su equipo a jueces, entre ellos a Baltasar Garzón, que se había destacado en la persecución de delitos de corrupción. El PP se presenta como un partido “centrista”.

El 6 de junio de 1993, se celebran elecciones generales. Las elecciones fueron anticipadas seis meses, ya que debían haberse celebrado el domingo 28 de noviembre. Todas las encuestas, incluso los primeros pronósticos a pie de urna en la noche electoral, daban por ganador al PP. Pero grande fue la sorpresa de todos cuando, al finalizar el recuento, el ganador había sido el PSOE. Pero esta vez no había logrado la mayoría absoluta, ganó con mayoría relativa, si bien con la cómoda cifra de 159 diputados. El Partido Popular de José María Aznar, que estaba convencido de su victoria, fue derrotado y lograba solamente 141 escaños. El CDS (Centro Democrático Social) desaparecía y los demás partidos apenas registraban variaciones significativas.

Los socialistas se quedaban a 17 escaños de la mayoría absoluta, por lo que para poder gobernar Felipe González tuvo que llegar a un acuerdo parlamentario con los nacionalistas catalanes y vascos y practicar una política de reajuste económico para posibilitar la superación de la crisis y la creación de empleo. Esto haría cambiar su forma de gobernar, sustentada hasta ahora en la mayoría absoluta y, como criticaba la oposición, en una política del “rodillo”. Tras la pérdida de la mayoría, Felipe González dijo aquello de “he entendido el mensaje”, es decir, el sentir de la ciudadanía.

Esta sería la última legislatura de Felipe González y estaría salpicada de escándalos y errores. A González se le ofrecían dos opciones para gobernar: pactar con Izquierda Unida (IU) o con los nacionalistas catalanes de CiU. La elección del hacer pactos con los nacionalistas catalanes provocó una radicalización de la izquierda que se aproximó en algunos temas a la derecha y formó lo que se llamó la “pinza PP-IU”, colaborando con la derecha en una tarea de acoso al Gobierno.

De hecho, el programa electoral socialista, centrado en la frase del "cambio por el cambio", pretendía afrontar los graves problemas que, precisamente, habían motivado el adelanto de las elecciones: medidas para incentivar la economía frente a la crisis y el llamado impulso democrático para combatir la corrupción. Sin embargo, los socialistas no terminaron de convencer a un electorado cansado ya de grandes promesas electorales abandonadas. Los años de desgaste al frente de los destinos del país, los continuos escándalos y los gravísimos problemas económicos lastraron la credibilidad política del Gobierno socialista.

Comienza así la legislatura de la “crispación”, en la que los nacionalistas no suscribieron ningún pacto con los socialistas, pero los apoyaron en los grandes proyectos hasta que los escándalos en los que se vio implicado el partido socialista hizo insostenible el apoyo por parte de los nacionalistas periféricos. A lo que hay que añadir el acoso de la oposición, sobre todo del Partido Popular, que acusaba a González de estar vendiendo España a los intereses y a las aspiraciones económicas de los catalanes. Aznar repetiría a lo largo de la legislatura el mantra de “váyase, señor González”.

Los casos de corrupción han destrozado la credibilidad de todo el estamento político español, bien sea de manera justa o de manera injusta.

Caso Roldán: llamado así por Luis Roldán, director de la Guardia Civil entre 1986 y 1993, enriquecido ilícitamente con el robo de 400 millones de pesetas de fondos reservados y 1.800 millones más en comisiones de obras del Instituto Armado. Roldán se fuga cuando estaba siendo vigilado ante el temor de un procesamiento. Esto provoca la distitución del ministro del Interior. Roldán, fugado, hace declaraciones a la prensa antifelipista en las que acusa a altos cargos del Gobierno de estar implicados en el caso GAL.

