Bienio restaurador derechista

El bienio restaurador derechista o bienio rectificador – bienio negro o radical-cedista (1933-1935)

El segundo bienio de la Segunda República Española, también llamado bienio negro, o bienio rectificador, o bienio conservador, constituye el periodo comprendido entre las elecciones generales de noviembre de 1933 y las de febrero de 1936 durante el que gobernaron los partidos de centro-derecha republicana encabezados por el Partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux, aliados con la derecha católica de la CEDA y del Partido Agrario, primero desde el parlamento y luego participando en el gobierno.

Precisamente la entrada de la CEDA en el gobierno en octubre de 1934 desencadenó el hecho más importante del periodo: la Revolución de 1934, una fracasada insurrección socialista que solo se consolidó en Asturias durante un par de semanas (el único lugar donde también participó la CNT) aunque finalmente también fue sofocada por la intervención del ejército.

A diferencia de la relativa estabilidad política del primer bienio (con los dos gobiernos presididos por Manuel Azaña), el segundo fue un periodo en que los gobiernos presididos por el Partido Republicano Radical tuvieron un promedio de tres meses de vida (se formaron 8 gobiernos en dos años) y se turnaron tres presidentes distintos (Alejandro Lerroux, Ricardo Samper y Joaquín Chapaprieta), y aún duraron menos los dos últimos gobiernos del bienio, los presididos por el “centrista” Portela Valladares.

Las dos formaciones políticas que dominan este período son el Partido Radical de Alejandro Lerroux y la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA).

Alejandro Lerroux y el Partido Radical

Alejandro Lerroux intervino en el Pacto de San Sebastián, el acuerdo que instituyó el comité revolucionario que facilitó la instauración en abril de 1931 de la Segunda República. Como integrante de dicho comité, formó parte de los dos primeros gobiernos provisionales del nuevo régimen (presididos respectivamente por Niceto Alcalá Zamora y por Manuel Azaña), en calidad de ministro de Estado (abril-diciembre de 1931).

El 12 de septiembre de 1933, el radical Alejandro Lerroux sustituyó a Manuel Azaña. Ya se había distanciado de los socialistas y del propio Azaña. Finalizado su primer gobierno en octubre de 1933, volvió a presidir un gabinete entre diciembre de ese año y abril de 1934. Impulsó una política conservadora contraria a las reformas azañistas, agudizada con el nombramiento en su tercer y último gobierno (octubre de 1934-septiembre de 1935) de varios ministros de la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), la formación que apoyaba su ejercicio gubernamental desde su mayoría en las Cortes.

Desprestigiado por el escándalo del estraperlo (concesiones fraudulentas de unas ruletas trucadas a varios casinos, en las que aparecieron implicadas personas próximas a Lerroux desde septiembre de 1935), que lo obligó a salir del gobierno, su partido se hundió en las elecciones de febrero de 1936, que supusieron el triunfo del Frente Popular.

Fracasado un gobierno del radical Alejandro Lerroux, Diego Martínez Barrio formó un gabinete que convocó nuevas elecciones. La desunión de la izquierda y la abstención anarquista en las elecciones de noviembre de 1933 hicieron posible la victoria de las derechas.

Desde septiembre de 1933 (formación del primer gobierno presidido por Alejandro Lerroux) hasta diciembre de 1935 (inicio del gabinete encabezado por Manuel Portela Valladares, independiente aunque afín a los radicales) todos los gobiernos de la Segunda República estuvieron presididos por miembros del Partido Radical.

El Partido Radical recorrió todo el espectro político: desde la izquierda pretendidamente revolucionaria hasta la coalición gubernamental con la CEDA que lo convertiría en enemigo político del Frente Popular. A partir de 1934, el Partido Radical se escindió y, tras sus continuos escándalos, dejó de ser una formación política significativa para desaparecer definitivamente al estallar la Guerra Civil.

Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA)

El dirigente virtual de la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), José María Gil Robles, había conseguido aglutinar en la CEDA a monárquicos y representantes de los grandes intereses agrarios, así como del catolicismo tradicional. El punto común de los partidos que formaban la Confederación era la defensa de los sentimientos e intereses católicos contra las políticas anticlericales de los gobiernos republicano-socialistas presididos por Manuel Azaña y su fin último era modificar la Constitución de 1931. La CEDA representaba una derecha católica "accidentalista", es decir, que defendía unos principios determinados pero que la coyuntura le podía llevar a defender otros diferentes

El programa político de la CEDA se resumía en el lema: "Religión, Patria, Familia, Orden, Trabajo y Propiedad" (excluyendo a la Monarquía dado el carácter "accidental" que tenían para la Ceda las formas de gobierno, lo que provocó la salida de la misma de los católicos alfonsinos encabezados por Antonio Goicoechea que fundaron el partido Renovación Española que buscó la alianza con los carlistas de la Comunión Tradicionalista). Propugnaba una organización corporativa de la sociedad siguiendo la encíclica de Pío XI Quadragesimo Anno.

La hostilidad de Iglesia Católica a la declaración de la aconfesionalidad del Estado y a la política secularizadora radical del gobierno republicano-socialista de Manuel Azaña, fomentó el nacimiento de un catolicismo político, que construyó a partir de Acción Nacional (desde marzo de 1932 llamada Acción Popular) un gran partido de masas: la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), con el apoyo de la Iglesia Católica.

La CEDA aglutinaba a las oligarquías del antiguo régimen, a muchos agricultores medios, que se sentían perjudicadas por las políticas reformistas de la coalición de izquierda, y a sectores profesionales o círculos intelectuales vinculados a la tradición conservadora. A todos ellos era común el rechazo al laicismo del Estado del bienio reformista y el miedo al triunfo de los partidos de extrema izquierda. El nuevo partido católico presentaba a los republicanos como enemigos de la Iglesia y de la Patria, y a los socialistas como enemigos de la propiedad, la familia y el orden social. Acción Popular, y desde su congreso fundacional de febrero y marzo de 1933, la CEDA, tuvieron gran eco entre las masas vinculando la defensa de la religión católica a la lucha por la propiedad como fundamento del orden social. La CEDA fue liderada por el joven abogado José María Gil Robles, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca.