Caso Naseiro: presunto caso de financiación ilegal del Partido Popular a través de la exigencia de pagos a empresas inmobiliarias, es decir, cobros de comisiones a cambio de adjudicaciones de obras públicas. El caso fue conocido poco después de la llegada de José María Aznar a la presidencia del partido en 1989. Un juez instructor de Valencia dictó auto de procesamiento contra varios miembros del Partido Popular entre los que se encontraban su tesorero Rosendo Naseiro y Ángel Sanchis Perales, diputado por Valencia y también antiguo tesorero del partido. El procesamiento había tenido lugar tras haberse realizado escuchas telefónicas a otro miembro del partido, cuyo hermano estaba siendo investigado por narcotráfico. Estas escuchas descubrieron un supuesto caso de financiación ilegal del Partido Popular y de enriquecimiento personal de algunos implicados. El caso Naseiro se saldó favorablemente para los populares, dado que el Tribunal Supremo no admitió las pruebas presentadas. El Tribunal Supremo archivó la causa por irregularidades en la instrucción del sumario: Las escuchas telefónicas se habían ordenado para investigar únicamente el caso de narcotráfico.

Caso Filesa: financiación ilegal del PSOE a través de las empresas tapadera Filesa, Malesa y Time-Export, que entre 1988 y 1990 cobraron importantes cantidades de dinero en concepto de estudios de asesoramiento para destacados bancos y empresas de primera línea que nunca llegaron a realizarse. Entre las personas vinculadas a estas operaciones se encontraban el diputado socialista por Barcelona, Carlos Navarro, y el responsable de finanzas del PSOE, Guillermo Galeote.

Caso Banesto: trama de corrupción empresarial en el Banco Español de Crédito (BANESTO) que estalló a finales de 1993 y terminó con la condena judicial de los entonces responsables del banco, con su presidente Mario Conde a la cabeza por delitos de estafa y apropiación indebida. Conde fue condenado a veinte años de prisión por el Tribunal Supremo. El 28 de diciembre de 1993, el Banco de España intervino el Banco Español de Crédito (BANESTO) y destituyó a su presidente, Mario Conde. Razón: corrían peligro los depósitos de los clientes, no solo por la mala gestión de la directiva, sino también por haberse aprovechado Conde de su posición para hacer oscuros negocios y aumentar su patrimonio personal. Conde, prototipo de empresario moderno, tenía intención de ponerse a la cabeza de un movimiento de derechas que desbancara a los socialistas del Gobierno.

Caso Ibercorp (1994): supuso la caída en desgracia del entonces gobernador del Banco de España, Mariano Rubio, que fue detenido por falsificación de documentos, evasión de impuestos y especulación bursátil con valores bancarios. En 1992, el  Banco de Inversiones Ibercorp es intervenido por el Banco de España. En abril de 1994, salta a la luz pública que Mariano Rubio, exgobernador del Banco de España, tenía una cuenta secreta con dinero negro en Ibercorp por valor de 780.000 euros. A causa de estas revelaciones, el 5 de mayo de 1994, Manuel de la Concha, presidente de Ibercorp y Mariano Rubio fueron detenidos e ingresaron en prisión. En julio, la juez del caso les acusó de cohecho, estafa y apropiación indebida. Rubio se vio envuelto en el caso por un crédito de 18 millones de euros que concedió a Ibercorp, pese a un informe desfavorable de la Inspección del Banco de España. El caso Ibercorp constituyó un escándalo que implicó a relevantes personalidades de la vida económica española. Tiene que dimitir Carlos Solchaga, ministro de Economía y Hacienda y defensor de las tesis neoliberales en el gobierno frente a las socialistas tradicionales de Alfonso Guerra. Dimite también el ministro de Agricultura por implicación en este caso.

Las escuchas del Cesid. Entre 1983 y 1991, bajo el Gobierno socialista de Felipe González, el Gabinete de Escuchas del Cesid había estado grabando ilegalmente conversaciones a empresarios, políticos, periodistas e incluso a Su Majestad el Rey. Las escuchas ilegales de los servicios secretos se convirtieron en el caso papeles del Cesid y provocaron un número importante de ceses y dimisiones. El primero en caer fue el director del Centro, el general Alonso Manglano. Después, conforme EL MUNDO iba descubriendo nuevos escándalos, fueron cayendo nuevas cabezas: Julián García Vargas, ministro de Defensa, y Narcís Serra, vicepresidente del Gobierno.

Caso BOE: este caso llevó ante los tribunales a la directora general del Boletín, Carmen Salanueva, el 20 de julio de 1994. Había decidido comprar el papel con que imprimir el BOE a determinadas empresas, pese a que el precio era bastante superior al que podían ofrecer otros competidores en el mercado. La diferencia entre el precio de mercado y el precio pagado por el Estado para imprimir su diario oficial iba a parar el bolsillo bancario de su presidenta. El resultado del juicio a Carmen Salanueva se saldó con una condena de doce años de prisión.

Comienza una campaña de acoso y derribo contra el Gobierno socialista de González, orquestada por la prensa conservadora ABC y El Mundo, que empieza a entrecruzar los casos Roldán, GAL, CESID y a filtrar y depurar informaciones. Los años 1994 y 1995 fueron los años de la crispación en los que el Gobierno estuvo constantemente a la defensiva. Ante esta campaña de acoso y envuelto en los escándalos, el Gobierno no pudo hacer llegar a la opinión pública los buenos datos de la mejora económica y de la creación de empleo.

Este clima político de crispación y desprestigio del Gobierno llevó a los nacionalistas catalanes a quitar su apoyo al Gobierno y a votar en contra de los Presupuestos para 1996. El Gobierno tuvo que prorrogar los de 1995 y convocar eleciones anticipadas para marzo de 1996, en las que se pronosticaba una debacle electoral para los socialistas y una victoria abultada para el Partido Popular (PP), pero las urnas volvieron a dar una sorpresa.

En este contexto se celebraron las elecciones al Parlamento Europeo de junio de 1994, en las que el Partido Popular por primera vez sobrepasó al PSOE en número de votos, lo que le llevó a exigir la celebración de elecciones generales, pero González se negó porque seguía teniendo el apoyo de CiU. José María Aznar a partir de entonces en cada intervención parlamentaria utilizará la «machacona invectiva» de «Váyase, señor González» jaleada por los diputados del grupo parlamentario popular.

Un mes después de las elecciones europeas, las declaraciones de dos policías, Amedo y Domínguez, condujeron a la detención de varios altos cargos de la administración socialista por su presunta participación en el secuestro y asesinato frustrado del ciudadano francés Segundo Marey, confundido con un miembro de ETA por un comando de los GAL.

En marzo de 1995 se destapó otro gran escándalo relacionado con la «guerra sucia» contra ETA. En esa fecha el juez Javier Gómez de Liaño ordenó detener al general de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo por su presunta implicación en el secuestro y posterior asesinato de José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, presuntos miembros de ETA capturados en Francia por los GAL en 1983 y cuyos cadáveres, enterrados en cal viva, fueron encontrados en Bussot (Alicante) dos años después.

Poco después estallaba un tercer escándalo relacionado con los GAL y que fue conocido como el de los papeles del CESID, sustracción por parte del segundo jefe del servicio secreto, el coronel Juan Alberto Perote, de documentos que al parecer implicaban a más políticos socialistas en el «caso de los GAL» y con los que se quería chantajear al gobierno socialsta, una prueba más de la estrategia de acoso al Gobierno socialista de Felipe González. Parte de los documentos eran transcripciones de las escuchas telefónicas ilegales, por lo que tuvieron que dimitir el ministro de Defensa y su sucesor en el cargo.

El 19 de abril de 1995, un mes antes de los comicios autonómicos, Aznar sufrió un atentado terrorista con coche bomba cuando viajaba con su vehículo. El blindaje del automóvil le salvó la vida. El atentado se atribuyó al comando Madrid de la banda terrorista ETA.