El programa de la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA) comprendía los siguientes puntos: acatamiento del Poder constituido, según la enseñanza de la Iglesia; lucha legal contra la legislación persecutoria e inicua; eliminación del programa de todo lo relativo a las formas de Gobierno. Cada socio queda en libertad de mantener íntegras sus convicciones y puede defenderlas fuera de la organización. Los partidos u organizaciones que no coincidieran en los puntos señalados no podrán formar parte de la CEDA. Sin embargo, ésta mantendrá relación amistosa y cordial con aquéllos.

La CEDA seguía la corriente de opinión, ya manifestada dentro de Acción Popular, partidaria de aceptar las instituciones republicanas, a pesar de la procedencia monárquica de muchos de sus miembros, para la defensa, desde dentro, de sus intereses sociales y económicos.

Elecciones parlamentarias del 19 de noviembre de 1933

El Partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux, que había encabezado la oposición a los gobiernos de Manuel Azaña durante el año 1933, esperaba recoger ahora los frutos de esa campaña y se presentó como una opción de centro, con su propuesta de «República, orden, libertad, justicia social, amnistía». Para ello pactó con otros grupos republicanos de centro-derecha (el Partido Republicano Liberal Demócrata de Melquiades Álvarez y el Partido Republicano Progresista, el partido del presidente de la República, Niceto Alcalá-Zamora) y con la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA) y el Partido Agrario en las circunscripciones donde fue necesario celebrar segunda vuelta.

Los republicanos de izquierda y los socialistas del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que se habían presentado en coalición en las elecciones constituyentes de 1931 (la Conjunción Republicano-Socialista), ahora lo hicieron por separado. En el PSOE se impuso la postura más izquierdista de Largo Caballero partidario de romper completamente las relaciones con los republicanos, frente a la posición favorable a la coalición defendida por Indalecio Prieto o Fernando de los Ríos, más moderados.

La CNT desplegó una campaña sin precedentes a favor de la abstención, con insultos al «animal elector» y con descalificaciones a derecha e izquierda: «Buitres, rojo y amarillo, y buitres tricolores. Todos buitres. Todos, aves de rapiña. Todos, canalla inmunda que el pueblo productor barrerá con la escoba de la revolución». Su alternativa era la insurrección si ganaban «las tendencias fascistas» las elecciones e instaurar el comunismo libertario.

El 19 de noviembre de 1933 se celebró la primera vuelta de las segundas elecciones generales de la Segunda República Española para las Cortes y fueron las primeras en que las mujeres ejercieron el derecho al voto, derecho conseguido gracias a la actividad parlamentaria de Clara Campoamor. Las elecciones dieron la mayoría a los partidos de centro-derecha y de derechas, lo que dio lugar al denominado bienio radical-cedista o bienio negro de los años 1933-1936.

Si la crisis anterior había evidenciado la imposibilidad de sostener una República de centro-izquierda, las elecciones de noviembre de 1933 abrieron la oportunidad de que la República se estabilizara en una versión más conservadora o incluso aplicando medidas contrarias a algunas reformas anteriores. Los resultados electorales significaron un vuelco completo al panorama político parlamentario: la derecha católica y el centro radical alcanzaron una amplia mayoría absoluta.

Este triunfo de las derechas se debió al intento de la masa neutra del país de mostrar su disconformidad con la labor realizada hasta entonces por la República, coincidiendo con el abstencionismo de gran parte de la izquierda, especialmente de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT). Frente a un gobierno de derechas se formó una oposición integrada por el Partido Socialista y diversos partidos republicanos de izquierda.

La antigua coalición republicano-socialista se había presentado dividida. Los anarquistas habían votado en 1931 a la coalición izquierdista y al gobierno de Manuel Azaña como un «mal menor», pero esta vez el sindicato anarquista Confederación Nacional de Trabajo (CNT) recomendó la abstención. Gran parte del electorado de izquierdas estaba decepcionado por la lentitud del Gobierno en aplicar las reformas legislativas, sobre todo en lo referente al problema agrario. Los grupos de derechas se oponían frontalmente a las reformas del gobierno republicano-socialista en lo referente al problema religioso. La reforma militar de Azaña había contrariado al ejército.

Por primera vez votaron las mujeres, lo que llevó a algunos investigadores a cuestionar si el voto femenino fue decisivo en esta victoria de los partidos conservadores, dado que las mujeres podían estar más influenciadas por la postura política de la Iglesia, contraria a las reformas republicano-socialistas en materia religiosa.

El triunfo de las fuerzas de la derecha no se debió tanto a la pérdida de votos de la izquierda, que no fue muy grande, como a la ley electoral según la cual la candidatura más votada recibía el 80 % de la representación en el Parlamento. Al presentarse la izquierda muy dividida, no pudo obtener la mayoría que obtuvo la derecha agrupada en una compacta coalición: la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA). La composición del Parlamento tendría ahora una mayoría de propietarios, burgueses y católicos, frente a la mayoría de intelectuales y lideres sindicales del bienio reformador anterior. Este bienio, llamado “bienio negro”, será radical-cedista por estar compuesto por miembros del Partido Radical de Alejandro Lerroux con el apoyo en la cámara de la CEDA. Será un gobierno marcadamente conservador y restaurador, frente al gobierno reformador anterior.

Aunque la coalición derechista CEDA era el grupo más numeroso en las nuevas Cortes, el presidente Alcalá Zamora, considerando ambigua la postura de la CEDA ante la forma republicana, encargó la presidencia del Gobierno a Alejandro Lerroux, líder del Partido Radical, por ser el partido político individual con más diputados y por temor a una revolución social y a una radicalización de la izquierda, que veía en la CEDA de Gil Robles un grupo fascistoide. La CEDA era un partido de la derecha católica y agrupación de dudosa lealtad a la República, lo que provocó una fuerte oposición por parte de las fuerzas de la izquierda. De momento, la CEDA no exigió formar parte del gabinete.