En mayo de 1995 se celebraron las elecciones municipales y autonómicas, en un clima marcado por el atentado de ETA contra el líder de la oposición, José María Aznar. Volvió a ganar el Partido Popular que aventajó en casi cinco puntos al PSOE. Casi todas las capitales de provincia y las ciudades de más habitantes pasaron a estar gobernadas por el PP.

El 27 de enero de 1996 y bajo el lema «Hay que pararlos. Te juegas mucho»,  tuvo lugar la huelga general convocada por UGT y CC OO para mostrar su oposición a la reforma laboral aprobada mediante el Real Decreto sobre Fomento de Empleo y Protección por Desempleo, por el gobierno socialista de Felipe González. La reforma incluía, entre otras medidas, el fomento de los contratos con bajo salario para los jóvenes, el aumento de la movilidad geográfica y el recorte de algunas prestaciones por desempleo.

En enero de 1996, el XII Congreso del PP proclamó de nuevo a Aznar candidato a la Presidencia del Gobierno.

Ante el cúmulo de escándalos el líder de CiU y presidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol, retiró el apoyo parlamentario al gobierno, que quedó en minoría en las Cortes. El presidente del gobierno Felipe González no tuvo más remedio que convocar elecciones generales para el día 3 de marzo de 1996.

El 3 de marzo de 1996, se celebran elecciones generales en las que la victoria fue para el PP, pero no por el amplio margen que se esperaba pues solo superó al PSOE en 300.000 votos —9,7 millones frente a 9,4 millones— y se quedó lejos de la mayoría absoluta —consiguió 156 diputados, 15 más que el PSOE—. Se producía un simple cambio de papeles, lo que llevó a Alfonso Guerra a calificar el resultado de “una dulce derrota y una amarga victoria”.

De todas formas el PP logró su objetivo de desalojar a los socialistas del poder, después de intentarlo con denuedo durante más de una década. Tras los comicios, los socialistas pasaron a la oposición y Joaquín Almunia fue elegido portavoz del grupo parlamentario socialista en el Congreso de los Diputados.

Los socialistas se quejaron de la conspiración de la derecha para desalojarlos del Gobierno. Pero la realidad es que en el resultado electoral pesaron muchos los patentes casos de corrupción. El poder ejercido durante tantos años por los socialistas llevó también al desgaste de su programa. La crisis económica y el hartazgo de la población con los continuos casos de corrupción llevaron a la derrota electoral del PSOE de Felipe González.

Sin embargo, juzgando globalmente todas las legislaturas socialistas de Felipe González, hay que reconocer que los socialistas consiguieron acabar en España con el “ruido de sables”, modernizaron el país integrándolo en Europa, consolidaron el estado del bienestar e hicieron realidad la exigencia de Ortega y Gasset (1883-1955) de “europeizar España”, contra el “iberizar Europa” de Miguel de Unamuno (1864-1936).

Pero hay que criticar a los gobiernos socialistas por no haber sabido atajar de raíz un mal, que ellos consideraban típico de la derecha: la corrupción.

«Querer ignorar que el pueblo español es más indulgente con un gobernante incompetente que con episodios de corrupción tan graves como los que nos ocurrieron fue un grave error. Cuando al jefe del dinero se lo llevan los guardias y al jefe de los guardias se lo llevan a la cárcel por llevarse el dinero, las cosas no pueden ir peor.» [José Bono Martínez, presidente del Congreso de los Diputados durante el gobierno socialista de Zapatero. En María Antonia Iglesias: La memoria recuperada. Madrid: Aguilar, 2003]

Partido Socialista Obrero Español (PSOE)

Días 20, 21 y 22 de junio de 1997, el PSOE celebra en Madrid el 34° congreso en el que Felipe González anuncia que no se presentará a la reelección como Secretario General. Joaquín Almunia es elegido secretario general del partido.