Además la CEDA de Gil Robles no se había declarado abiertamente a favor de la República. Será así el Partido Republicano Radical (PRR) de Alejandro Lerroux, el encargado de formar gobierno. Alejandro Lerroux recibió el encargo del presidente de la República Alcalá-Zamora de formar un gobierno “puramente republicano”, pero para conseguir la confianza de las Cortes necesitaba el apoyo parlamentario de la CEDA, que quedó fuera del gabinete, pero apoyó al Gobierno desde el Parlamento, aunque siguió sin hacer una declaración pública de adhesión a la República. Otros partidos de centro-derecha como los agrarios y los liberal-demócratas entraron en el Gobierno con un ministro cada uno. Lerroux formará un gabinete monocolor con el apoyo parlamentario del bloque de derechas aglutinado en la Confederación Española de Derechas Autónomas.

Alejandro Lerroux se había mantenido políticamente activo durante la dictadura de Primo de Rivera (1923-1930). Formó parte del comité revolucionario que preparó el derrocamiento de Alfonso XIII y participó en la proclamación de la Segunda República el 14 de abril de 1931.

Su Partido Republicano Radical (PRR) formó parte del Gobierno provisional que gobernó el país durante los primeros meses de la joven República y que redactó la Constitución de 1931. El propio Lerroux fue Ministro de Estado. En diciembre de 1931 el líder radical abandonó el gobierno de Manuel Azaña, por estar en desacuerdo con la continuidad de la alianza republicano-socialista que lo había sustentado. Durante el llamado "Bienio reformista" se mantuvo en la oposición, atacando en muchas ocasiones las políticas del gobierno Azaña. A partir de entonces se aproximó a las posiciones de la derecha y tras su éxito en las elecciones de noviembre de 1933 pactó con la CEDA para formar gobierno.

Las dos principales fuerzas políticas eran la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), liderada por Gil Robles, y el Partido Radical de Alejandro Lerroux. Su mayoría parlamentaria garantizaba un gobierno estable. A pesar de sus profundas diferencias ideológicas entre ambas formaciones, la actitud paulatinamente más conservadora de Lerroux facilitó un apoyo parlamentario por parte de la CEDA cuando fue propuesto como Presidente del Gobierno.

Los gobiernos radicales contaron desde el comienzo con importantes oposiciones, incluidos los sectores del Partido Radical que se oponían a solicitar el apoyo de la CEDA (acabaron formando grupo aparte en torno a Martínez Barrio) y de los cedistas integristas que no aceptaban sostener un gobierno de republicanos históricos.

Los partidos de izquierda se opusieron radicalmente al nuevo Gobierno. El Partido Socialista Obrero Español, liderado por Largo Caballero, exigía la toma inmediata del poder de las clases trabajadoras. Pero también algunos grupos del centro y derecha catalanes y vascos declararon su oposición a la política de un gobierno que ponía en peligro la continuidad del proceso de implantación de sus estatutos de autonomía.

Esta oposición, las diferencias ideológicas y las distintas estrategias políticas hicieron que la característica principal del segundo bienio republicano fuera la inestabilidad. En apenas dos años hubo ocho crisis ministeriales; Lerroux presidió seis veces el Consejo de Ministros, siendo ocasionalmente sustituido por los también radicales Samper, Chapaprieta y finalmente por Portela Valladares.

El bienio restaurador derechista o bienio rectificador – bienio negro o radical-cedista (1933-1935)

Las elecciones para diputados de 1933 reflejan la situación en la que ha terminado el Gobierno «reformador». La CNT redobla su propaganda en contra del sufragio y a favor de la insurrección, y los partidos de izquierda se presentan fragmentados. Como resultado, el abstencionismo alcanza un 32 %.

Las clases dominantes, que no habían sabido dar una respuesta alternativa ante el avance de la democratización, se preparan para defender el orden establecido. Comienzan jugando su última carta «republicana». Se forma la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), una alianza de derechas convocada por Acción Popular, uno de los primeros partidos que no desdeña el juego electoral y que trata de conformar una base católica de masas. El líder de la Acción Popular y de la CEDA, José María Gil Robles, es un católico admirador del nazi-católico austriaco Engelbert Dollfuss (1892-1934). Unos años antes, el líder de la CEDA ya había diseñado su táctica para llegar al poder: prestar su apoyo a un gobierno presidido por Lerroux, dar luego un paso adelante exigiendo la entrada en el gobierno y recibir más tarde el encargo de presidirlo.

El apoyo de la CEDA al gobierno del radical Lerroux fue considerado por los monárquicos alfonsinos de Renovación Española y por los carlistas como una “traición”, e intentaron que el Presidente de la República convocara nuevas elecciones antes de que llegaran a constituirse las Cortes recién elegidas. Por su parte, los republicanos de izquierda y los socialistas del PSOE y UGT veían la colaboración de los radicales con la CEDA como una "traición a la República" y acordaron que desencadenarían una revolución si la CEDA entraba en el gobierno.

Los gobiernos de coalición del Partido Republicano Radical de Lerroux con la CEDA se mostraron políticamente impotentes y no emprendieron ninguna reforma de cierto calado; tampoco tenían un programa político que pudieran desarrollar. Se hicieron algunas tímidas reformas en materia agraria, mientras en el Ejército se promocionó a militares de tendencias derechistas y claramente anti-republicanos. El Partido Radical, convertido ya en un simple partido derechista y caciquil, tuvo que reprimir una oleada de huelgas y sublevaciones anarquistas.

El 20 de abril de 1934 las Cortes aprobaron la Ley de Amnistía, que era uno de las tres exigencias de la CEDA y que también figuraba en el programa electoral del Partido Republicano Radical. Esta ley excarcelaba a todos los implicados en el golpe de Estado de 1932 capitaneado por el general San Jurjo (de ahí el nombre de la “Sanjurjada”). Pero el presidente de la República Niceto Alcalá-Zamora se opuso a esta ley y Lerroux, al constatar que había perdido la confianza del presidente, presentó la dimisión. Asume el Gobierno un nuevo dirigente radical, el valenciano Ricardo Samper.

Lerroux se vio obligado a iniciar lo que los grupos de derecha reclamaban, una política de rectificación de las reformas del bienio anterior. La pretensión del gobierno de Lerroux era “rectificar” las reformas del primer bienio, no anularlas, con el objetivo de incorporar a la República a la derecha representada por la CEDA y el Partido Agrario, agrupaciones que se proclamaban abiertamente monárquicas, aunque sus simpatías estuvieran con la Monarquía, ni tampoco republicanas.

La principal preocupación del bienio liderado por cedistas y radicales (del Partido Radical) estribó en el desmantelamiento de la obra reformista precedente, considerada en términos sociales y religiosos nefasta para los intereses de España. El nuevo gobierno dejó en suspenso las leyes laizantes y de reforma agraria, limitó la autonomía de Cataluña y redujo el poder de los sindicatos y comenzó una política de paralización de las reformas del bienio reformador azañista-socialista:

	Paralización de la reforma agraria, con la consiguiente expulsión de las tierras que habían ocupado de miles de jornaleros.
	Paralización de la reforma militar y designación para puestos clave de militares claramente antirrepublicanos como el general Francisco Franco, el general Goded o el general Mola. Esta nueva política fue completada con un amnistía para los participantes en el golpe de Sanjurjo en 1932.
	Conciliación con la Iglesia Católica.
	Paralización de las reformas educativas con parón en el programa de construcciones escolares y anulación de la enseñanza mixta.
	Enfrentamiento a los nacionalismos periféricos. Freno al proyecto de Estatuto de Autonomía vasco, presentado por el PNV y enfrentamientos con la Generalitat catalana, que presidía Lluis Companys, dirigente de ERC, desde enero de 1934.

La reforma militar de Azaña se mantuvo aunque los gobiernos radicales intentaron atraerse a los militares descontentos.

En cuando a la cuestión religiosa, tan debatida en el primer bienio, el gobierno de Lerroux intentó hacer algunas rectificaciones. Sin embargo, el Gobierno fracasó en su intento de alcanzar un acuerdo con el Vaticano, porque este exigió la revisión de la Constitución de 1931.

En cuanto a la cuestión social las reformas socio-laborales de Largo Caballero fueron parcialmente “rectificadas” bajo la presión de las organizaciones patronales, pero no se llevó a cabo una “contrarreforma laboral” tal como demandaban los empresarios.

En cuanto a la reforma agraria, se respetó el ritmo previsto de aplicación de la Ley de Reforma Agraria por lo que en 1934 se asentaron más campesinos que durante todo el bienio anterior, expropiándose el cuádruple de propiedades, aunque la Ley de Amnistía aprobada en abril de 1934 le devolvió a la nobleza "grande de España" parte de las tierras confiscadas por el gobierno de Azaña. La derogación de facto del decreto de Términos Municipales y la reforma de los Jurados Mixtos agrarios les permitió a los propietarios volver a gozar de una casi completa libertad de contratación de los jornaleros. En respuesta a estas rectificaciones de las reformas del bienio anterior, los sindicatos convocaron huelgas y hubo enfrentamientos con las fuerzas del orden.

En cuanto a la cuestión regional, los gobiernos del Partido Republicano Radical neutralizaron el impulso estatutario propio del Estado integral definido en la Constitución de 1931, lo que provocó graves tensiones en Cataluña y en el País Vasco. La tramitación del Estatuto de Autonomía del País Vasco fue paralizada y el 12 de junio los diputados del PNV se retiraron de las Cortes en señal de protesta.

El conflicto con la Generalidad de Cataluña fue a propósito de la promulgación el 14 de abril de 1934 de la Ley de Contratos de Cultivo aprobada por el parlamento catalán, que posibilitaba a los arrendatarios de viñedos la compra de las parcelas tras cultivarlas durante quince años. Los propietarios protestaron y consiguieron que el Gobierno llevara la ley ante el Tribunal de Garantías Constitucionales, que la declaró inconstitucional. La respuesta de la Generalidad de Cataluña fue retirar de las Cortes Generales a los 18 diputados de la Esquerra Republicana de Cataluña, junto con los 12 del PNV, y proponer al Parlamento de Cataluña una ley idéntica que fue aprobada el 12 de junio, lo que constituía un grave desafió al gobierno y al Tribunal de Garantías Constitucionales.

En un contexto de la polarización en Europa entre fascismo (Alemania e Italia) y comunismo (Rusia), la lucha política se radicalizó y España se polarizó entre las "derechas" y las "izquierdas".

Las derechas estaban representadas por
	La Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), liderada por Gil Robles, que agrupaba a las clases medias y populares católicas. Las Juventudes de Acción Popular (JAP), organización juvenil del partido, con rasgos ya claramente fascistas.
	La Renovación Española (RE), dirigida por Calvo Sotelo, que agrupaba a los monárquicos con posturas cada vez más extremistas y antidemocráticas.
	La Falange Española de José Antonio Primo de Rivera, hijo del dictador Miguel Primo de Rivera. La Falange se fusionó en 1934 con las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista (JONS) de Ledesma. Quedaba así constituido el núcleo político de ideología fascista en España.
Las izquierdas estaban representadas por
	La Izquierda Republicana, liderara por Manuel Azaña, que agrupaba el centro-izquierda que había optado por una política de reformas y de alianzas con el movimiento obrero.
	El Partido socialista Obrero Español (PSOE), el mayor partido obrero, dirigido por un grupo de líderes a menudo enfrentados: Indalecio Prieto y Largo Caballero representaban el ala más moderada y más radical del partido. El PSOE vivió un claro proceso de radicalización.
	El Partido Comunista de España (PCE), que seguía las nuevas directrices de la Komintern y buscaba una alianza de la izquierda contra el fascismo. La experiencia alemana y el ascenso de Hitler en enero de 1933 habían hecho rectificar a Stalin y buscar alianzas con todas las fuerzas de centro-izquierda.
	La Confederación Nacional del Trabajo (CNT), que seguía ligada a la acción revolucionaria y al anarcosindicalismo, y rechazaba toda forma de Estado. La CNT había quedado muy mermada tras el fracaso de la insurrección de diciembre de 1933.
	La Esquerra Republicana de Catalunya, dirigida por Lluis Companys, había girado a la izquierda tras los continuos enfrentamientos del gobierno de la Generalitat catalana con el gobierno de derechas de Madrid.