En septiembre de 1997, Joaquín Almunia sustituyó a González en la presidencia del grupo parlamentario socialista.

El 24 de abril de 1998, el exministro Josep Borrell, destacado socialista catalán y muy popular en toda España, derrota a Joaquín Almunia en las elecciones primarias para nombrar candidato del PSOE a la presidencia del gobierno. A pesar del apoyo del “aparato del partido”, Almunia pierde las primarias, convocadas por él para legitimar su elección (había sido elegido solo por los delegados al Congreso).

Inmediatamente, Almunia presentó su dimisión como secretario general, pero el partido le convenció de que esperase a la decisión que habría de tomar el Comité Federal; pocos días más tarde, llegó con Borrell al acuerdo de permanecer en el cargo. El partido quería seguir manteniendo el control y Borrell exigía intervenir en el programa y en las listas electorales. 

El mes de mayo de 1999, al descubrir la prensa que dos colaboradores de Borrel, inspectores fiscales en Barcelona, se habían aprovechado de sus cargos para enriquecerse de forma ilícita, Josep Borrell presenta su renuncia a ser candidato a la presidencia.  

El 24 de julio de 1999, el Comité Federal eligió a Almunia candidato a la presidencia del gobierno.

En febrero de 2000, los socialistas (PSOE) pactan un acuerdo gubernamental con Izquierda Unida (IU): incluía la presentación de candidaturas conjuntas al Senado en numerosas provincias y estaba basado en un programa común de izquierdas. El acuerdo no contenta a nadie.

El 12 de marzo de 2000, se celebran elecciones generales en las que el PP obtiene una apabullante victoria con mayoría absoluta: 183 diputados, mientras que el PSOE pasó de los 141 diputados obtenidos en 1996 a 125. Joaquín Almunia presentó públicamente su dimisión como secretario general de su partido. Se convoca una gestora provisional y se convoca un Congreso extraordinario.

En julio de 2000, en el transcurso del 35º Congreso del PSOE, es elegido, entre cuatro candidatos y por estrecho margen, José Luis Rodríguez Zapatero como sucesor de Almunia. El partido cierra filas e inicia el “cambio tranquilo”.

En abril de 2004, al mes siguiente de la victoria socialista en las elecciones generales (que permitió al PSOE formar gobierno, con Rodríguez Zapatero al frente), Joaquín Almunia se convirtió en comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, sustituyendo en dicha responsabilidad a Pedro Solbes (vicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda en el nuevo ejecutivo español). Conservó dicha cartera en la nueva Comisión Europea que, presidida por el portugués José Manuel Durão Barroso, fue constituida en noviembre de ese mismo año.

Felipe González y Alfonso Guerra, lo que les unía y lo que les separaba:

«Entre Alfonso y yo había, y creo que, en parte, permanece, una corriente de afecto humano que ha sobrevivido a momentos muy fuertes. Existía eso, más que una corriente de posiciones comunes, que nunca las hubo. Pero la falta de sintonía en ese aspecto no me turbaba. Y me turbaba tanto menos en cuanto que la lealtad de Alfonso permitía que, siempre que llegaba el momento de tomar una decisión, su posición cedía ante la mía. En ese punto había pocas dudas, pero las posiciones no eran convergentes, sin duda, sin duda. Algunas veces, incluso, fueron opuestas. Pero, digamos que esto se debía mucho más a un problema de fondo que, como algunos dicen, a un motivo ideológico. Tiene que ver con el temperamento, el carácter, el estilo... elementos que condicionan finalmente todo el proceso de toma de decisiones, el modo de aproximarse a la vida y a los problemas. En todos esos aspectos, Alfonso y yo éramos muy diferentes. Entre los dos había un vínculo afectivo fuerte, pero nuestra manera de aproximarnos a la relación con los demás, a la conformación de un equipo, a la manera de hacer política, al enfoque de los problemas, era muy distinta, siempre fue muy distinta.» [Felipe González]