La creciente tensión entre la derecha y la izquierda culminó con la entrada de tres ministros de la CEDA en el gobierno en octubre de 1934. Esta remodelación del gobierno fue interpretada por la izquierda como el anuncio del triunfo inminente del fascismo en España, lo llevó a la radicalización de la izquierda y a la huelga general convocada por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), su sindicato Unión General de Trabajadores (UGT), el sindicato anarquista Confederación Nacional del Trabajo (CNT) y el Partido Comunista de España (PCE).

El seguimiento fue muy desigual y el movimiento fracasó en Madrid, donde fueron detenidos los principales dirigentes socialistas y comunistas. En Barcelona, Companys, desde la presidencia de la Generalitat, dirigió una insurrección con claro matiz independentista, que fue rápidamente reprimida por del Ejército. Donde la insurrección degeneró en una verdadera revolución organizada por el sindicato socialista UGT y el anarquista CNT fue en Asturias. En Asturias el Gobierno llevó a cabo una represión brutal a cargo de La Legión. Manuel Azaña, que no había apoyado el levantamiento, y los principales dirigentes del PSOE como Indalecio Prieto y Largo Caballero fueron detenidos.

La reacción del gobierno de derechas fue el endurecimiento de su política: suspensión del estatuto de autonomía de Cataluña, redacción de una nueva Ley de Reforma Agraria, que en la práctica era una verdadera contrarreforma. Pero en el partido del Gobierno crecen las disensiones entre el Partido Radical y la cada vez más radicalizada CEDDA. Gil Robles, como nuevo ministro de Defensa, nombra a militares claramente enemigos de la República: el general Francisco Franco es nombrado jefe del Estado Mayor del Ejército.

«Cuando las derechas llegaron al poder en 1933, los terratenientes y los caciques reafirmaron de nuevo su autoridad: recortaron los salarios (en Córdoba, el de la recogida de las aceitunas bajó de 6,50 a 5,75), se suspendieron las reuniones de los jurados mixtos y las leyes de términos y de laboreo forzoso se infringieron impunemente. Los campesinos que se habían afiliado a un sindicato o se habían distinguido como partidarios de la izquierda sufrieron toda clase de persecuciones, expulsándolos de los lugares en los que trabajaban y negándoles la contratación como jornaleros. Eso sucedió en Andalucía, en Cuenca –donde los trabajadores de Barajas de Melo se lamentaban de que “cuando pedimos trabajo, el alcalde nos dice que ‘comamos zarzas y república”–, en Ciudad Real –donde los de Solana del Pino aseguraban que “para perseguirnos, prefieren dejar la tierra sin cultivar antes que dárnosla a nosotros”–, en Toledo, donde, según explica Arturo Barea, a fines de 1933 los propietarios comenzaban a echar a todos los que se habían afiliado a un sindicato “y a no dar trabajo más que a los que se sometían a lo de antes”. La izquierda aceptó su derrota en las urnas en el 33; la derecha no lo hizo en el 36. Las elecciones de 1933 fueron, en 120 años de historia parlamentaria española, las primeras que perdió un Gobierno que las hubiera convocado. Este aceptó su derrota y cedió el poder a la oposición de derechas. Cuando esto sucedió por segunda vez, en febrero de 1936, las derechas se dispusieron a recuperar el poder por la fuerza, volviendo a una tradición histórica en que las elecciones no eran más que una farsa.» [Josep Fontana]

La revolución de octubre de 1934

La labor gubernamental estuvo condicionada por la presión que en las Cortes realizaban los diputados cedistas sobre el Gobierno, necesitado del apoyo de sus votos para sacar adelante su gestión. El objetivo de la CEDA era debilitar el centro republicano, esperando que tarde o temprano fueran llamados a formar parte del Gobierno. Pronto se vio el Gobierno de Lerroux en la necesidad de situar a algunos miembros de la CEDA en puestos de responsabilidad directa. El gran problema que tenía el Partido Radical a la hora de integrar a miembros de la CEDA en el gobierno vino dado por la tibieza con que los cedistas defendían el régimen republicano y por no haberse declarado nunca abiertamente a favor de la República. Cosa explicable dada la procedencia monárquica de una gran parte de sus dirigentes, la indiferencia republicana de sus bases y la oposición dentro del partido a la continuidad de ese tipo de república.

La situación para los partidos de la oposición era preocupante y los temores se acrecentaban ante el auge fascista en Alemania y Austria, países en los que habían conquistado el poder por vía democrática Hitler y Dollfus, cuyos gobiernos de fuerza y previa destrucción de toda oposición acabaron instaurando regímenes totalitarios al estilo fascista. Lejos de alejar equívocos, los dirigentes de la CEDA no tenían empacho en escenificar actitudes propias de estos regímenes (uniformes, concentraciones masivas, Gil Robles saludado al grito de Jefe), al tiempo que presionaban para alcanzar crecientes cuotas de poder.

En octubre de 1933, se integraron por primera vez en el gabinete tres miembros de la CEDA en los ministerios clave de Justicia, Trabajo y Agricultura. Al día siguiente, todos los partidos de la oposición declararon su incompatibilidad con el Gobierno hasta que la CEDA no hiciera pública declaración de fe republicana y acatamiento a la Constitución. Sin embargo, antes de que cualquier posibilidad pudiera tomar cuerpo estallaron los acontecimientos más graves del período republicano, la revolución de octubre.

En octubre de 1934 estalló una insurrección violenta que pretendía la continuación de las reformas sociales y detener el avance del fascismo. Participaron en esta revolución un amplio sector del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), el sindicato socialistas Unión General de Trabajadores (UGT), grupos anarquistas y fuerzas catalanistas. Hubo levantamientos y lucha en Madrid y numerosas ciudades, pero el foco principal se concentró en Cataluña, donde Companys proclamó Catalán en la República Federal Española, y en Asturias, donde los obreros tomaron el poder. La revolución fue aplastada con extrema violencia por los militares y la represión fue durísima, con 30.000 encarcelados. La política reaccionaria de la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA) se recrudeció en los meses siguientes.

En el origen de la Revolución de Asturias de 1934 está la dimisión del gabinete presidido por Ricardo Samper y el encargo, por parte del presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, de formar un nuevo gobierno al jefe del Partido Radical, Alejandro Lerroux. A a Lerroux no le quedó más remedio que contar entre sus ministros con tres miembros de la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), liderada por el diputado católico José María Gil Robles, pues eran mayoría en el Congreso, tras haber ganado las elecciones celebradas en noviembre de 1933.

Los grupos de izquierdas habían amenazado con una auténtica revolución si se producía esta entrada de ministros de derechas en el gobierno de la República. El ideal de la Revolución rusa de 1917 estaba en la mente y en el corazón de muchos, aunque los diversos grupos comunistas no recibían directrices políticas de Moscú.

El 4 de octubre se anunció la formación del nuevo Gobierno y esto dio la voz de alarma. Fue la señal convenida por todos los revolucionarios del país para levantarse. Se multiplicaron los incidentes en diversas regiones, provincias y ciudades de España, aunque pronto se restableció el orden en la mayor parte del territorio en la mañana del día 5 de octubre. Pero en Barcelona y Asturias los acontecimientos tomaron con carácter violento y sangriento desde el primer momento.

Asturias y Cataluña fueron los núcleos más importantes del movimiento. En Asturias adquirió un cariz revolucionario, llegando los insurrectos a asumir funciones básicas del Estado: abolición de la moneda y de la propiedad privada, control de la producción y abastecimientos, formación de un ejército proletario. La Alianza Obrera, integrada en Asturias por todas las fuerzas de izquierda (socialistas, comunistas y anarquistas), dirigió el movimiento, que tuvo como centros de irradiación las zonas mineras y culminó con el dominio de casi toda la ciudad de Oviedo.

En Barcelona, el Estat Català proclamado por el presidente de la Generalitat, Lluis Companys, no duró, es cierto, más de diez horas. En Asturias, sin embargo, la revolución se prolongó durante algunos días más. El día 5 por la tarde, ya habían caído en manos de los mineros anarcosindicalistas la mayoría de los cuarteles de la Guardia Civil localizados en las cuencas mineras. Además, se luchó encarnizadamente en diversas localidades asturianas, sobre todo en Oviedo.

Los ataques se dirigieron, sobre todo, contra la Iglesia. Los comités revolucionarios locales, socialistas y comunistas, prohibieron toda manifestación religiosa y comenzaron a quemar templos y edificios religiosas. Estos comités dieron orden de detener a todos los sacerdotes y religiosos, considerados enemigos del pueblo. Fueron encerrados en cárceles improvisadas sin consideración alguna. Pero lo que más conmocionó a la opinión pública fue el asesinato indiscriminado de 34 miembros del clero. Según el historiador José Álvarez Junco, estos asesinatos no obedecieron a un plan previo sino que fueron más fruto de la "exaltación momentánea".

El Comité Revolucionario Provincial de Asturias en su primer bando constituyó una Guardia Roja con voluntarios de todas las organizaciones obreras para prevenir los pillajes. Esta Guardia Roja consiguió poner fin a los saqueos y mantener el orden pero no en todas las ocasiones pudo controlar los excesos de la "justicia revolucionaria" llevada a cabo por individuos o pequeños grupos que actuaron al margen del Comité Revolucionario Provincial y de la inmensa mayoría de los comités revolucionarios comarcales y locales.

El general Francisco Franco había propuesto al ministro de la Guerra, de quien actuaba como asesor, el envío de la Legión. La rebelión fue aplastada con una campaña militar llevada a cabo con el ejército de Marruecos al mando del general Eduardo López Ochoa.

En Cataluña, la actitud del gobierno presidido por Lerroux en contra de la Ley de Contratos de Cultivo precipitó la participación del gobierno de la Generalitat en el movimiento revolucionario. El 6 de octubre, el presidente Lluís Companys proclamó el Estat Català dentro de la República Federal española. Los dirigentes nacionalistas desconfiaban de la Alianza Obrera, que no fue armada y, además, la anarcosindicalista Confederación Nacional del Trabajo (CNT) no se sumó al movimiento. El 7 de octubre el gobierno de la Generalitat era detenido y se suspendía el Estatuto de Autonomía catalán. Asimismo resultó encarcelado el propio Azaña, que en aquellas fechas, sin conexión con la sublevación pero acusado de instigador, se encontraba en Cataluña.

La revolución de octubre de 1934 se saldó con más de un millar de revolucionarios muertos y 30.000 presos. La dura represión debilitó la alianza de gobierno del Partido Radical con la CEDA. La solicitud de amnistía para los obreros encarcelados fue una de las exigencias electorales de la coalición izquierdista del Frente Popular.

«A principio de octubre de 1934 era evidente que la estabilidad de cualquier gobierno dependía del apoyo de la CEDA, cuyo poder no sólo parlamentario sino también de masas se había encargado de mostrar Gil Robles con la convocatoria de varios mítines multitudinarios. En una nueva crisis gubernamental, Alcalá Zamora encargó la formación del Gobierno a Lerroux, quien dio entrada a tres cedistas. Esto fue el acicate que puso en marcha la revolución obrera, preparada principalmente por socialistas y comunistas, y seguida por los anarquistas sólo en Asturias, región que se convirtió en núcleo central de lucha. Durante meses los socialistas se habían estado preparando para la revolución y habían conseguido una buena cantidad de armas, que pusieron en manos de los mineros, los cuales sólo pudieron ser reducidos después de una dura lucha y con el apoyo del Ejército de África, dejando un balance de cerca de mil quinientos muertos, entre ellos más de trescientos integrantes de las fuerzas de orden público.

Al mismo tiempo, el 6 de octubre Companys autoproclamaba en Barcelona el Estat Cátala dentro de una también autoproclamada República Federal Española. Las relaciones entre el Gobierno central y la Generalitat de Cataluña fueron muy tensas desde finales de 1933 por el desentendimiento entre los radicales y la CEDA, por un lado, y la Ezquerra por otro, que consiguió renovar el Gobierno de la Generalitat en las elecciones catalanas de enero de 1934. Al contrario que en Asturias, la rebelión en Barcelona duró sólo unas horas y trajo como consecuencia la supresión del régimen autonómico y de los órganos de autogobierno. Companys y otros líderes catalanistas fueron encarcelados y condenados.

Dentro de la ola represiva posrevolucionaria, también fue hecho prisionero Manuel Azaña, que había acudido a Barcelona pocos días antes al entierro de su antiguo ministro Jaume Carner. [...] A pesar de su condición de inmunidad parlamentaria, Azaña fue retenido durante varias semanas sin que se le comunicasen los cargos que pesaban contra él. La nueva situación de presidiario contribuyó aún más a convertirle en el indiscutible líder del republicanismo de izquierdas.» [Zamora Bonilla 2002: 397-398]

Los hechos de octubre de 1934 habían demostrado que ni el sector mayoritario de los socialistas, ni los comunistas ni los anarquistas estaban satisfechos con lo que consideraban una República burguesa y buscaban el establecimiento de un régimen socialista, aunque los matices eran muy diferentes en cada caso.

«Octubre de 1934 fue una desgraciada aventura que navego hacia orillas de sangre, un ensayo de la cercana guerra civil en el que se embarcaron los socialistas Francisco Largo Caballero e Indalecio Prieto y en el que como asesor del ministro de la Guerra intervino Franco, cuya actuación levantó oleadas de entusiasmo entre los conservadores y troqueló definitivamente su personalidad, creyéndose un predestinado por Dios y la historia para salvar a España de la invasión comunista. Las represalias se extendieron por todo el país, una vez que el ejército africano sofocó el movimiento revolucionario más amplio de la historia de España.» [García de Cortázar 2002: 254]

Los escándalos del partido radical – estraperlo y nombela

La crisis definitiva del gobierno restaurador derechista vino con un escándalo de corrupción, el escándalo del estraperlo, que afectó a altos cargos gubernamentales. Lerroux y el Partido Radical cayeron en un descrédito total. La aparición de nuevos escándalos precipitó el fin de la legislatura y la convocatoria de nuevas elecciones a Cortes en febrero de 1936.

El término estraperlo o straperlo se da al comercio ilegal de bienes sometidos a algún tipo de impuesto o tasa por el Estado. Por extensión, es una actividad irregular o intriga de algún tipo, y se usa como sinónimo de mercado negro. A quien practica el estraperlo se le llama estraperlista.

El origen de este acrónimo está en un escándalo político ocurrido durante la Segunda República Española, como consecuencia de la introducción de un juego de ruleta eléctrica de marca "Straperlo", nombre derivado de Strauss, Perel y Lowann, apellidos de quienes promovieron el negocio. Según otras versiones, el término se deriva de la fusión del nombre de sus dos inventores: Strauss y Perlo. Era un juego de azar, similar a una ruleta eléctrica. La bola y el cilindro de los números se accionaban mediante un botón que era controlado por un mecanismo de relojería, gracias al cual el banquero podía ganar siempre.

De mayo a agosto de 1934, sus inventores de esta ruleta intentaron introducirla en España, para lo que necesitaban autorización oficial legal. Pues los juegos de azar –especialmente la ruleta– estaban prohibidos en España, así como en la mayoría de países europeos. Sin embargo, en la década de los 30, se popularizaron numerosos modelos de pseudorruletas, que funcionaban alegremente en los grandes casinos de todo el continente.

En Madrid, el Gobierno estaba formado por una alianza de partidos de la derecha (CEDA), y varios miembros del Partido Radical de Alejandro Lerroux se habían mostrado muy receptivos con el proyecto del straperlo. Varios personajes en la órbita del Partido Radical harían valer sus influencias para conseguir la autorización, a cambio de un porcentaje en el negocio. Esta ruleta eléctrica fue prohibida por la policía tras demostrarse que era fraudulenta: la rueda se controlaba mediante un botón, y por lo tanto la banca ganaba siempre que lo deseaba.

El "escándalo del estraperlo" salió a la luz pública en octubre de 1935, a raíz de la denuncia que presentó Daniel Strauss al presidente de la República Niceto Alcalá Zamora en la que exigía una "indemnización" que le compensara por la inversión efectuada y por los sobornos que decía haber pagado a políticos del Partido Republicano Radical y a "familiares y amigos" de su líder Alejandro Lerroux.

Alcalá Zamora recibió la documentación de toda la trama de corrupción que le envió Strauss a principios de septiembre de 1935. Alcalá Zamora se la mostró a Lerroux, entonces presidente del Gobierno. Lerroux le dijo que no sería fácil probarlo. A mediados de septiembre de 1935, se produjo una crisis de gobierno y Lerroux renunció a seguir presidiéndolo. Alcalá Zamora nombró nuevo presidente del nuevo gobierno radical-cedista a Joaquín Chapaprieta, en el que Lerroux era ministro. El presidente de la República, Alcalá Zamora, trasladó la denuncia al nuevo gobierno exigiendo un debate en las Cortes. Se formó una comisión parlamentaria que probó que habían existido actuaciones "que no se ajustaron a la austeridad y a la ética que en la gestión de los negocios públicos se suponen". El 28 de octubre de 1935 las Cortes votaron la culpabilidad de los acusados, todos destacados miembros del Partido Radical. Al día siguiente, Alejandro Lerroux abandonó el gobierno.

A finales de 1935, destacados miembros del Partido Republicano Radical y su líder Alejandro Lerroux se vieron envueltos en un nuevo escándalo que se sumó al escándalo del estraperlo. El escándalo fue provocado por la denuncia presentado por el funcionario de colonias Antonio Nombela, quien acusó a varios dirigentes del partido de Lerroux de haber resuelto de forma fraudulenta un expediente por el que se indemnizaba a la Compañía de África Occidental por la pérdida de dos buques en la colonia española de Guinea Ecuatorial. El gobierno presidido por Alejandro Lerroux había aprobado la indemnización el 12 de julio y cuando Nombela se negó a pagarla y se dirigió a algunos miembros del gobierno para denunciar el caso, el gobierno lo cesó el día 26 de julio. Nombela llevó el asunto a las Cortes, donde se formó una comisión de investigación. Esta vez Lerroux estaba directamente implicado porque como presidente del gobierno había firmado el expediente. Durante el debate parlamentario las explicaciones dadas por Lerroux al Parlamento no resultaron convincentes, pero en la votación Lerroux fue exculpado.

Crisis final del bienio restaurador derechista

En mayo de 1935 la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA) promueve una crisis gubernamental. Se lleva a cabo una reestructuración ministerial integrando a cinco miembros de la CEDA. El líder de la CEDA; Gil Robles, obtiene la cartera de la Guerra y emprende desde este ministerio una contrarreforma militar, situando en puestos claves a oficiales militares claramente contrarios al gobierno republicano: fue nombrado Subsecretario del Ministro de la Guerra el general Joaquín Fanjul, que en 1936 se sublevó contra la Segunda República Española con el asalto del cuartel de la Montaña de Madrid que él mandaba, siendo luego detenido, juzgado y fusilado; como director del Estado Mayor Central fue nombrado el general Francisco Franco, impulsor, junto a otros altos cargos de la cúpula militar, del golpe de Estado de julio de 1936 contra el gobierno democrático de la Segunda República; como jefe del ejército en Marruecos fue nombrado el general Emilio Mola Vidal, que sería el cabecilla («director») de la sublevación militar de 1936, que —tras su fracaso— dio origen a la Guerra Civil Española; y como director general de Aeronáutica el general Manuel Goded Llopis, que en octubre de 1934 colaboró con Franco por orden del gobierno republicano en la represión de la revuelta de Asturias y el 19 de julio de 1936, al inicio de la guerra civil, aprovechó su puesto para sublevar las plazas de Mallorca e Ibiza y dejarlas en manos de los rebeldes.

En es período la CEDA presionó al Gobierno para alcanzar una reforma constitucional en sentido conservador. Pero ante el desacuerdo con el Partido Radical de Lerroux sobre el alcance y la oportunidad de llevar a cabo el proyecto, la CEDA provocó varias crisis institucionales con le objeto de que Gil Robles fuera llamado a presidir el Gobierno como única salida a la crisis política.

El Partido Republicano Radical había quedado muy tocado con los escándalos del estraperlo y el asunto Nombela y se hundió políticamente. Esta nueva situación fue aprovechada por el líder de la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), José María Gil Robles, para retirar su apoyo al gobierno de coalición con los radicales presidido por Chapaprieta y exigir al presidente de la República que lo propusiera a las Cortes como nuevo jefe del gobierno. Pero Alcalá Zamora no podía consentir que fuera presidente del gobierno republicano el líder de un partido que no había proclamado su fidelidad a la República.

La otra posibilidad que barajó el Presidente de la República fue la de conformar un nuevo centro político en torno a su figura, reuniendo algunos elementos del Partido Radical, los republicanos de derechas y y los republicanos de centro-izquierda que rechazaban la alianza con los socialistas. Con este objetivo, Alcalá Zamora encargó la formación de gobierno a un político de su confianza, el liberal Portela Valladares. Pero el gobierno de Portela, constituido el 15 de diciembre de 1935 y formado por republicanos de centro-derecha (dejaba fuera a la CEDA), no obtuvo la confianza de las Cortes.

El presidente de la República todavía tenía la posibilidad de encargar la formación de gobierno al líder de la CEDA, Gil Robles, pero le pareció muy arriesgado y escogió la última posibilidad que le quedaba: disolver las Cortes el 7 de enero de 1936 y convocar nueva consulta electoral para el 16 de febrero de 1936. Las elecciones de febrero serían ganadas por la coalición de izquierdas Frente Popular, lo que puso fin al Bienio restaurador derechista o “bienio negro”.

El segundo bienio republicano fue para los progresistas claramente un período reaccionario, un “bienio negro”. Para los conservadores fue una oportunidad perdida por la escasa actividad desarrollada y la timidez con que se emprendieron las contrarreformas. Pero todo el bienio estuvo marcado por la inestabilidad del gobierno radical y la incapacidad de la coalición del Partido Radical con la CEDA de llevar a cabo un programa claro. Los grupos políticos de centro y de izquierda se negaron a colaborar con el gobierno. Su confrontación continua con la CEDA impidió que esta coalición de derechas católicas abandonara su latente actitud antirrepublicana. La revolución de Asturias de 1934 fortaleció el ala de la CEDA más extremista y simpatizante con el fascismo.